Diario de Noticias de Gipuzkoa

eduardo ruiz de erenchun, abogado del caso de extorsión a la empresa azkoyen

"El mensaje de Garzón es que todo empresario que pague se puede sentar en el banquillo"

Como letrado de cuatro directivos de Azkoyen que fueron imputados en 2004 por efectuar pagos a ETA, un caso que sigue pendiente de juicio, Eduardo Ruiz de Erenchun es una de las voces más autorizadas para valorar la actual ofensiva judicial contra los extorsionados

donostia.¿Cómo valora la actuación del juez Garzón contra empresarios que supuestamente han pagado el 'impuesto revolucionario'?

Negativamente, desde el punto de vista jurídico me parece un horror absoluto. Las sentencias absolutorias del Tribunal Supremo que hay hasta ahora, tanto sobre secuestros como sobre el impuesto revolucionario , dicen con absoluta claridad que cuando una persona interviene como extorsionada en este ámbito no está en su ánimo colaborar con banda armada. Habiendo esos precedentes jurisprudenciales, adoptar este tipo de decisiones me parece incorrecto jurídicamente.

¿Y qué opina de la forma tan pública de llevar a cabo las detenciones?

No diría que lo entiendo en el sentido de que lo comparto, sino que se puede explicar desde el punto de vista de la Audiencia Nacional como parte de la política antiterrorista para intimidar a los empresarios. Es decir, el mensaje que se está lanzando es que el empresario que haga frente al impuesto revolucionario , además de enfrentarse al dilema propio de toda persona que hace ese pago, se va a enfrentar a la posibilidad de sentarse en el banquillo. A mi entender, eso también puede explicar que los procedimientos que están abiertos desde 1998, otros desde 2004, todavía no se hayan llevado a juicio, porque el día que haya juicio y una sentencia absolutoria, esa intimidación ya no existirá. Toda esa publicidad es una forma de presionar a los empresarios para que no paguen.

El resultado de ello es un grave perjuicio para los extorsionados, y también para sus empresas.

Por supuesto, supone un daño a nivel personal probablemente irreparable. Quien ha sufrido la tragedia de la extorsión, porque es una tragedia, desde un punto de vista social son señalados en determinados entornos como delincuentes, lo cual es gravísimo.

Desde su experiencia, ¿cómo es la situación que atraviesan las víctimas del chantaje de ETA?

Es una situación durísima a nivel personal, por el dilema moral que uno puede tener cuando se enfrenta a una situación así, y además por no verse reconocido como víctima. Es un problema muy serio, lo primero que debiera hacerse es reconocerles como víctimas y no tratarles como delincuentes. Es una situación personal muy dura que, por supuesto, no se valora en la Audiencia Nacional.

¿Se puede considerar una medida excesiva la prisión provisional decretada contra las dos empresarias de Orio acusadas de hacer pagos voluntarios a ETA?

Me falta conocer el contenido exacto del caso, si son realmente víctimas. Es cierto que hay gente que colabora con ETA de forma voluntaria y que hace aportaciones sin recibir ninguna amenaza, en cuyo caso, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, podrían ser autores de un delito de colaboración con banda armada. Si, desde luego, han recibido cartas de amenazas, como parece ser el caso, la prisión provisional me parecería absolutamente desmedida e injusta.

¿Hasta qué punto se puede dar validez a la incriminación de un terrorista hacia su propia víctima, la persona extorsionada?

Todavía no hemos tenido prácticamente sentencias sobre estos casos, pero creo que es muy discutible. Lo que no se debe hacer, y así lo ha dicho el Tribunal Constitucional, es creerse parte de la declaración de una persona y otra parte no. Si las declaraciones exculpatorias de un terrorista no son creíbles, esa misma declaración en la que imputa a otra persona no se puede admitir como una prueba válida. Otra cuestión es que exista documentación, con lo que la cosa ya cambia y habría que comprobar la fiabilidad de la misma.

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