El malestar se adueña de los letrados del turno de oficio de Gipuzkoa, que todavía no han cobrado por los servicios prestados entre octubre y diciembre de 2023. El Gobierno Vasco, a través de la Viceconsejería de Justicia, realiza los abonos a trimestre vencido, algo que en esta ocasión se va a demorar “hasta mediados de abril”, más allá del límite legal.
El proceso electoral abierto de cara a las próximas elecciones del 21 de abril y la situación administrativa que todo ello conlleva, “con ajustes internos en varios departamentos”, explicaría el retraso “en unos quince días” de los pagos, según ha trasladado la Viceconsejería de Justicia a los colegios de abogados de los tres territorios vascos.
Se trata de una situación inusual ya que, si bien no suele haber una fecha fija de cobro, los abonos suelen realizarse antes del plazo de tres meses establecido como tope. El Colegio de Abogados de Gipuzkoa ha enviado una circular a los profesionales explicando la situación, con el consiguiente enfado de los letrados, que ven llegar las vacaciones de Semana Santa sin hacerse efectiva la medida.
“El malestar es absoluto, sobre todo para los colegiados que están en el turno de oficio y se ven directamente afectados”, reconoce a este periódico Sergio Guimerans, secretario general técnico del Colegio de Abogados de Gipuzkoa.
Primera línea de defensa de los ciudadanos: 700 letrados en Gipuzkoa
En torno a 700 letrados están adscritos al turno de oficio en el territorio. Son la primera línea de defensa de los ciudadanos, la maquinaria que garantiza que nadie, por razón económica o de otra índole, quede apartado de la tutela judicial efectiva. Una labor que realiza Ainize Rekalde, quien explica que ya han transcurrido “cuatro meses” del último cobro, ya que el último se adelantó, coincidiendo con la huelga iniciada en el sector para reclamar una regulación jurídica de su trabajo y mejoras profesionales y retributivas.
“No estamos hablando de ningún plus ni de una cantidad extra. Son ingresos ordinarios. Los abogados contamos con ese dinero para afrontar determinados gastos de la vida diaria, como alquileres, cuotas del préstamo hipotecario, el seguro anual del Colegio de Abogados, o la cuota colegial”, enumera la letrada.
“Generalmente hacen el pago antes de la cuota colegial, pero ya está aquí Semana Santa y empezamos las vacaciones sin haber cobrado”, denuncia la abogada, quien no oculta el descontento del colectivo. “Estamos ante una situación que no se da entre los funcionarios públicos ni en ningún otro sector”, expresa molesta Rekalde.
La tardanza en los pagos está provocando una gran “incertidumbre”, según corrobora Imanol Díaz Gabarain, letrado del Colegio de Abogados de Gipuzkoa. “Los profesionales cuyos principales ingresos derivan del turno de oficio son quienes más están acusando la situación”, asegura. Algo que ocurre en medio de un ambiente reivindicativo en el sector debido a las “condiciones paupérrimas del servicio”. Algunos profesionales sospechan que los impagos podrían ser un modo de acallar voces y reprimir protestas.
Un "grave problema" en todo el Estado
No es, con todo, un problema exclusivo de Euskadi. El Colegio de la Abogacía de Madrid, por medio de su decano, Eugenio Ribón, se ha dirigido de urgencia al Ministerio de Justicia para reiterar la necesidad de solucionar el “grave problema” que enfrentan los abogados de oficio designados a requerimiento judicial en procedimientos penales sin ser retribuidos por sus servicios.
“Es incuestionable que los letrados designados de oficio para la defensa de personas jurídicas tienen a su vez el derecho, por simples razones de dignidad profesional, amén de la lógica de las cosas, a ser retribuidos por su trabajo, dedicación y esfuerzo”, subraya el decano en su escrito.
Palabras que suscribe Díaz Gabarain, y que redirige en el caso de Euskadi al Gobierno Vasco, que tiene la competencia del turno de oficio. “¿Por qué nuestro colectivo no cobra por su trabajo? Cualquier persona que desempeñe una labor profesional cobra por ello, pero en nuestro caso hay muchísimas actuaciones en las que no es así”, asegura este profesional.
Expone a modo de ejemplo recursos de reforma y requisitorias. “Si un juzgado de Valencia emite una orden de detención de un sujeto al que detiene la Ertzaintza y pasa a calabozos, inmediatamente te llaman. Aunque sean las tres de la mañana tienes que atenderlo en comisaría. Al día siguiente te llaman del juzgado, cuando ni siquiera estás de guardia. Nos pagan un día, pero trabajamos dos”, resume el letrado.
“Estamos en una situación laboral sui géneris porque no somos contratados por la Administración y, sin embargo, ofrecemos un servicio público. La justicia gratuita, que es un derecho constitucional, no sería posible sin nosotros. Cualquier ciudadano que no tenga medios suficientes cuenta con profesionales que se están dejando la piel. Aunque no cobremos, defendemos a nuestros clientes hasta el final”, subraya Díaz Gabarain.
Los abogados vascos, cansados de “perder dinero por trabajar”, secundaron en noviembre una huelga indefinida convocada en todo el Estado en demanda de unas condiciones similares a las de los funcionarios, al entender que son “un elemento esencial de la administración de justicia”.
