
Un padre en un punto de encuentro de Kidetza.Foto: ainara garcia
DONOSTIA. Kidetza, la Federación de Euskadi de Madres y Padres Separados, valoró ayer el decreto sobre puntos de encuentro que acaba de regular el Departamento vasco de Vivienda y Asuntos Sociales como "un paso muy importante, muy positivo para la protección del derecho del menor".
La nueva normativa, que se aplicará en un plazo máximo de dos años, garantiza la financiación y supervivencia de los dos centros que la asociación tiene en Gipuzkoa y que se encontraban al borde del cierre por falta de financiación. Sin embargo, la agrupación considera necesaria la creación de tres nuevos centros en el territorio.
Dichos puntos de encuentro (PEF) ofrecen un servicio a madres y padres separados, en algunos casos por motivos de violencia o maltrato, para realizar visitas tuteladas a sus hijos o para llevar a cabo el intercambio de éstos sin tener que entrar en contacto con su ex pareja. "Lo primordial para nosotros es la calidad y la seguridad", explicó en rueda de prensa Justo Sáenz, presidente de la asociación.
El decreto unificará los modelos de financiación y funcionamiento de los PEF que, hasta ahora, carecían de una normativa común. El Ejecutivo vasco se ha comprometido a conceder 160.000 euros, cantidad que, sumada a la aportación de la Diputación guipuzcoana de 40.000 euros, cubre las necesidades mínimas estipuladas por Kidetza para que los PEF de Gipuzkoa puedan continuar con su labor.
A partir de ahora, el decreto fijará la competencia del Gobierno Vasco en esta materia, por lo que analizará la demanda real y marcará modelos similares para todos los puntos de encuentro en la CAV respecto a los horarios, plantilla, funcionamiento, financiación y definirá los derechos y obligaciones tanto de usuarios como de profesionales.
Desde la asociación señalaron que, hasta ahora, la financiación en Gipuzkoa era "irregular y escasa" a pesar de haber sido la pionera en crear puntos de encuentro. No obstante, en el caso de las regulaciones, se había quedado atrás ya que otras autonomías ya las tenían.
Los PEF de Irun y Donostia atienden a 260 familias y otras 18 permanecen en lista de espera, por lo que en este territorio, según Sáenz, serían necesarios otros tres centros de encuentro más.
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