Diario de Noticias de Gipuzkoa

Hacienda recibe 9 millones tras resolver deudas históricas con otras administraciones

gipuzkoa exigía 72,4 millones que altadis ingresó en la agencia tributaria y bizkaia

El departamento foral asegura que la situación de desajustes de ingresos tributarios con otros erarios está "normalizada"

Donostia. La Hacienda de Gipuzkoa ha percibido nueve millones de euros netos después de haber resuelto deudas históricas que mantenía con otras administraciones. Según ha podido conocer NOTICIAS DE GIPUZKOA, esta cifra supone un saldo positivo entre las deudas que el territorio guipuzcoano reclamaba a los erarios de Bizkaia, Álava, Navarra y la Agencia Tributaria del Estado, y las cantidades que él mismo debía a esas haciendas.

Se trata, además, de unos compromisos que venían arrastrándose desde hace más de nueve años y que provenían de varios endeudamientos, entre los que destacaba el correspondiente al IVA que Altadis (antigua Tabacalera) abonó a la Agencia Tributaria y Bizkaia por su actividad con la fábrica de Tabacalera en Donostia. La Hacienda guipuzcoana consideraba que la empresa tabaquera tenía que haber realizado los ingresos tributarios en sus arcas, en lugar de hacerlo en otros erarios.

La deuda que Gipuzkoa exigía por el asunto de Tabacalera ascendía a 72,4 millones de euros, más de la mitad del total de 121,4 millones de euros que reclamaba a otras administraciones en enero de 2007. Desde el año 1999 Hacienda había pedido a la Agencia Tributaria y a Bizkaia que se le restituyeran los 72,4 millones de Tabacalera pero no había tenido éxito en sus reclamaciones.

El origen concreto de esa deuda se encuentra en las declaraciones de IVA entre el año 1992 y 1998 realizadas por la entonces Tabacalera en otras administraciones porque no se había considerado la existencia de una planta de fabricación en Gipuzkoa.

Ni la Agencia Tributaria ni Bizkaia se comprometieron por escrito a restituir esa deuda. Aun así, la primera de ellas admitió en el año 2000 que las cantidades ingresadas en la Administración del Estado correspondientes a Gipuzkoa eran las que reclamaba esta última. Sin embargo, el erario vizcaíno mostró discrepancias con las cifras guipuzcoanas y respondió que parte de la deuda que se le atribuía tenía que negociarla la Hacienda guipuzcoana con la Agencia Tributaria.

junta arbitral El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas se ha hecho eco en repetidas ocasiones del contencioso de Gipuzkoa con el asunto de Tabacalera, que siempre ha remitido a una Junta Arbitral entre la administraciones del Estado y las vascas, que no ha sido creada hasta el año pasado, después de alcanzarse el último acuerdo sobre el Cupo.

Según fuentes cercanas a la Hacienda guipuzcoana, el departamento foral ha tratado de resolver cuanto antes las deudas históricas con otras administraciones para que las cuestiones con la Agencia Tributaria no tuvieran que dirimirse en la Junta Arbitral, que posiblemente habría considerado zanjados los compromisos.

Las mismas fuentes informaron de que la Hacienda de Gipuzkoa ha llegado recientemente a un acuerdo con la Agencia Tributaria y los demás territorios para resolver las diferencias de deudas y el resultado ha sido favorable para el erario guipuzcoano en nueve millones de euros. Esta cifra resulta de la diferencia entre lo que Gipuzkoa reclamaba y lo que debía, menos el porcentaje que ha de abonar a través del coeficiente horizontal al departamento de Hacienda del Gobierno Vasco por los ingresos de IVA. Las citadas fuentes aseguraron que actualmente "la situación está normalizada" en lo que se refiere a las deudas pendientes con otras administraciones.

Sin embargo, los 121 millones de euros que la Hacienda guipuzcoana reclamaba a otros erarios suponen casi la cuarta parte de los 453,2 millones que el departamento foral tenía pendiente de cobro en enero de 2007. El mayor porcentaje de esa cantidad, el 37,5%, responde a 170,1 millones de euros en concepto de deudas en gestión recaudatoria, tanto de empresas como de contribuyentes individuales. Otros 75,7 millones corresponden a deudores en procedimientos concursales (suspensión de pagos, quiebras...); 58,3 millones, a deudas aplazadas; y 27,5 millones, a deudas suspendidas por reclamaciones y recursos.

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