Diario de Noticias de Gipuzkoa

Ver para creer

por Carlos Etxeberri

Metidos en el monotema que colapsa la vida diaria de este país desde hace 40 años, no ya por el último comunicado de ETA y la reivindicación de sus últimas bombas, sino por esa influencia que la organización terrorista ejerce para que la actividad política, social y económica de los vascos gire en torno a su actividad, léase mociones éticas o de censura a alcaldes de ANV, o la presentación de un documento que sirva de base para un diálogo con el Estado, sorprende que una de las pocas veces en las que el autogobierno vasco obtiene un importante respaldo en Europa, como ha sido el "informe Kokott", haya durado tan sólo 24 horas en el debate de los políticos.

Una vez más, el cortoplacismo de la política vasca hace que el interés esté ahora más pendiente de la reunión del próximo día 20, entre el presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero , y el lehendakari Juan José Ibarretxe, y del borrador de Loiola, que del futuro del autogobierno que, visto lo visto, parece que tiene más garantías de que sea más respetado en Bruselas que en Madrid.

El jarro de agua fría que ha supuesto el dictamen de la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Julianne Kokott , para aquellos que consideraban que el Concierto Económico es un compendio de privilegios para los vascos, sobre todo el PP y el PSOE, no se entiende que no haya sido correspondido con un pronunciamiento oficial del Gobierno vasco sobre un informe que tiene el 80% de las posibilidades de convertirse en sentencia de la Corte Europea.

Y llama más la atención cuando el Gobierno vasco y las tres diputaciones forales, aprovechando la vista del caso en el Tribunal de Luxemburgo el pasado 28 de febrero, dieron a conocer una declaración en la que acusaban al PSOE y al PP de utilizar políticamente "el pacto de convivencia como es el Concierto Económico entre Euskadi y el Estado español", al jugar con dos barajas, ya que mientras aquí se presentan como sus máximos defensores, en otras instancias se dedican a presentar recursos como es el caso de la Comunidad de La Rioja, gobernada por los "populares" y que ha provocado la consulta prejudicial del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) y este contencioso jurídico europeo.

La gran virtualidad del "informe Kokott" es que da por bueno el encaje del sistema fiscal vasco en el entramado europeo al reconocer una figura de gran importancia política como son los derechos históricos de los territorios vascos y, por ende, el autogobierno vasco, con lo que se puede dar la paradoja de que el blindaje del Concierto Económico venga de Europa al marcar el espacio de actuación al TSJPV y al Tribunal Supremo.

Probablemente, sin pretenderlo, la abogada general del Tribunal de Justicia de la UE, ha comenzado a dibujar una punta de esa estrella que algunos dirigentes del PNV reivindicaban hace ya algunos años para Euskadi en la bandera europea y que, hoy, parece que se ha olvidado para centrar el debate del futuro de Euskadi en el marco del Estado español, cuando la realidad nos va dictando día a día que las tomas de decisión trascienden a los propios Estados.

El "informe Kokott" ha provocado un gran alivio en el Gobierno vasco, en cuyo seno, aunque no se manifestaba de manera pública, existía una cierta preocupación sobre el resultado de esta iniciativa promovida por el TSJPV y que podía poner en solfa la capacidad normativa del Impuesto de Sociedades, un tributo al que la Comisión Europea quiere meter la mano por la vía de la armonización.

A más a más, como dirían en Cataluña, ayer vimos como el presidente de la Generalitat, el socialista José Montilla , se ha enfrentado a los dirigentes de su partido, al reclamar un acuerdo para la financiación de Cataluña que no es otra cosa que una revisión a la baja del Concierto Económico, aquello que el que fuera mano derecha del honorableJordi Pujol, el inefable Miquel Roca , calificara en su día como "una antigualla".

Y esa antigualla "insolidaria" en opinión de Montilla es lo que defiende la Generalitat cuando exige "aumentar nuestra capacidad de suficiencia financiera, nuestra capacidad normativa y nuestra capacidad de gestión tributaria", así como "un mecanismo de nivelación que permita revertir parte de la contribución fiscal de Catalunya al resto de las comunidades autónomas", léase nuestro Cupo. Ver para creer.

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