Las mujeres en Euskadi cuentan con una incorporación al mercado laboral inferior que la de los hombres y su ganancia media también es menor, lo que lleva a que ocho de cada diez mujeres que manifiestan la necesidad de acceder a la primera vivienda no puedan hacerlo al no disponer de los recursos económicos necesarios. Ello deriva, además, en que ellas sean mayoría en los contratos de alquiler protegido que se firman en la CAV.
Así se desprende del informe de acceso a la vivienda de Euskadi desde la perspectiva de género, publicado por el Observatorio Vasco de la Vivienda a partir de los datos del 2023. Según este documento, aunque se aprecia una mejora en el acceso al empleo de las mujeres –de contar con un 9% de paro en 2022 a un 7,7% un año después–, su incorporación al mercado de trabajo vasco sigue siendo inferior que la de los hombres. A ello hay que añadir que la brecha salarial entre ambos géneros sigue siendo elevada, con una ganancia media de las trabajadoras de 5.622 euros menos que la de ellos.
Estos dos factores condicionan la independencia económica de las mujeres y su potencial emancipación, lo que se traduce en que ocho de cada diez no dispongan de los recursos económicos necesarios para acceder a su primera vivienda. Se trata de un dato muy similar al del anterior informe y que lleva a que las mujeres sigan teniendo una mayor propensión a la demanda de vivienda protegida, sobre todo a la hora de alquilar.
Tal y como se detalla en el documento, las políticas de vivienda del Gobierno Vasco favorecen el acceso a las personas con menos recursos económicos, que son mayoritariamente mujeres. Así, en 2023 de las 3.758 adjudicatarias de visados de vivienda protegida, 2.078 fueron para mujeres, el 61,3% del total de los contratos, un aumento del 2,4 con respecto al año anterior. En el caso de la compra de vivienda protegida, por su parte, la proporción es similar entre hombres y mujeres (50,3%).
Adicionalmente a estos dos procesos, se disponen de mecanismos de acceso prioritarios a la vivienda protegida en situaciones extremas como las de violencia de género.
Diferentes ayudas
De cara a poder paliar esta situación desigual entre géneros, se cuenta, además, con el Derecho Subjetivo a la Vivienda (DSV), del que el pasado año fueron reconocidas 8.326 personas, de las que el 64,5%, un total de 5.374, eran mujeres.
Asimismo, 1.541 mujeres recibieron la Prestación Económica de Vivienda (PEV), por lo que siete de cada diez beneficiarios fueron del género femenino; y a otras 1.582 se les adjudicó una Vivienda de Protección Pública (VPP), lo que supone un incremento del 58% con respecto a hace dos años.
En lo que se refiere a la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), un complemento de la RGI que se centra en las mujeres que están más cerca a la exclusión residencial y que el próximo año se integrarán en la PEV, la recibieron un 10,6% más que en 2022 hasta llegar a las 13.732 mujeres.
Gaztelagun, el programa dirigido para jóvenes, también creció de forma significativa, beneficiando a 6.366 jóvenes, un 157% más que en el año precedente. De ellos, el 67,4% fueron mujeres.
Entre el resto de recursos y herramientas previstas, en 2023 un total de 182 mujeres víctimas de la violencia de género y sus hijos recibieron una vivienda de protección pública o asimilada. Se trata únicamente del 10% de las altas de víctimas de este tipo realizadas en Etxebide, que alcanzó la cifra de las 1.930 personas, 360 de las cuales fueron de nueva solicitud.
