Diario de Noticias de Gipuzkoa

Esperando a Kokott

El próximo jueves día 8, el Tribunal de la corte de Justicia de Luxemburgo que a finales de febrero estudió el caso de la capacidad fiscal vasca se volverá a reunir en sesión pública para escuchar las conclusiones de la Abogada General Juliane Kokott

EL calendario del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de Luxemburgo indica que el próximo jueves 8 de mayo, a las nueve y media de la mañana en la Sala Tercera se expondrán las conclusiones de la Abogada General Juliane Kokott sobre el encaje de las peculiaridades fiscales vascas en el ordenamiento europeo y, más concretamente, sobre la posibilidad de que las Haciendas de la CAV puedan establecer un Impuesto sobre Sociedades diferente al del Estado español.

Las instituciones vascas tienen fundadas esperanzas de que el informe que presente Juliane Kokott sea favorable a sus tesis, ya que existe el precedente de la sentencia de este Tribunal europeo sobre el caso de las islas Azores. Tras la presentación de las conclusiones del Abogado General todavía habrá que esperar varios meses a la sentencia, pero el sentido del informe que presentará la jurista alemana es muy relevante pues en el 80% de los casos las sentencias del TJCE coinciden con el informe del Abogado. Así pues, todos los ojos están ahora puestos en Juliane Kokott, quien durante la vista para tratar la cuestión prejudicial sobre el Impuesto de Sociedades vasco no intervino para preguntar nada a las partes en litigio: las Diputaciones y las Juntas Generales, el Gobierno español y Confebask, por un lado, y los Gobiernos de La Rioja y Castilla y León y la Comisión Europea, por otro. La actitud de Kokott durante la vista celebrada en Luxemburgo a finales de febrero y la ausencia de intervenciones por su parte se interpretó en clave positiva, sobreentendiendo que la abogada tenía el tema muy claro y que su informe redundará en las tesis planteadas por el Tribunal en el caso de las Azores.

Después de que este jueves y en una nueva sesión pública la Abogada lea su informe, los cinco jueces que componen el Tribunal que vio el caso deberán adoptar una decisión sobre la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Aunque tras la celebración de la vista los representantes de las instituciones y de la patronal vasca manifestaron estar muy optimistas por el transcurso de la misma, la exposición de argumentos y la actitud del Tribunal, hasta que no se conozcan las conclusiones y haya una sentencia, todo son especulaciones. De hecho, aunque se considera que las conclusiones del Abogado General pueden ser determinantes para el sentido de la sentencia porque establecen la solución que, a su juicio, se debe dar al contencioso, los cinco jueces que componen el Tribunal no están obligados a acatar este informe. El punto de vista de la Abogada General, Juliane Kokott en este caso, sólo marca una línea de actuación y de orientación. Pero tanto si coinciden con el fallo final o no, las conclusiones nos sitúan más cerca de la resolución del contencioso fiscal vasco.

el tribunal

Cinco jueces y un ponente

El Tribunal que en febrero vio el caso de la fiscalidad vasca está formado por cinco jueces varones y presidido por el juez ponente Allan Rosas. Este juez pidió a las partes personadas agilidad en la exposición de sus argumentos e intervino en unas cuantas ocasiones. En su informe previo a la vista, el juez ponente estableció que las cuestiones a dilucidar eran si el País Vasco cuenta con autonomía procedimental y financiera, mientras que su capacidad institucional así como su encaje en el sistema constitucional español no eran objeto del debate. Las preguntas que el juez Rosas realizó durante la vista fueron dirigidas directamente a la base argumental planteada por el abogado de la Comisión Europea, que intentó dejar claro que el régimen fiscal vasco no tenía ni autonomía de procedimiento ni económico-financiera respecto a las instituciones del Estado español.

¿qué se decide?

Una cuestión prejudicial

La sentencia del caso Azores, en septiembre de 2006, propició que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco elevara a Luxemburgo una cuestión prejudicial sobre la aplicación de la doctrina europea en los numerosos litigios que comunidades autónomas vecinas al País Vasco plantean a su normativa tributaria. En concreto, los jueces europeos tienen que aclarar, a la luz de la sentencia sobre el sistema tributario de las Azores, si las Haciendas vascas cumplen los requisitos para aplicar una fiscalidad diferenciada o si, por el contrario, los tipos de gravamen inferiores y las diferentes deducciones en algunos impuestos suponen una ayuda de Estado que debe autorizar Bruselas. Se trata de determinar si la capacidad de las Haciendas forales para fijar en el Impuesto de Sociedades medidas tributarias diferentes de las de territorio común cumple los tres requisitos fijados por el TJCE: que el gobierno regional tenga un estatus constitucionalmente aceptado para hacerlo; que el gobierno central no pueda influir directamente en la elaboración de las normas fiscales, y que las pérdidas de una reducción de impuestos sean asumidas por el gobierno regional sin compensaciones.

posiciones y argumentos

Dos bandos, muchos letrados

En la vista celebrada en Luxemburgo los diferentes letrados intervinientes manifestaron dos posiciones bien claras: la de quienes defienden la capacidad y la autonomía fiscal de la CAV -el Reino de España, las Diputaciones Forales y las Juntas Generales de Gipuzkoa, Bizkaia y Álava, la Cámara de Comercio de Bilbao y la patronal Confebask, además del Reino Unido e Italia-; y la de quienes opinan que la CAV goza de unos privilegios injustificados y que su fiscalidad está subordinada a la española (la Comisión Europea, los gobiernos y algunas organizaciones de La Rioja y Castilla y León).

en contra

De Bruselas a La Rioja

La Comisión Europea sostuvo una posición de gran dureza y recalcó que los aspectos diferenciales del Impuesto de Sociedades en la CAV deben notificarse primero a Bruselas para que no sean calificados de ayuda de Estado. Su abogado sacó a relucir el tema del Cupo argumentando que "si el País Vasco tuviera que pagar un Cupo mayor, quizás no podría afrontar bajadas de impuestos".

Los abogados de Castilla y León y La Rioja atacaron el Concierto Económico y, más concretamente, la capacidad normativa en el Impuesto sobre Sociedades, calificándolo como un privilegio. El letrado de la Junta de Castilla y León incidió en el argumento de que las normas fiscales son aprobadas por organismos provinciales y no por el gobierno de la Comunidad Autónoma. Cuestionó el sistema de cálculo del Cupo por su falta de "transparencia" y aseguró que se paga "menos de lo debido". La Rioja y Castilla y León, apoyadas por la Comisión Europea, opinaron que la aplicación de un tipo del Impuesto sobre Sociedades más bajo que el del régimen general rebasa las competencias que atribuye a las administraciones vascas el Concierto Económico y aseguraron que, en la práctica, equivale a una ayuda de Estado, pues son las arcas estatales las que lo sufragan. Tanto los abogados de la Comisión como los que representan a los Gobiernos castellano-leonés y riojano y a UGT de La Rioja incidieron en que la CAV obtiene del Estado más de lo que aporta, debido al incorrecto método de cálculo del Cupo vasco.

a favor

Reinos y Diputaciones

Los letrados del Reino de España, de las instituciones vascas y Confebask expusieron sus alegaciones de forma muy didáctica y académica y se centraron en explicar el sistema fiscal del Estado español, con la coexistencia de cinco haciendas, y el Concierto Económico. El letrado de las instituciones vascas, Ignacio Sáenz de Cortabarria, subrayó que el Concierto forma parte del bloque constitucional español y trató de desmontar las acusaciones en torno al Cupo destacando que la cifra es independiente de la recaudación fiscal y, por tanto, de las modificaciones tributarias que adopten las autoridades forales. Este abogado rechazó los "discursos tendenciosos" y las "informaciones interesadas" dirigidas a tergiversar el objetivo del proceso y aseguró que cualquier eventual pérdida de financiación derivada de las rebajas fiscales es asumida por el País Vasco. Tanto este letrado como el que representa a la patronal vasca aseguraron que los ciudadanos de la CAV contribuyen a las arcas estatales más que la media nacional y reseñaron que la cuantía del Cupo no varía en función de la recaudación fiscal, sino que depende del nivel de renta y de los gastos sufragados por el Estado. Confebask, que estaba representada por los abogados de Cuatrecasas, complementó estos argumentos y se centró en los principios de autonomía fiscal establecidos por la sentencia de la Azores.

la sentencia

Una solución duradera

Algunas fuentes señalan que si la resolución del Tribunal europeo es positiva para las instituciones vascas, la capacidad tributaria de las Diputaciones forales tendrá un respaldo muy importante ante recursos o cuestionamientos judiciales futuros, mientras que si es negativa, es decir, que se niega a las Diputaciones la potestad de establecer impuestos diferenciados, el ejercicio de las capacidades que da el Concierto Económico quedará muy limitado y, seguramente, sometido a comunicación y autorización previa por parte de las autoridades europeas. Las grandes expectativas que las instituciones vascas tienen en una sentencia favorable a sus tesis se sustentan sobre el ya famoso caso Azores y es que al Tribunal europeo le resultaría muy difícil construir ahora un argumentario distinto al de aquel fallo, en el que se marcaban las condiciones para que entes distintos a los Estados puedan establecer medidas fiscales diferentes.

el escenario

Acusaciones políticas

Tras la celebración de la vista, los diputados generales de Gipuzkoa, Bizkaia y Álava y la vicelehendakari del Gobierno Vasco hicieron pública una declaración en la que reiteraban los principios de autonomía y responsabilidad fiscal. También acusaron a PSOE y PP de "judicializar y utilizar políticamente" el Concierto Económico y reclamaron su reconocimiento normativo en la legislación europea. Los representantes de las instituciones vascas aprovecharon el trance judicial por el que pasaba la fiscalidad de la CAV para denunciar las "dos barajas" con las que PP y PSOE "juegan con el Concierto", presentándose en Euskadi "como sus máximos defensores, mientras desde otras instancias se dedican a atacarlo, a recurrirlo y a utilizarlo como un arma arrojadiza más entre ellos". También indicaron que la judicialización del Concierto es un hecho de "extrema gravedad".

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