
Francisco Rubio Llorente, presidente del Consejo de Estado, en una imagen de archivo.Foto: patxi cascante
donostia. Inconstitucional, potencial generador de confrontación, sustentado en vicios de incompetencia, basado en confusiones terminológicas... El dictamen del Consejo de Estado sobre el proyecto de Ley de Consulta aprobado por el Parlamento Vasco la semana pasada no señala ni un solo aspecto positivo de la iniciativa planteada por el lehendakari Juan José Ibarretxe para salir de la situación de bloqueo político que atraviesa el conflicto vasco. Para el órgano que preside Francisco Rubio Llorente, la iniciativa rebasa el marco vigente y existen suficientes argumentos jurídicos para recurrirla ante el Tribunal Constitucional, porque cree implanteable que los vascos se pronuncien en solitario sobre un asunto que requiere de una "decisión soberana del pueblo español".
Pese a que el análisis de este cuerpo de sabios que asesora al Gobierno español no es vinculante, ha servido para que el gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero coja velocidad en el sprint contra la consulta que ha iniciado cuando el proyecto ni siquiera ha sido aún publicado en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV).
De hecho, a la vista de los argumentos que aportó ayer el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros prevé acordar hoy mismo la presentación de su anunciado recurso contra la consulta ante el Tribunal Constitucional, al que solo podrá dar luz verde cuando la ley se publique. Según recordó ayer en Girona el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, el recurso irá acompañado de una petición de paralización inmediata de los preparativos para la cita del próximo 25 de octubre.
dictamen El dictamen del Consejo de Estado permite intuir los argumentos en los que se sustentará el recurso del Gobierno, que tomando como referencia el pronunciamiento de este órgano presentará la consulta como un ataque al marco jurídico vigente y a la "soberanía del pueblo español".
El Consejo de Estado -con miembros natos como Sabino Fernández Campo o Landelino Lavilla y al que accedió recientemente como miembro electivo el jurista y ex consejero vasco de Educación José Ramón Recalde-, estima que las dos preguntas planteadas por Ibarretxe sobre el final dialogado de ETA y la necesidad de activar una mesa de partidos para resolver el contencioso vasco transcienden la capacidad de decisión de los vascos.
El dictamen añade que la Ley de Consulta "pone en cuestión el fundamento mismo del orden político y jurídico del Estado" y vulnera "el orden constitucional de competencias". Por ello, cree "necesaria" la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional, para frenar una medida que cree que "pondría en riesgo" el orden vigente.
El Consejo de Estado basa sus argumentos en varias sentencias del TC, entre ellas una muy reciente sobre la reforma del Estatuto valenciano, que señala que la "autonomía no es soberanía y, dado que cada organización dotada de autonomía es una parte del todo, en ningún caso el principio de autonomía puede oponerse al de unidad". Va más allá, al sostener que la soberanía nacional "no es el resultado de un pacto entre instancias territoriales históricas que conserven unos derechos anteriores a la Constitución y superiores a ella".
El Consejo de Estado recuerda que el objetivo de la consulta es "alcanzar un acuerdo de normalización política" que implica una nueva relación entre Euskadi y el Estado, lo que supondría un cambio de marco que "llevaría a una confrontación con la Constitución", lo que en todo caso solo podría llevarse a cabo previa celebración de un referéndum en el que tomen parte todos los españoles.
Señala como "vicio de incompetencia" que el lehendakari parta de la base de que sólo necesita la autorización del Parlamento Vasco y no la del Estado para promover esta iniciativa y dice además que usar el término "consulta" y no el de "referéndum" no basta "para defraudar la competencia exclusiva del Estado" en esta materia. >n.g./agencias
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