El Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha aprobado el informe de fiscalización de la cuenta general de la Diputación de Gipuzkoa de 2022, que revela un cumplimiento "razonable" de la normativa legal, con algunas salvedades puntuales.
Entre ellas, el TVCP vuelve a censurar, como ha hecho en anteriores ejercicios, que las primas de jubilación pagadas a los funcionarios forales quedasen exentas de tributar el IRPF.
Primas anticipadas
Hasta octubre de 2022 la Diputación abonó primas por jubilaciones anticipadas a 49 funcionarios por un importe total de 1,8 millones de euros, cantidad que dejaba exenta de tributar IRPF.
El organismo fiscalizador considera que estas primas no pueden quedar exentas porque no cumplen las causas establecidas para ello, que se refieren a motivos económicos, técnicos, organizativos o de producción.
La Diputación, como en ejercicios anteriores, alega que estas jubilaciones obedecen a un plan de recursos humanos que tiene como fin la renovación de la plantilla y que la norma del IRPF ampara que no tengan que tributen.
Se trata de una antigua discrepancia entre el TVCP y las diputaciones vascas, que ha seguido dejando exentas estas rentas a pesar de las recomendaciones que, año tras año, ha hecho el organismo fiscalizador vasco.
Primas suprimidas
No obstante, este asunto no se repetirá, ya que la Diputación suprimió estas primas por jubilación en julio de 2022 en cumplimiento de varias sentencias del Tribunal Supremo.
El informe del TSJPV apunta otras deficiencias en materia de contratación administrativa, como una actualización de precios "no prevista en pliegos" en contrataciones de servicios sociales prestados por "terceros".
Esta subida de precios oscila entre el 6,3 % y el 6,6 % y significó un importe de 15,5 millones de euros, que el TVCP asume que está vinculado a los costes de mano de obra.
Límite legal
Esta cantidad, indica el tribunal, supera el límite legal establecido para las retribuciones del personal al servicio del sector público.
En sus alegaciones la Diputación indica que la actualización de precios tuvo como fin "mantener los estándares de calidad en la prestación de los servicios sociales".
"El peso de la mano de obra en el cálculo de costes tanto en el sector de la atención a personas mayores como en el sector de intervención social y discapacidad tradicionalmente es muy elevado. Además, durante el 2022, el incremento de los precios en el resto de costes (principalmente, energía y alimentos) fue realmente alto", argumenta la institución foral.
La Diputación sostiene que los precios se subieron para hacer frente a la actualización de los convenios laborales del sector.
