La realidad es muy tozuda y, por mucho que se empeñe la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en su estrategia de conseguir la neutralidad climática en el año 2050 –fecha en la que se prevé que dejarán de circular por nuestras carreteras los vehículos de combustión, a los que se les imputa la quinta parte de las emisiones de CO2 de la Unión Europea (UE)–, los ciudadanos siguen sin tener claro cómo se puede transitar en esa senda que se pretende cuando los responsables políticos, tanto europeos como españoles, no han sabido poner los medios para alcanzar ese objetivo.
La prueba está en que la producción de coches eléctricos en el Estado español ha caído un 29% en los dos primeros meses de este año y suponen solo el 5,6% del total de los vehículos fabricados en las 16 plantas existentes en la Península. La causa de esta importante disminución está en una contracción de la demanda en toda la UE y el efecto dominó que ha tenido el fin de las ayudas públicas para este tipo de vehículos en Alemania.
Los conductores siguen demostrando una gran falta de decisión para decantarse por el coche eléctrico y abandonar el de combustión. Al factor del alto precio de los coches eléctricos hay que añadir la falta de una estructura sólida de electrolineras y la posibilidad anunciada por la UE de incluir los biocombustibles y los sintéticos como fuentes de energía verde por su no emisión de CO2, con lo que la incertidumbre que reina entre los consumidores es de tal nivel que muchos retrasan la compra del nuevo vehículo hasta que se aclare el escenario. De momento, habrá que esperar dos años hasta que la UE tome ya una decisión definitiva sobre la pervivencia de los motores de combustión alimentados por biocombustibles.
Y entre tanto se aclara el escenario, los paganos de este guirigay están siendo los concesionarios de coches, que están viendo cómo las ventas no están recuperando los niveles registrados con anterioridad a la pandemia, a pesar de que las subidas que están registrando desde el parón que supuso la irrupción del covid-19.
Según datos del sector, durante los meses de enero y febrero de este año se matricularon en Euskadi un total de 1.924 coches, lo que supuso un 8% más de las ventas registradas el año anterior, pero con respecto al año 2019, es decir, el ejercicio de actividad normal antes de la pandemia, supone un 32% menos.
Un dato revelador, frente a aquellos a los que les gusta echar las campanas al vuelo, es que la electrificación avanza lentamente, a pesar de las ayudas del Plan Moves, a las que hay que darles mayor agilidad y acortar plazos en el cobro. En los dos primeros meses de este año, solo el 12,4% de los coches vendidos en ese periodo en Euskadi eran enchufables.
Con este panorama sin el menor atisbo de certezas y con una ministra que, desde que en 2018, dio por muerto al diésel, no ha hecho otra cosa más que crispar la situación y actuar más de mamporrera que de responsable de un gobierno, tal y como lo estamos viendo durante estos días, los ciudadanos están optando por el coche de combustión y, lo que es peor, con varios años de uso. Es decir, el mercado está optando por los vehículos más contaminantes y los están fuera de los mínimos estándares existentes de sostenibilidad medioambiental. Todo un contrasentido en la lucha contra el cambio climático en el que parecen están nuestros gobiernos.
Por cada coche nuevo que se matricula, se venden dos usados en el mercado de ocasión, de los que el 67% tiene más de diez años. Esto significa que el parque automovilístico vasco tiene una gran antigüedad, ya que el 65% de los coches que circulan por las carreteras vascas tiene más de diez años, con lo que no solo no se avanza en la descarbonización, sino que se está retrocediendo de manera importante, ya que la tecnología que cuentan estos vehículos no contribuye en absoluto a eliminar los efectos del cambio climático.
Por este motivo y para contribuir a alcanzar los objetivos de reducción de las emisiones de CO2, los concesionarios vascos están planteando al Gobierno Vasco la puesta en marcha de un nuevo Plan Renove, al igual que el aprobado en el año 2020 y que fue todo un éxito al agotarse en muy pocos meses, que contemple todo tipo de tecnologías, es decir, tanto los eléctricos e híbridos, como los de combustión de gasolina o diésel. De esta forma, se incentivará el achatarramiento de los vehículos más viejos, que son los más contaminantes. De momento, no hay respuesta por parte del Gobierno Vasco y parece que tardará algún tiempo en llegar, teniendo en cuenta el periodo electoral en el que nos encontramos.
En aquella ocasión, el Plan Renove impulsado por el Gobierno Vasco supuso la retirada de las carreteras vascas de un total de 5.000 coches que fueron al desguace, lo que contribuyó de manera eficiente a la transición ecológica. Tras un segundo Plan Renove en el año 2021, que no se agotó porque las ayudas solo iban dirigidas a determinadas tecnologías vinculadas con la electrificación de los vehículos, el Gobierno Vasco no ha puesto en marcha ningún programa de subvenciones abierto a todas las tecnologías y solamente tiene en vigor el Plan Moves, destinado exclusivamente a la compra de vehículos eléctricos o enchufables, con unas subvenciones de hasta 7.000 euros por coche.
Curiosamente, la Xunta de Galicia es, en estos momentos, el único gobierno autónomo a nivel de Estado que, desde el pasado mes de enero, tiene vigente un plan que contempla unas ayudas de entre 3.000 y 4.000 euros destinado al achatarramiento de coches de más de diez años de vida y sustituirlos por unos nuevos de cualquier tecnología, incluidas la de combustión de diésel o gasolina.
Hay que tener en cuenta que en el mercado existen coches de combustión de diésel o gasolina que entran dentro de la normativa europea Euro 6, que minimiza las emisiones de algunos gases contaminantes de los vehículos y que portan motores de gran eficiencia desde el punto de vista medioambiental con un sistema de hibridación cuando detienen su marcha. No tiene ningún sentido penalizar en estos momentos a este tipo de coches, cuando estamos viendo que la demanda por los vehículos eléctricos está cayendo por la desconfianza y la ausencia de un escenario claro de futuro que tienen los consumidor. La puesta en marcha de un nuevo Plan Renove abierto a todas las tecnologías en Euskadi, no solo contribuirá de manera importante a toda la cadena de valor de la automoción, en donde la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) es líder en la fabricación de componentes, sino también a los concesionarios vascos que dan empleo a 6.892 personas y que se enfrentan a un cambio de paradigma por la pretensión de las marcas de que se conviertan en meras agencias comisionistas en la venta de vehículos, como ya lo están haciendo algunos fabricantes.
Y todo ello, en medio de un limbo administrativo que impide a los concesionarios poder acceder a ayudas directas y subvenciones públicas, al igual que sucede en otros sectores económicos, ya que, por un lado, la Administración pública no les considera industria, a pesar de que su actividad es la venta y reparación de un producto netamente industrial, ni como sector comercial específico, pese a que se dedican solo a la venta de vehículos. Y todo ello, sin contar el peso del sector de la distribución de vehículos en el PIB vasco, la generación de puestos de trabajo y la contribución a través de la vía impositiva que hacen a las arcas públicas por los importantes impuestos que se concentran en torno a la adquisición de un coche.
Por eso, es muy oportuno, desde un punto de vista medioambiental como de apoyo a un sector como el de la distribución de vehículos, con todo lo que ello tiene de contribución a la cadena de valor de una industria como es la de automoción, que el Gobierno Vasco active cuanto antes un nuevo el Plan Renove. Nunca es tarde.
