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Dos nuevos testigos en el caso de la oficina de Irun afirman que entregaron dinero a Bravo

el ex jefe de la delegación rebajó la deuda de una empresa para que no fueran al paro sus empleados

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Donostia. Dos de los tres nuevos testigos que declararon ayer en el caso de la Hacienda de Irun entregaron al ex director de la oficina tributaria de esta localidad, José María Bravo, diferentes cantidades que adeudaban al erario público.

Estos tres testigos, que prestaron declaración ante el Juzgado de Instrucción número dos de Irun, son parte de los doce nuevos expedientes aportados al caso el pasado 13 de marzo por la Diputación de Gipuzkoa en los que, a juicio de la institución foral, podrían existir indicios de delito.

Una de las personas que declaró es la administradora de una constructora, quien explicó que Hacienda reclamó a su empresa una deuda de quince millones de pesetas contraída en los años 90, que le fue comunicada en una carta en la que le instaban a llamar a un número de teléfono en el que le pusieron en contacto con el principal imputado del caso, José María Bravo.

La mujer señaló que el entonces director de la Hacienda de Irun le hizo una rebaja de cinco millones y medio de pesetas, por lo que la empresa finalmente sólo tuvo que afrontar un desembolso de nueve millones y medio, que fueron satisfechos de manera fraccionada en varios pagos en metálico al propio Bravo, quien adujo que accedía a cobrar menos dinero para que los trabajadores de la compañía no fueran al paro.

Otro de los declarantes indicó que entregó a Bravo 425.000 pesetas, incluidos los recargos, de una deuda que le surgió porque al empezar a trabajar como autónomo hizo mal las liquidaciones del IVA.

Esta persona, que no recuerda la fecha en la que se produjeron estos hechos, explicó que Bravo le permitió pagar la deuda a plazos, pero no le hizo ninguna rebaja ni le entregó ningún documento de haber satisfecho los pagos.

El tercer testigo, que está jubilado desde hace dos años, comentó que Hacienda le pidió hace unos veinte años una deuda por el IVA que ascendía a 125.000 pesetas y que zanjó en las oficinas de la calle Prim de Donostia pagando sólo 25.000.

Este declarante detalló que no conoce a José María Bravo, que hizo el abono a una mujer y que desconoce por qué se le rebajó la deuda.

Estaba previsto que, además de estos tres testigos, una cuarta persona acudiera a declarar al juzgado de Irun, aunque no respondió a la citación. >efe

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