
tiene razón el secretario general de ELA, Jose Elorrieta, cuando afirma que en ese debate pernicioso al que nos tiene sumidos ETA desde hace 40 años y la discusión entre estatutistas y soberanistas, el análisis sobre la situación económica y sindical se ha situado en un segundo plano, lo que está permitiendo que se produzcan situaciones que, en un escenario de normalidad política, clamarían al cielo por lo que significa de conculcación de las libertades de los individuos.
Y en este bosque, en el que parece que lo único realmente importante es el derecho a decidir de la ciudadanía vasca y la aplicación de la agenda del lehendakari, Juan José Ibarretxe, se ha producido una decisión extremadamente grave como es el inicio de una investigación del Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia (TVDC), dependiente del departamento vasco de Hacienda, que quiere cercenar la libertad sindical y el derecho de los trabajadores frente a la libre competencia del mercado. Y aquí todo el mundo se ha llamado andanas, incluso aquellos que presumen de socialdemócratas o de izquierdas y que, colegiadamente por ser miembros de un gobierno, son tan responsables como los autores de las actuaciones.
La actuación del TVDC, al igual que algunas decisiones judiciales, significa una afrenta al derecho del trabajo y un intento de desregularizar el mundo laboral a favor de unos intereses económicos que a la larga van a provocar un aumento de la brecha entre las rentas altas y bajas y, en consecuencia, una desestructuración de la sociedad vasca, hasta ahora paradigma de todo lo contrario. El todo vale tan denostado en la política de este país no debe servir de argumento para unas prácticas liberales por parte de quien proclama no defenderlas. Y aquí es donde Ibarretxe debe pronunciarse ante el envite que ELA y LAB han lanzado el Primero de Mayo. No puede caer en saco roto la amenaza de Elorrieta de "sacar" al PNV y EA del Gobierno Vasco si éste sigue con su escalada de confrontación.
De tanto tensar la cuerda, el lehendakari ha llegado a un enfrentamiento, inaudito hasta ahora en la historia de este país, con las dos organizaciones vascas con mayor militancia y de cuota de pago, por encima de las políticas y sociales, y que representan a 109.000 y 45.000 ciudadanos, respectivamente. El ex presidente del Gobierno central, Felipe González, comenzó así y tuvo como respuesta la primera huelga de unos sindicatos contra un gobierno democrático en la historia del Estado.
De momento, ante la imposibilidad de repetir la unidad de acción de 1994 -que dio lugar al pacto de Lizarra y la consiguiente tregua de ETA-, ELA y LAB están trabajando ya en forjar alianzas en el terreno sectorial como es la siniestralidad o la presencia en las instituciones socioeconómicas. Un paso que puede dar lugar a otros ámbitos de colaboración donde la suma se convierte en elemento estratégico ante un mismo enemigo como Lakua, que no cesa de buscar la confrontación.
Ya sé que el consejero de Trabajo, Justicia y Seguridad Social, Joseba Azkarraga, está últimamente muy atareado en su segunda área de responsabilidad por las actuaciones de una Justicia que parece responder al silbato del poder político o por los problemas de las víctimas del terrorismo, pero lo que no se explica es que del grueso de su cartera, es decir, de los problemas laborales y de insistir tozudamente en la transferencia de la Seguridad Social, apenas hable, salvo cuando ocasionalmente va al Parlamento Vasco. Está claro que para Azkarraga, los problemas de los trabajadores, como es la continua sangría de muertos por accidente laboral en nuestras empresas, son menos relevantes a ojos de la opinión pública que el encarcelamiento de la alcaldesa de Arrasate, por muy grave que haya sido la decisión del juez Garzón. La interminable lista de víctimas tuvo una suma más este viernes en Abadiño. Hasta hoy, silencio.
Todavía estamos esperando a que el titular de Trabajo y Seguridad Social, que no de Justicia, dé su opinión ante el nuevo desencuentro de los sindicatos, en este caso, ELA y LAB, con la patronal en el CES, que puede significar enterrar, de una vez por todas, el entramado de las instituciones socioeconómicas de este país, si -como parece que va a ser- esas dos centrales abandonan esa institución. Si ni en el CES ni en Hobetuz está la mayoría sindical vasca, y si ni tampoco en el CRL está el sindicato mayoritario, ¿cómo se puede hablar de sociedad normalizada cuando una gran parte de los trabajadores representados por ELA y LAB se encuentran fuera del sistema? Algo raro pasa en la sociedad vasca cuando los problemas del día a día de los ciudadanos, en este caso de los trabajadores, se estigmatizan por una falta de decisión de los gobernantes.
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