El Gobierno Vasco endurece los requisitos de la renta básica y limita su cobro a dos años
los beneficiarios crecen hasta 47.000 y el gasto aumenta en 67 millones
El proyecto de ley aprobado ayer saca la ayuda de vivienda de las AES
Una mujer rebusca entre las basuras de un contenedor.Foto: n.g.
donostia. El Gobierno Vasco aprobó ayer el proyecto de ley de Garantía de Ingresos y de Inclusión Social en el que se regulan las ayudas sociales existentes, del que se separa el complemento de vivienda de las Ayudas de Emergencia Social. Con esta normativa, se endurecen los requisitos para la percepción de lo que hasta el momento se ha denominado renta básica, que estará ligada a la disponibilidad para el empleo, y se limita su cobro a dos años como máximo.
Con la aprobación de este proyecto, el Ejecutivo completa la revisión del marco legal vigente en la CAV en materia de inserción y protección social, iniciada en junio con la aprobación del proyecto de complemento de pensiones que equipara los ingresos más bajos al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
La primera novedad de este proyecto es que la prestación denominada Renta de Garantía de Ingresos se articula en tres modalidades. La primera es la Renta Básica para la Inclusión Social, que se dirigirá fundamentalmente a las personas y unidades convivenciales que carezcan de recursos económicos propios. Esta prestación irá siempre acompañada de la aplicación de apoyos específicos orientados a la inclusión social o laboral en el marco de un convenio de inclusión y se fija en el 88% del SMI (616 euros mensuales) para las unidades convivenciales unipersonales, pudiendo llegar hasta el 125% (875 euros mensuales) para unidades de cuatro o más miembros.
La segunda modalidad es la Renta Complementaria de Pensiones, dirigida a perceptores de pensiones tanto contributivas como no contributivas y se fija en el 100% del SMI, pudiendo llegar hasta el 135% en el caso de unidades de convivencia de tres o más miembros.
La tercera modalidad es la Renta Complementaria de Ingresos de Trabajo, destinada a personas que disponen de rentas de trabajo, pero cuyo nivel mensual de ingresos no alcanza el importe de la Renta Básica para la Inclusión Social. Esta prestación estará asociada a la aplicación de apoyos específicos orientados a la mejora de la situación laboral mediante la intervención de los Servicios de Empleo.
La segunda novedad es la introducción de un nuevo derecho de ciudadanía: la Prestación Complementaria de Vivienda, cuya finalidad es facilitar a las personas más necesitadas, a las titulares de la Renta de Garantía de Ingresos, el acceso al alojamiento.
derecho subjetivo Esta prestación pasa a dar cobertura a buena parte de las necesidades cubiertas hasta la fecha por las Ayudas de Emergencia Social (AES), con la diferencia de que se constituye en un derecho de ciudadanía, por lo que no depende de disponibilidades presupuestarias.
Así, además, se devuelve a las AES su carácter de prestación extraordinaria para cuestiones como la alimentación o el vestido.
El consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga, destacó que con esta ley -a diferencia de hasta ahora, que era ilimitada- se limitará a dos años la concesión de la Renta de Garantía de Ingresos, en cualquiera de sus modalidades, momento en el que los servicios sociales competentes deberán evaluar la situación del perceptor.
Se introduce también la regulación de los ingresos que podrán percibirse en una misma vivienda o alojamiento cuando convivan dos o más unidades de convivencia, evitando de esta forma riesgos de hacinamiento, y cualquier incentivo para que se produzcan casos de pisos patera .
Además, regula las causas determinantes de la retirada temporal de la ayuda e, incluso, de la extinción del derecho a la prestación, como negarse a suscribir un convenio de inclusión, no cumplir los compromisos asumidos en un convenio de inclusión o no estar disponible para el empleo o rechazarlo.
Si la ley sale adelante, el Gobierno Vasco podrá intervenir de forma directa para evaluar y controlar los procesos de concesión de prestaciones y de permanencia en el sistema de inclusión socio-laboral, competencia que, hasta el momento, tienen asumida las diputaciones.
La aplicación de la Ley de Garantía de Ingresos y de Inclusión Social supondrá un incremento anual del gasto de 67,35 millones de euros (en esta cifra están incluidos los 24,77 millones de euros del complemento de pensiones aprobados recientemente), de los que 37,69 son para el complemento de vivienda. En cuanto a los beneficiarios, se incrementarán de 31.550 personas que perciben la Renta Básica a unos 47.200, incluidos los 13.200 nuevos pensionistas que se benefician de la ley anterior.
En lo referente al complemento de vivienda, se estima que los perceptores serán unos 14.800.
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Incrementa el gasto. La aplicación de la Ley de Garantía de Ingresos y de Inclusión Social supondrá un incremento anual de 67,35 millones de euros, cifra en la que están incluidos los 24,77 millones de euros del complemento de pensiones. Esto supone un aumento del 30,3% de lo que en estos momentos el Gobierno Vasco destina a Renta Básica y AES, pasando de 222,22 millones a 289,57 millones.
Más beneficiarios. La puesta en marcha de estas medidas supondrán un incremento del número de beneficiarios, que pasarán de 31.550 personas que perciben la renta básica a unos 47.200. De este modo, habrá más de 15.600 nuevas personas que serán perceptores de Renta de Garantía de Ingresos (incluidos los 13.200 nuevos pensionistas). Asimismo, la introducción de un subsidio económico complementario para las unidades convivenciales monoparentales llegará a unas 8.500 familias, la mayoría de ellas mujeres con menores a su cargo.
- LAS FRASES
- "El empleo es la mejor vía de inserción, tal y como recomiendan las directrices europeas"
- "Este proyecto prevé un tratamiento específico para las familias monoparentales"
- "La ley avanza en la Euskadi social que queremos construir, sin exclusiones" Joseba azkarraga . Consejero de Justicia, Empleo y S. Social
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