Más de 1.000 establecimientos vascos recibirán ayudas para atender en euskera
33 entidades han pedido subvenciónen la primera convocatoria del gobierno vasco
Bancos, grandes almacenes, cadenas de supermercados o empresas de telecomunicaciones, entre los beneficiarios
Una niña, frente a un escaparate con una pegatina que reivindica el derecho a ser atendidos en euskera.Foto: n.g.
donostia. Durante el último trimestre del año, 33 entidades han solicitado las ayudas para la euskaldunización de empresas y establecimientos comerciales. Estas subvenciones se proporcionan en virtud del decreto aprobado por el Gobierno Vasco el pasado 1 de julio, por el que determinados centros están obligados a ofrecer sus servicios en euskera y castellano para garantizar los derechos lingüísticos de todos los consumidores vascos.
En esta primera convocatoria de ayudas se han concedido 600.000 euros, cubriéndose el 80% de las peticiones, según fuentes del Gobierno Vasco a las que ha tenido acceso este periódico. En total, se subvencionará a 26 grandes empresas que poseen varios establecimientos abiertos en distintas localidades vascas. Una primera estimación concluye que son más de 1.000 establecimientos los que se verán beneficiados por las ayudas otorgadas este primer año. Esto supone "un gran paso de cara a respetar de manera progresiva los derechos lingüísticos de consumidores y usuarios", según valora la Viceconsejería de Política Lingüística. La radiografía de estas empresas es muy dispar ya que se trata de grandes firmas de distribución, entidades financieras (bancos y cajas de ahorros), firmas de telecomunicaciones, hostelería, servicios médicos, grandes almacenes, así como cadenas de supermercados, de electrodomésticos o de juguetes. Todas ellas con una gran implantación en los tres territorios de la CAV.
Únicamente no recibirán subvención tres empresas por no cumplimentar debidamente la documentación solicitada y otras tres cuyo titular es la Administración pública. En este caso, estas entidades están sujetas a la elaboración de otro plan de euskera ya que, en el mencionado decreto, se da prioridad a los consumidores. Asimismo otra empresa fue excluida al haber recibido en los últimos tres años más de 200.000 euros de otro tipo de incentivos.
Se da la circunstancia de que muchas de estas empresas no se circunscriben a lo exigido en el decreto y pretenden ofrecer un servicio más amplio, lo cual, para Política Lingüística, representa "una apuesta más acorde con la realidad de una sociedad cada vez más bilingüe".
El hecho de que estas ayudas sean absorbidas por grandes cadenas es un valor añadido, dado que uno de los últimos análisis sobre hábitos de consumo revela que el 70% de las compras se realiza ya en las grandes superficies. Esa euskaldunización es vista por algunas firmas también como una oportunidad de negocio, ya que actualmente el 60% de la población de menos de 20 años es bilingüe, una tendencia creciente.
El decreto, que excluye al pequeño comercio y a las microempresas, desarrolla la Ley del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de 2003. Es decir, materializa el derecho que tienen a "recibir en euskera y castellano la información sobre bienes y servicios", así como el derecho a usar cualquiera de las lenguas oficiales en sus relaciones con empresas y establecimientos, debiendo éstos estar en condiciones de poder atenderles en los dos idiomas. El viceconsejero Patxi Baztarrika ha reiterado que esta norma "no trata de imponer el uso del euskera, pero tampoco de impedir su uso".
"Las dos son lenguas oficiales, las dos son de aquí y hay que dar opciones a usarlas", aseguran desde la viceconsejería. Eso significa que el Gobierno Vasco no obliga a ningún comercio ni a ninguna empresa a atender en euskera, sino que trata de garantizar que las grandes empresas estén en disposición de atender en euskera y castellano a las más de 700.000 personas bilingües que residen en Euskadi.
La convocatoria de ayudas tiene carácter anual y se mantendrá durante los cuatro años previstos para el cumplimiento de dicho decreto. Dicha convocatoria es fruto de la colaboración entre la Viceconsejería de Comercio, Consumo y Seguridad Industrial y la Viceconsejería de Política Lingüística.
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¿A quién afecta?. El decreto 123/2008 afecta a 2.000 grandes empresas, el 6,5% del total, excluyendo al pequeño comercio y a las microempresas.
¿Por qué se aprobó? El decreto desarrolla la ley del Estatuto de los Consumidores de 2003 y materializa el derecho que tienen a "recibir en euskera y castellano la información sobre bienes y servicios", así como a "usar cualquiera de las lenguas oficiales en estos establecimientos".
¿Habrá multas? En caso de incumplimiento, el Gobierno Vasco anunció que las multas no sobrepasarán los 500 euros, aunque asegura que "no se obsesionará con ellas".
¿En cuánto tiempo? El plazo del que dispondrá cada empresa variará en función de su tamaño, los servicios que ofrece y sus recursos.
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