
la OCDE celebró en marzo en París una reunión conjunta con el Fondo Monetario Internacional, en la que ambas instituciones volvieron a insistir en que Europa necesita realizar sin más dilaciones dos reformas estructurales: flexibilizar el mercado de trabajo y aumentar la participación laboral de la población (un tercio inferior a la de EEUU). Voy a referirme aquí, exclusivamente, a los aspectos relacionados con el despido.
¿Cuál es la razón por la que en Europa no se acepta este reiterado consejo de los expertos y de las instituciones económicas de facilitar la movilidad laboral? La razón es que todavía parecen ser mayoría en Francia y Alemania los que creen que van a salir perjudicados si se facilita más el despido, poniendo en peligro su puesto de trabajo y su nivel de vida, e infravaloran las consecuencias negativas que afectan al bienestar de toda la sociedad.
Nuestra situación, aquí en Euskadi, es más complicada en el marco de la legislación española: los discursos son apasionadamente anti-liberales, pero la práctica es un despido completamente libre para más de un tercio de todos los trabajadores, llamados temporales. Estos son los que van rotando para que los otros dos tercios no se sientan afectados.
Tenemos la tasa europea más alta de temporalidad y a la vez el índice más alto de protección de los contratos fijos. Esta esquizofrenia social en la que convivimos con un discurso o talante protector y una práctica contrapuesta, se debe a la solución salomónica de "flexibilidad en los extremos", que es la que solamente afecta a los jóvenes y a los jubilables anticipadamente.
La prejubilación fue una salida de emergencia en los angustiosos años de la reconversión de los ochenta, cuya fatal consecuencia ha sido la pérdida de un caudal importante de conocimientos y de saber hacer profesional, a la vez que un riesgo grave para el mantenimiento de las pensiones. Y los contratos temporales fueron la manera urgente de reactivar el empleo después del pánico creado por la crisis, posponiendo entrar en el fondo del problema.
Partiendo de esta anómala situación, ¿sería posible en Euskadi llegar a acuerdos sociales que redistribuyeran el riesgo laboral y destruyeran la convicción social de que hay que hacer méritos para obtener un contrato fijo porque luego los méritos ya no cuentan y se reduce el esfuerzo? ¿Será posible destruir la imagen social de que esta división funciona todavía con mayor consistencia en las empresas públicas, a las que por ello aspiran a acceder la mayoría de los jóvenes? Sería posible si una mayoría de la población se pusiera de acuerdo al menos en cuatro puntos básicos:
Primero, que los ciclos económicos existen y producen altibajos en las necesidades de personal de las empresas, y que si las empresas no se ajustan, para crecer o reducirse, mueren.
Segundo, que no es socialmente aceptable que los despidos recaigan siempre sobre los nuevos empleados, ni que este sistema vaya anulando los incentivos y la motivación laboral.
Tercero, que los gestores de las empresas privadas, públicas o cooperativas necesitan tener libertad para consolidar sus equipos de trabajo, eligiendo libremente a los que consideran mejores y estableciendo los sistemas de remuneración diferencial que les permita retener y estimular a los más competentes.
Cuarto y último, que si no se equilibra la fuerte protección de los contratos fijos redistribuyendo el riesgo entre todos los trabajadores, el precio económico será continuar con la esclerosis que nos mantiene a la cola de la productividad en Europa.
Si una gran parte de la población defendiera firmemente los puntos anteriores, entonces se podría promover un acuerdo para dinamizar nuestro mercado de trabajo y nuestra economía. Pero si la mayoría opina que nos va a ir mejor manteniendo las tremendas diferencias actuales entre los trabajadores fijos y temporales, públicos y privados, entonces seguiremos con la retórica de las reformas.
(*) Economista
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