
Una niña juega con un cartel de un comercio en el que se atiende en euskera.Foto: i. gorriti
donostia. Grandes superficies comerciales y proveedores de servicios básicos, como energía, telecomunicaciones o transportes, estarán obligados a dotarse de una plantilla que pueda atender al consumidor en euskera y castellano, las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV). Tendrán un plazo de entre uno a cuatro años para adaptarse a la nueva normativa que no afectará a los pequeños comercios y las microempresas.
Éstas son, a grandes rasgos, las características del decreto sobre las personas usuarias y consumidoras que aprobó ayer el Consejo de Gobierno y que presentarán hoy los viceconsejeros de Política Lingüística y de Consumo. La portavoz del Gobierno Vasco y consejera de Cultura, Miren Azkarate, ya adelantó ayer que los comercios dispondrán del citado periodo de tiempo para adaptar sus plantillas.
Asimismo, indicó que el tripartito ofrecerá ayudas a las empresas comerciales para que "puedan ir adaptándose de forma progresiva" al decreto y facilitar así su cumplimiento. "Se ha trabajado con mucho cuidado, se ha tratado de aplicar el principio de proximidad y dar un plazo de uno a cuatro años para cumplir el decreto y que los comercios tengan tiempo suficiente para adaptarse a su contenido. No creemos que vaya a haber problemas para cumplir la normativa", comentó.
El decreto desarrolla la ley del Estatuto de las personas consumidoras y usuarias y, según informó ayer el Gobierno Vasco, "materializa el derecho que tienen las personas a recibir en euskera y castellano la información sobre los bienes y servicios, así como a utilizar cualquiera de las dos lenguas oficiales en sus relaciones con empresas o establecimientos".
Según ha podido saber este periódico, el decreto establece las limitaciones de esta obligación, para procurar el desarrollo "progresivo" de la euskaldunización en comercios y empresas de servicios.
afectados El ámbito de aplicación del decreto son empresas de servicios que ofrezcan prestaciones en la CAV, como operadores de comunicaciones, empresas ferroviarias y transporte público regular de pasajeros por carretera, estaciones de tren, autobuses y aeropuertos, empresas distribuidoras de electricidad y gas, entidades financieras y empresas promotoras de edificación y que vendan o arrienden viviendas.
También tendrán que adaptar a sus trabajadores para poder atender al público en euskera, los comercios o empresas de servicios de más de 250 trabajadores y que tengan un gran volumen de negocio, así como superficies comerciales de más de 400 metros cuadrados que se hallen ubicadas en las tres capitales vascas o en municipios con un alto porcentaje de ciudadanos bilingües. Asimismo, deberán contar con trabajadores que dominen el euskera los centros comerciales.
Estos establecimientos y servicios deberán rotular todos sus carteles en los dos idiomas oficiales, igual que los impresos que entreguen a sus clientes, los contratos, folletos y notificaciones. Las empresas de transporte también tendrán que emitir sus billetes y contratos en los dos idiomas. Precisamente, estos servicios serán algunos de los afectados por la nueva normativa, ya que las comunicaciones públicas a través de megáfono deberán ser pronunciadas en los dos idiomas.
Según la información a la que ha tenido acceso este periódico, el decreto también incluye una relación de sanciones a quienes no cumplan el decreto. Asimismo, anuncia la creación de un "sello de compromiso lingüístico" para aquellos establecimientos que asuman un compromiso de atención oral y por escrito con los usuarios.
cuarto plan Por otro lado, el Gobierno Vasco aprobó ayer su Plan de Normalización del uso del euskera para el cuarto periodo de planificación (2008-2012), después de constatar una mejora "notable" de la capacitación lingüística en euskera del personal de la Administración general de la CAV.
Por ello, el objetivo del nuevo periodo de planificación es lograr que el euskera se convierta progresivamente también en lengua habitual de trabajo, avanzando hacia la igualdad de ambas lenguas oficiales en la Administración, según explicó Miren Azkarate.
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