
Reunión mantenida por representantes de Batasuna y el PSE en Donostia en los primeros compases del proceso.Foto: k. corbella
donostia. Todos los ojos están puestos en la cita que mantendrán Zapatero e Ibarretxe el próximo día 20, una reunión que el lehendakari aprovechará para rescatar los papeles de Loiola y recordar el momento no tan lejano -verano de 2006- en el que el Gobieno, como reconocieron a posteriori destacados líderes socialistas implicados en el proceso, "llegó al borde del precipicio" y a estuvo a punto de rubricar un documento que reconocía el derecho a decidir de los vascos y la creación de un órgano común vasco-navarro.
El presidente del EBB del PNV, Iñigo Urkullu, confirmó ayer que la propuesta que formalizará Ibarretxe ante Zapatero para llegar a un acuerdo de normalización se basará en las reuniones a tres bandas mantenidas en Loiola por dirigentes del partido jeltzale, Batasuna y el PSE-EE. El objetivo, según destacó Urkullu en una entrevista concedida a ETB, es sellar un pacto que contemple la "bilateralidad" en las relaciones Euskadi-Estado y finiquite el actual estatus de "subordinación" de la comunidad vasca.
La respuesta del Gobierno, de momento, sigue siendo la de pisar el freno. Así, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró ayer que espera "acuerdos" de la reunión en Moncloa, si bien cree que Ibarretxe "sabe perfectamente que lo que trae en la cartera no coincide para nada" con lo que está dispuesto a asumir Zapatero. Fue un paso más allá, al decir que la del lehendakari es "una hoja de ruta a ninguna parte".
Los contenidos de la propuesta que realizará Ibarretxe al presidente del Gobierno avanzados hasta ahora han despertado los recelos del PP vasco, enrocado en la deslegitimación de cualquier propuesta en cuyo diseño haya contribuido mínimamente Batasuna. También han llevado a tomar posiciones a EB y EA, que reivindicaron estar presentes en cualquier proceso que se inicie en el futuro.
"encaje amable" A fin de que el rescate del espíritu de las conversaciones de Loiola no se perciba como un desafío, Urkullu insistió en que su partido no hará "nada ilegal", como tampoco lo hizo en el santuario de Azpeitia, donde PSE, PNV y Batasuna acordaron "partir del ordenamiento jurídico vigente".
Para Urkullu, lo que está en juego es "un problema político previo a la existencia" de ETA y que se arrastra desde la aprobación del Estatuto de Gernika, que no consiguió resolver el contencioso. "Queremos abordar el desarrollo normalizado del autogobierno, que no se resume sólo en materias para gobernar el día a día de los vascos, sino también en lo que es el autogobierno de encaje amable de Euskadi en el Estado español", subrayó.
La bilateralidad fue el concepto en el que más insistió el dirigente jeltzale, entendida como una forma de relación en la que "nadie se imponga sobre nadie". Confió en que, si Zapatero tiene verdadera disposición al diálogo, la tenga también para llegar a un acuerdo y ofrezca la flexibilidad necesaria para acercar posturas. Su aspiración: crear un marco que sirva al menos para "la generación presente y la futura".
El PNV, por su parte, tratará de no poner obstáculos insalvables. Consulta sí, aventuras no. Urkullu insistió en que su partido defiende el derecho de la sociedad a decidir su futuro y "arriesgará" lo necesario para que se haga realidad, pero midiendo bien las posibilidades y con responsabilidad. "No entendemos, desde el PNV, que actuemos irresponsablemente ante la sociedad", declaró.
A apenas dos meses de que tenga lugar el Pleno donde se someterá a votación la celebración de esta polémica consulta, Urkullu no ocultó su deseo de que los socialistas se suban al carro de esta convocatoria y no dependa sólo de la voluntad del grupo Ezker Abertzalea. ¿Pero por qué tenemos que estar pensando que la única baza es EHAK? ¿Por qué no puede ser el PSE-EE también?", se preguntó.
puerta abierta En línea con Ibarretxe, Eusko Alkartasuna ve en la propuesta de acuerdo del lehendakari una "puerta abierta a la paz y la normalización perfectamente legal y con pleno encaje constitucional". El secretario de Política Institucional del partido, Rafa Larreina, instó ayer a los socialistas a dejar de "esconderse tras su latiguillo de Constitución, constitución, constitución" e iniciar un "diálogo sin exclusiones ni límites".
"Zapatero debe saber que la sociedad vasca no perdonará jamás a quienes por puro interés partidista dejen pasar esta oportunidad", dijo.
Desde EB, el portavoz de la Presidencia, Mikel Arana, consideró una buena noticia que por fin se haya cerrado una cita entre Ibarretxe y Zapatero. Quiso advertir, no obstante, de que en el futuro "no pueden caber más procesos de diálogo clandestinos ni excluyentes entre el Gobierno central y quienes ejercen y legitiman la violencia".
Según el esquema de EB, los acuerdos que puedan alcanzarse tendrán que ser "negociados y pactados" entre Ejecutivo vasco y central, refrendados por el Parlamento autonómico y el Congreso de los Diputados y "avalados por la ciudadanía".
Arana consideró inapelable el argumento de que, si Gobierno español "se sentó en el pasado a negociar con ETA y Batasuna" compromisos políticos, "no puede negar este mismo derecho al Gobierno Vasco, a las formaciones políticas que lo integramos y, por lo tanto, a la gran mayoría de la ciudadanía vasca".
El posibilismo de los socios del tripartito se dio de bruces con el análisis del PP vasco, para cuya presidenta, María San Gil, la reunión del día 20 está "deslegitimada" desde el momento que tomará como base las conversaciones de Loiola. "No se puede nunca partir de acuerdos y de reuniones que se han mantenido con Batasuna, una organización ilegalizada por formar parte de ETA", manifestó San Gil, quien no descarta que, pese a las reticencias iniciales del Ejecutivo de Zapatero, "a la larga" ambos alcancen "una entente cordial". >j. guindo/agencias
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