Gesto por la Paz cree que la existencia de ETA no debería paralizar el debate político
apuesta por evitar la tutela de los violentos buscando "los mayores consensos posibles"
Opina que la deslegitimación de la violencia va más allá de la condena de las acciones de la organización armada
bilbao. Carril político y carril de la violencia. La coordinadora Gesto por la Paz hizo público ayer en Bilbao un documento en el que separa claramente el problema de la violencia de los conflictos políticos. El colectivo entiende que la sociedad debe rechazar cualquier disculpa de la violencia relacionada con el contexto social y político.
El informe ha sido remitido a partidos y sindicatos para su estudio. En él, Gesto considera que asumir y defender la deslegitimación de la violencia "va más allá de la condena a ETA" e implica una serie de actitudes por parte de instituciones, partidos y la sociedad en general". Entre ellas, se encuentra la renuncia a utilizar el problema del terrorismo de forma partidista y "disolver definitivamente la pretendida vinculación entre violencia y política".
Para la coordinadora, la violencia sólo es necesaria "para quienes comparten una determinada visión" sobre los problemas políticos, por lo que "se debe desvincular de manera radical las decisiones políticas" respecto al futuro de Euskadi de la amenaza y el chantaje de la violencia. "Sería totalmente ilegítimo conceder contrapartidas políticas por el abandono de la violencia", señalan.
Gesto por la Paz aboga por evidenciar que la violencia de ETA supone una enorme dificultad para hacer una política normalizada en libertad e igualdad de oportunidades y también considera que la existencia de ETA "no debería paralizar el debate político". Aboga por hacer política a pesar de la violencia y cree que evitar que ETA tutele la política exige "buscar los mayores consensos posibles" en torno a propuestas sobre el futuro político vasco. En su documento, apuesta por la convivencia pacífica "desde la pluralidad" y señala que cualquier proyecto político debe ser respetuoso con esa pluralidad.
También afirma que en la lucha contra el terrorismo "no todo vale" y se debe respetar "escrupulosamente" la legalidad y los derechos humanos. Reclama, asimismo, que "las acciones judiciales contra la libertad de expresión y de regularización de la participación política estén bien fundamentadas y respondan a la existencia probada de delito". Rechaza, en este sentido, "la aplicación de medidas cautelares de gran trascendencia que resultan en la práctica irreversibles". >n.g.
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