Diario de Noticias de Gipuzkoa

Miércoles, 07 de mayo de 2008

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Tribuna Abierta

Incidencia del sistema sanitario en los homicidios y suicidios

por Amaia Beranoagirre

A sociedad se conmociona una y otra vez con noticias como las del enfermo mental que asesinó a su madre y paseó con su cabeza por Santomera (Murcia). Sufría esquizofrenia, una enfermedad crónica, a la vez que consumía drogas. Este tipo de noticias se suceden una y otra vez. En los 80 se cerraron los manicomios y no se crearon centros modernos alternativos, faltan psiquiatras. España es el primer consumidor de cocaína del mundo y no se están tomando medidas para las consecuencias sanitarias que supone. Además, la distancia entre la medicina privada y pública crece imparable en las últimas décadas.

A los centros de internamiento privados sólo pueden acceder las clases más privilegiadas. Para el resto de la población enferma queda la cárcel cuando cometen alguna barbaridad. Aquí nadie se cura, y tampoco se les puede condenar a cadena perpetua.

El 88% del total de la atención a los enfermos mentales recae en los familiares, y el perfil de cuidadora es mujer, esposa o hija de 50 a 65 años, quedando expuestas a los riesgos que supone cuidar de un enfermo mental grave, riesgo que aumenta ante la mayor fuerza física que los enfermos-varones tienen frente a cuidadoras-mujeres y enfermos más jóvenes que sus cuidadores. El riesgo se invisibiliza cuando hombres enfermos matan a sus esposas, y las muertes son asignadas al machismo invisibilizando la enfermedad, la toxicomanía… que puede haber a la base. Algunas cuidadoras se encuentran con la paradoja de que desde las instituciones les ofrecen pisos y ayudas a ellas si se presentan como víctimas de maltrato y, en cambio, para los enfermos que cuidan no hay pisos protegidos o centros especializados suficientes, sino la prisión tras la denuncia en los momentos de crisis o descompensación si se vuelven violentos.

Las familias de los enfermos mentales o neurológicos se encuentran muchas veces impotentes frente al enfermo, que se niega a acudir al psiquiatra o a tomar la medicación; en muchos de estos casos se requiere el ingreso psiquiátrico involuntario con el objetivo de tratarlos antes que ocurran desgracias mayores. El mismo control de la toma de medicación o el dinero por los/as cuidadores puede provocar episodios violentos, como en el caso del parricida de Murcia, que parece que apuñaló a su madre cuando ésta se negó a darle más dinero. Para evitar la escalada de homicidios y suicidios hace falta una legislación ágil que, como en otros países, garantice el derecho de los/as ciudadanos/as a ser ingresados en un hospital cuando se convierten en un peligro para sí misma y los demás. Para poder implantar una legislación así, haría falta dotar al país de suficientes recursos sanitarios: centros de internamiento para larga estancia, psiquiatras…

Estamos entrando en una época de recesión económica: se está destruyendo empleo masculino (construcción), lo que pondrá a prueba la salud mental de muchos. Se sabe que muchos hombres entran en depresión frente al paro o las dificultades laborales, por lo que es previsible que aumenten los homicidios y suicidios. Cuando se trate de homicidas hombres y víctimas mujeres, se contará como violencia de género; si la homicida es mujer, la causa se buscará en su estado mental.

La Ley de Violencia de Género actual no tiene ninguna capacidad de previsión ni disuasión en estos casos, ya que excluye cualquier factor personal como causa de los homicidios de las mujeres por hombres. Ésta dice así: "La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado", así los factores psicológicos quedan descartados por la propia ley.

Esta ley establece que la violencia de hombres hacia mujeres se debe únicamente a factores sociales, excluyendo factores particulares como son los psicológicos y busca la solución en la educación en la igualdad de género. En dicha ley la atención preventiva y sanitaria únicamente está dirigida a la víctima, olvidando a los potenciales autores de las agresiones.

Cuando las alteraciones mentales diagnosticadas y sin diagnosticar, la droga o el alcohol se cruzan en la mente de hombres o mujeres, no hay educación, ni leyes, ni razonamientos que valgan. El mejor ejemplo lo constituyen las madres; no hay población mejor entrenada y educada para cuidar y proteger a sus hijos, pero cuando la enfermedad o crisis mentales, el alcohol o la droga se cruzan en sus mentes pueden llegar a matar a sus hijos/as.

La reducción de homicidios y suicidios está vinculada con la inversión y la mejora de la sanidad pública. Uno de los mecanismos con los que ésta se está desmantelando es redefiniendo problemas sanitarios como problemas sociales; de esta forma son más baratos y políticamente rentables para los gobiernos.

Hay un número significativo de mujeres que conviven con familiares enfermos y lo desconocen; debido a la fuerte campaña sobre violencia de género y la escasa o nula información sobre salud mental, frente a comportamientos que son síntomas de patología (comportamientos y expresiones raras o incoherentes, obsesión con alguna persona, celos infundados) se interpretan como maltrato y, siguiendo la Ley de Violencia de Género, se toman las medidas establecidas contra los maltratadores (denuncia, alejamiento o prisión). Y como ni la educación ni la ley tienen ningún efecto cuando las afecciones psíquicas alteran la mente de una persona, y la cárcel no cura, cuando el enfermo-agresor sale de la cárcel la madre o esposa corren el mismo peligro o más que antes. En este periplo se han empleado toda una serie de recursos públicos que de poco han servido y la sanidad pública tanto necesita también para poder evitar homicidios y suicidios anunciados.

* Psicóloga