Diario de Noticias de Gipuzkoa

El Gobierno Vasco acusa a Zapatero de acallar a la sociedad vasca por miedo a su pronunciamiento

zenarrutzabeitia DICE QUE ZAPATERO MIENTE al tratar la consulta como un referéndum

El Ejecutivo español aguarda la publicación de la Ley de Consulta en el BOPV para proceder a su impugnación

BILBAO. No se hizo esperar la respuesta del Gobierno Vasco al anuncio ayer por parte del Consejo de Ministros de que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional que paralizará la Ley de Consulta. La vicelehendakari, Idoia Zenarrutzabeitia, acusó al presidente del Gobierno español de mentir y confundir al intentar transmitir que se trata de un referéndum para cambiar el estatus jurídico de Euskadi en lugar de un consulta popular. La número dos del Ejecutivo de Gasteiz denunció el talante de José Luis Rodríguez Zapatero, al que acusó de acallar la voz de la sociedad vasca por el temor a que se pronuncie de manera contraria a sus deseos.

También dio a conocer el presupuesto total que se destinará a la materialización de la consulta prevista para el 25 de octubre de este año y cuyos créditos se habilitarán en el Consejo de Gobierno del próximo martes, tal y como anunció el propio lehendakari Ibarretxe hace unos días. En concreto, los gastos electorales de la consulta se elevarán a cinco millones de euros. A pesar de las críticas que está recibiendo de los partidos constitucionalistas, que entienden que encierra una maniobra dilatoria para entorpecer la labor del Tribunal Constitucional (TC), Zenarrutzabeitia no desveló la fecha en la que se publicará la ley en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV). Tiene para ello un plazo de quince días desde la aprobación de la norma, por lo que se hará pública para finales de la próxima semana como muy tarde. A este respecto, la vicelehendakari fue muy lacónica: "Se publicará cuando toque, ni antes, ni después".

CINCO MILLONES DE EUROS El Gobierno español aguarda a la publicación de la ley en el BOPV para impugnar la decisión del Parlamento Vasco ante el TC. Desde ese momento, y en base al artículo 161.2 de la Constitución, la ley quedará suspendida automáticamente durante cinco meses, periodo tras el cual el tribunal habrá de ratificar o revocar la decisión. Todo ello con independencia de los recursos en amparo que también ante el Constitucional puedan interponer un grupo de diputados, senadores, el Defensor del Pueblo o el mismo presidente Zapatero, con arreglo al artículo 162 de la Carta Magna española. En este caso, la ley no quedaría suspendida, a la espera de lo que decida el TC.

Con toda probabilidad, el Ejecutivo Zapatero optará por la primera vía, ya que en los tres meses y medio que restan hasta la fecha prevista para la consulta, y teniendo en cuenta el periodo vacacional inhábil para los altos tribunales, en condiciones normales de debate e instrucción, la sentencia del TC podría no llegar a tiempo.

Todo ello explicaría la dilación de los promotores de la ley y las prisas del Gobierno español por elaborar un recurso sin haber leído aún el texto a recurrir. En este sentido, Zenarrutzabeitia censuró que PSOE y PP están "en una carrera de quien españolea más y para ello todo un presidente español no repara en gastos, en mentir, en ir en contra de la legalidad y de los principios democráticos de la participación ciudadana".

Tras criticar el impulso político que encierra la actuación del Gobierno español, la vicelehendakari afirmó que tal decisión evidencia el talante de Zapatero como demócrata. "A fin de cuentas es cerrar la boca a la sociedad vasca, no sea que ésta diga lo que él no quiera oír", señaló.

En relación al dictamen elaborado por el Consejo de Estado que conmina al Gobierno a recurrir la ley porque "los vascos no pueden decidir por todos los españoles", Zenarrutzabeitia aseguró que está basado en "mentiras y apriorismos". A su juicio, la Ley de Consulta "no es un referéndum porque hasta la propia Constitución diferencia lo que son consultas propiamente dichas". Abundando en este sentido, añadió que la norma aprobada en la Cámara vasca "no es decisoria" porque la consulta no es vinculante y "jurídicamente no tiene efecto alguno" sobre el marco jurídico político en vigor en Euskadi.

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