
madrid. La ONG Greenpeace acusó ayer a varias empresas españolas y a entidades bancarias de apoyar la producción de bombas de racimo y pidió al Gobierno que "sea valiente" y "se decida" a prohibir su fabricación.
A pesar de las alusiones de la ONG, los fabricantes Expal (Explosivos Alaveses S.A) e Instalaza, con sede en Zaragoza- negaron estas acusaciones. Desde Expal aseguraron que no fabrican este tipo de armamento "desde hace más de diez años", mientras que Instalaza dijo "no haberlas fabricado nunca".
La ONG denunció el "entramado" que existe entre el complejo militar, industrial y económico español y apuntó que el presidente de la empresa vizcaína es el ex almirante de la Armada Española, Francisco Torrente. En relación con la empresa Expal, la ONG hizo alusión al crédito sindicado otorgado por BBVA, Banesto y Caixa de Catalunya, que, en éste último caso, "tiene como presidente al ex vicepresidente y ministro de Defensa de España, Narcis Serra". >agencias
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