
Un niño de temprana edad, ajeno a esta información, llora apoyado en una pared.Foto: n.g.
donostia. Cada vez son más los menores que acuden a los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) de Gipuzkoa afectados por brotes esquizofrénicos, fruto de las situaciones traumáticas que deben afrontar en los procesos de separación y divorcio de sus padres, según alertan los responsables de estos centros. Por eso, los expertos inciden en la necesidad de "trabajar la prevención", como destaca Justo Sáenz, presidente de la Federación de Euskadi de Padres y Madres Separados, Kidetza.
Esta realidad se refleja en la memoria correspondiente a 2007 de los PEF de Donostia e Irun, un ejercicio en el que estos centros sirvieron de punto de encuentro para que 171 parejas separadas cumplieran el régimen de visitas de sus hijos en la capital guipuzcoana y otras 69 hicieran lo mismo en el servicio irundarra.
Además de incidir en la importancia de la prevención con terapias integrales dirigidas a menores, Sáenz considera "indispensable la potenciación de los servicios psiquiátricos y psicosociales en general". "Hay mucha gente que necesita un psicólogo, pero se niega a ir a un experto y mantiene su problema, lo que alarga la necesidad del punto de encuentro, cuando éste debería ser algo transitorio, que no durase más de año y medio", explica.
La temporalidad a la que se refiere Sáenz, según sostiene Xabier Moñux, coordinador de los PEF en Euskadi, es una "asignatura pendiente" que deberá regular el futuro decreto sobre los puntos de encuentro familiares, cuya aprobación por el Gobierno Vasco está prevista para este verano.
seguimientos El tema de la transitoriedad es el aspecto regulativo que más influirá en el funcionamiento de los PEF guipuzcoanos, ya que otras cuestiones contempladas en el borrador, como la presencia de la Ertzaintza en casos conflictivos (convenio de 2005) o la elaboración de informes de seguimiento de las parejas, son "habituales" en los centros de Gipuzkoa.
Sin embargo, los PEF de este territorio son los únicos que no dependen de las instituciones, por lo que "sobreviven" con subvenciones procedentes del Gobierno Vasco, la Diputación de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Irun. La "seguridad y estabilidad económica", además de la adecuación de los centros a las normativas de accesibilidad, son otros dos aspectos que esperan que regule la nueva normativa.
Mientras tanto, los PEF guipuzcoanos siguen esforzándose por tratar de mantener la neutralidad que debe garantizar la labor de un centro de estas características. "Las partes quieren que les des la razón, pero esto no es un juzgado. Nosotros tenemos que ser exquisitamente neutrales", sentencia Sáenz.
Sin embargo, tanto una parte como la otra, advierten, tratan de utilizar los medios del PEF. "Por ejemplo, quieren que pongas en su informe que el padre es una malísima persona. Es un error, porque nosotros jamás emitimos un informe valorativo, sino meramente descriptivo. Lo que ocurre es que hay un conflicto judicial paralelo y les interesa, incluso, que se produzcan incidentes que persiguen quitarle la custodia a la madre o continuar con una orden de alejamiento", ejemplifica el portavoz de Kidetza.
A veces, incluso se dan situaciones "sangrantes" en las que se llega a "manipular al niño", lo que puede desembocar en "un conflicto de lealtades en el que es el menor el que acaba manipulando a las partes y les dice lo que quieren oír". Es decir, cuando esté con la madre acusará al padre de ser un desastre, mientras que cuando esté con él dirá que no quiere ir con la madre. "La resistencia de los menores es más un mito que una realidad. Los rechazos son más comunes por parte de los progenitores", añade Moñux.
supervisión No en vano, los profesionales de estos centros, que cuentan con una plantilla de diez personas entre psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos, administrativos y voluntarios, se deben enfrentar a situaciones que en ocasiones son muy "dramáticas". Pero sean del tipo que sean las relaciones, bien aquellas en las que se han producido maltratos o en las que los padres mantienen una relación más o menos llevadera y respetuosa, tanto las visitas como las entregas y recogidas de los hijos "siempre están supervisadas por los profesionales" del centro.
Así, han comprobado que "cada vez es más habitual", como apunta la coordinadora del PEF de Irun, Arantxa Bergara, que "sean las mujeres las que acuden a las visitas supervisadas porque la custodia de los niños la tienen los padres". O que la mayoría de los casos que atienden se derivan, principalmente, de los tribunales de Familia.
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