Ante la posibilidad de que la Corte Penal Internacional (CPI) emita esta semana órdenes de arresto contra altos cargos israelíes, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, dijo que algo así constituiría un “escándalo a escala histórica”, mientras que el sector más nacionalista de su Gobierno insistió en que tome la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, en lugar de negociar con el grupo islamista palestino Hamás.
Autoridad
La CPI “no tiene autoridad sobre el Estado de Israel. La posibilidad de que emita órdenes de arresto por crímenes de guerra contra comandantes de las Fuerzas Armadas y líderes estatales es un escándalo a escala histórica”, dijo ayer Netanyahu en un discurso grabado.
Además, aseguró que el propósito detrás de dicha acción sería “paralizar la capacidad del Estado de Israel para defenderse”, lo que calificó de “un crimen de odio antisemita sin precedentes”.
Fuentes del Gobierno israelí, que el diario local Haaretz no identificó, adelantaron el lunes que las órdenes de arresto serían contra Netanyahu; el ministro de Defensa, Yoav Gallant, y el jefe del Ejército, Herzl Halevi, y que no se verían afectados funcionarios de rango inferior.
Además, insinuaron que tanto el Ministerio de Justicia, como los abogados del Ejército, están tratando de evitar que se llegue a ese punto, algo en lo que también estarían trabajando países amigos de Israel, con Estados Unidos a la cabeza. Netanyahu se reunirá hoy con el secretario de Estado de EEUU, Anthony Bliken, en su oficina en Jerusalén, tras un viaje de este por Arabia Saudí y Jordania, donde se espera que aborden la cuestión de la Corte Penal Internacional.
En 207 días de guerra de Israel en la Franja de Gaza, el número oficial de muertos supera ya los 34.500, el 75% mujeres y niños según el Gobierno gazatí, mientras que la ONU ya acusó a Israel a mediados de marzo de estar cometiendo un crimen de guerra en el enclave al privar a la población civil de alimentos.
Por su parte, organizaciones como Amnistía Internacional (AI) han denunciado, tras una investigación, que al menos en varios ataques Israel ha bombardeado de forma “indiscriminada” a la población civil.
La Franja de Gaza vive sumida en una catástrofe humanitaria, con alrededor del 80% de su población desplazada, y escasez de agua potable y alimentos. Además, se estima que las labores de desescombro duren catorce años, al tener que retirar unos 37 millones de toneladas de ruinas en el enclave, según dijo la ONU.
Presión para invadir Rafah
Mientras el Gobierno de Israel y los familiares de los 133 rehenes que siguen cautivos en Gaza esperan en las próximas horas una respuesta de Hamás a la última propuesta de tregua, Netanyahu reiteró ayer que no queda más opción que invadir Rafah, algo que le han vuelto a exigir los dos ministros ultranacionalistas de su Gobierno, Itamar Ben Gvir, de Seguridad Nacional, y Bezalel Smotrich, de Finanzas. “Entraremos en Rafah y eliminaremos a los batallones de Hamás allí, con o sin acuerdo”, aseguró Netanyahu durante una reunión con familiares de secuestrados y víctimas del ataque efectuado el 7 de octubre de 2023 por el grupo islamista palestino contra territorio israelí y en el que murieron unas 1.200 personas. “La idea de que paremos la guerra antes de alcanzar todos sus objetivos está fuera de toda discusión”, reiteró.
Por su parte, Ben Gvir, amenazó con romper el Ejecutivo si Netanyahu finalmente no invade Rafah y accede a negociar con Hamás.
