Diario de Noticias de Gipuzkoa

Dos veces víctimas

El acoso judicial al que Baltasar Garzón viene sometiendo a los empresarios extorsionados por ETA, que ha tenido un repunte con los últimos cuatro arrestos que ha ordenado, ha venido de la mano de la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a La Moncloa

EL inicio de la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno español, en 2004, vino acompañado de una escalada en la ofensiva del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón contra los empresarios extorsionados por ETA para evitar que pagaran el denominado impuesto revolucionario a la banda. Un acoso que se ha caracterizado por llevarse a cabo a la luz de los medios de comunicación y de la opinión pública, sin respetar secreto de sumario alguno, y que les ha llevado a ser "dos veces víctimas", tal y como han venido denunciando diversas patronales, asociaciones y partidos políticos.

El último capítulo de esta actuación delsuperjuez ha sido la detención de cuatro empresarios vascos en el lapso de tan sólo cuatro semanas -las hermanas María Isabel y Blanca Rosa Bruño Azpiroz, de Orio, José Antonio Jainaga, en Bilbao, y de Jesús Guibert Azkue, en Azpeitia, estos dos últimos caracterizados por su estrecha relación con el nacionalismo vasco-.

Las dos empresarias guipuzcoanas fueron liberadas el pasado viernes tras varias semanas en prisión por un presunto pago de 6.000 euros a ETA. El alto directivo de Sidenor fue detenido el pasado miércoles en Bilbao el momento en que iba a poner en marcha su vehículo para dirigirse al trabajo. De allí fue conducido por la Guardia Civil hasta su despacho profesional donde entregó a los agentes las seis cartas de extorsión que afirma haber recibido. Jainaga negó a la Benemérita haber pagado jamás a la banda.

Por su parte, Guibert fue detenido mientras descansaba en un centro de talasoterapia de su localidad natal y fue conducido hasta una vivienda de su propiedad en Donostia. A sus 81 años está apartado de la actividad industrial. En 1983 fue secuestrado por los Comandos Autónomos Anticapitalistas y permaneció cautivo durante 17 días.

La red ciudadana por el acuerdo y la consulta Lokarri considera que "no es creíble que únicamente estas personas sean las que aparecen en los papeles incautados a Thierry ", uno de los supuestos jefes políticos de ETA tras su arresto el 20 de mayo en Burdeos, y que han propiciado las cuatro últimas detenciones.

Garzón se ha movido como pez en el agua a la hora de proceder en este sentido, y ha contado para ello con el respaldo del presidente español. La sintonía entre ambos quedó en evidencia el pasado mayo, con la asistencia de Zapatero a la presentación en Madrid del libro La línea del horizonte de Baltasar Garzón. En dicha comparecencia, el inquilino de La Moncloa no ahorró elogios para el juez, calificándole como "un jurista de los derechos humanos con vocación universal" y apuntando que "es quizás uno de los jueces que en el mundo más han luchado contra el terrorismo".

doble rasero Sin embargo, la doctrina impulsada por Garzón que consiste en considerar un delito el efectuar pagos a ETA, a pesar de que exista una amenaza directa de por medio, sigue causando controversia. En primer lugar, por el doble rasero que parece manejar el Ejecutivo del PSOE, baste si no recordar el pago de un rescate millonario con el que se solventó el secuestro del pesquero Playa de Bakio el pasado abril con la aquiescencia absoluta y la mediación del Gobierno español a través de los servicios de inteligencia.

También se han apuntado no pocos peros desde el punto de vista judicial a esta forma de actuar. Así, la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo dice que, cuando una persona sufre un secuestro o chantaje con un fin económico, no se puede deducir que está en su ánimo colaborar con banda armada, lo que imposibilita su imputación.

El artículo 20.6 del Código Penal es muy revelador en este sentido, ya que señala que "el que obre impulsado por miedo insuperable" está exento de responsabilidad criminal.

En este mismo sentido, fuentes judiciales consultadas por este periódico se mostraban críticas con la actuación que está llevando a cabo el juez con los empresarios. Así, sobre el hecho de que haya ordenado detener durante horas tanto a Jainaga como a Guibert sin llamarles a declarar -de lo que siguen pendientes-, señalaron que "es una práctica habitual del magistrado que se puede entender por problemas de agenda del juzgado o, pensando muy mal, para generar dos veces la misma noticia, el día de la detención y después durante sus comparecencias en el juzgado".

El hecho de que las detenciones y registros domiciliarios ordenados por Garzón tengan como objetivo ejercer presión sobre el colectivo de empresarios para que no paguen el impuesto revolucionario, so pena de enfrentarse a un proceso judicial, ha sido resaltado también desde las diferentes patronales vascas. Confebask consideró los arrestos de Jainaga y Guibert "un sufrimiento público" a agregar al propio padecimiento de la coacción de los terroristas, resaltando el perjuicio añadido provocado por el hecho de que estas actuaciones se lleven a cabo de una forma totalmente pública.

las cartas La extorsión por parte de ETA no es un asunto baladí, y así fuentes conocedoras de estos casos señalaban que "normalmente, la primera carta suele ser en un tono más amable, e incluso hay gente que ni siquiera llega a recibir cartas, sino que simplemente hace aportaciones; pero hay personas que reciben cartas que son muy duras y que a uno se le ponen los pelos de punta cuando las lee".

La presión que Garzón viene ejerciendo desde 2004 sobre el empresariado vasco dentro de su ofensiva contra ETA ha dejado episodios de gran notoriedad mediática -un fin perseguido de forma consciente para incrementar aún más si cabe el escarmiento sobre los afectados-.

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