Editorial
Estado de inquietud
O les va a ser fácil a las hermanas Blanca y Maribel Bruño olvidar
el calvario que desde el pasado 12 de junio han sufrido a cuenta
de la acusación de haber efectuado pagos voluntarios a ETA. Una
detención intempestiva, una incomunicación severa y casi un mes
de cárcel no son sensaciones fáciles de olvidar, por más que
se abrace con gozo la libertad con el coste añadido de 20.000
euros de fianza. Añádase a esta lista de agravios el deterioro
de la imagen sufrida tanto por la empresa como por las detenidas,
sobre las que numerosos medios de comunicación, tertulianos y
opinadores ignorantes han vertido toda clase de improperios.
Los papeles de Thierry, según se comprueba, van a dar a jueces
y policías tanto juego como dieron los papeles de Susper, en
la medida que quieran ser interpretados por los jueces de la
Audiencia Nacional y ya algunos medios han avanzado que a las
del consejero delegado de Sidenor,
José Antonio Jainaga, y el
empresario guipuzcoano
Jesús Guibert van a seguir nuevas detenciones
de empresarios vascos que supuestamente aparecen en la lista
de pagadores atribuida al dirigente de ETA López Peña. No es
fácil comprobar si esta ofensiva judicial tiene alguna relación
con las tensas relaciones entre el Gobierno Vasco y el central,
si lo que se pretende es ofrecer a la opinión pública la imagen
de un empresariado vasco cobarde o filoterrorista, pero lo que
sí está comprobado es un estado de inquietud, de seria preocupación,
entre quienes en silencio soportaron el implacable chantaje de
ETA y no tuvieron otro remedio que ceder sin que nadie se hiciera
responsable por no haber evitado la extorsión. Una extorsión,
por cierto, que dura décadas sin que nadie haya podido garantizar
la integridad y el patrimonio de los extorsionados. Temen que
vayan a por ellos, cuando aquí ningún extorsionado ha pagado
voluntariamente. Quienes han pagado lo han hecho forzados por
un claro estado de necesidad e indefensión. Y no sólo en Euskadi,
sino a lo largo y ancho del ámbito estatal. ¿Habrá que detener
a los familiares de
Prado y Colón de Carvajal, amigo del Rey,
secuestrado y liberado tras pago de rescate? ¿Habrá que detener
a los funcionarios del Gobierno de UCD que, como algunos aseguran,
pagaron el rescate del diputado
Javier Rupérez? Y tantos otros.
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