Diario de Noticias de Gipuzkoa

El Tribunal Supremo sentencia que el hotel talasoterapia de Deba incumple la legalidad

el dictamen podría implicar el derribo de parte o la totalidad de la instalación

El proyecto del edificio, inaugurado en 2004, supera los límites edificables que marcan las Normas Subsidiarias

donostia . El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso que había presentado el Ayuntamiento de Deba contra una sentencia anterior y confirma que el proyecto que en 2002 aprobó el Pleno de la localidad para construir el Hotel Talasoterapia Kresala, a pie de playa, no cumple con la legalidad. Concretamente, la sentencia indica que la superficie construida supera la autorizada en las Normas Subsidiarias de la localidad.

La sentencia del Supremo se dictó en noviembre del año pasado y esta misma semana el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha remitido al Ayuntamiento una diligencia en la que le exige que ejecute ese fallo o, en el plazo de dos meses, podrían exigir la ejecución forzosa, que podría implicar, aunque no necesariamente, el derribo de parte o del total de las instalaciones hoteleras.

El Pleno de Deba aprobó en enero de 2002 un Estudio de Detalle presentado por los responsables del hotel talasoterapia Kresala y rechazó las alegaciones que había presentado el entonces concejal y miembro del grupo de gobierno, Antxon Aristi, y que provocaron en su momento que su partido, el PNV, le "retirara su confianza". El edil reivindicaba que la superficie prevista en el proyecto para algunas plantas superaba en 45 metros cuadrados lo contemplado por las Normas Subsidiarias de la localidad, mientras que el grupo de gobierno consideraba que eso suponía una "reordenación de volúmenes" y el total construido sí respetaba ese límite.

Aristi recurrió a los tribunales y en noviembre de 2003 el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dictó sentencia a su favor, y declaró nulo ese Estudio de Derecho aprobado por el Ayuntamiento. El fallo insistía en que, a pesar de que el total edificado entrara en los límites, la superficie de cada planta no podía exceder los 615 metros cuadrados previstos por los planes urbanísticos municipales. El Consistorio, sin embargo, recurrió el fallo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y decidió dejar que prosiguieran las obras conforme a ese proyecto. En los siguientes meses, miembros de EB de Deba también reclamaron al gobierno municipal que detuviera las obras, "llenas de irregularidades", por su impacto en el paseo marítimo.

Mientras se tramitaba el recurso, en agosto de 2004 el hotel abrió sus puertas y los 1.000 metros cuadrados de talasoterapia también se inauguraron en abril de 2005. En noviembre de 2007, sin embargo, el Supremo falló de nuevo desestimando el recurso del Ayuntamiento y ratificando la sentencia anterior del TSJPV, es decir, reiterando la nulidad de la aprobación del proyecto para construir el hotel y talasoterapia. La sentencia insiste en que las Normas Subsidiarias están por encima de proyectos concretos, por lo que éstos no las pueden vulnerar.

consecuencias Esta misma semana, otro escrito del TSJPV exige al Consistorio de Deba que ejecute esa sentencia. El alcalde de la localidad, Jesus Mari Agirrezabala, comentó ayer a este periódico que estudiarán con su abogado la situación y sus próximas actuaciones, aunque insistió en que el proyecto se ajusta a lo establecido por las Normas Subsidiarias.

El problema es que el citado Estudio de Detalle ya no es un proyecto, sino una realidad, por lo que cumplir la sentencia que declara que no se ajusta a la legalidad puede tener diversas interpretaciones, desde derribar las instalaciones, eliminar los 45 metros que exceden de los límites que marcan las Normas Subsidiarias o llegar a otro tipo de acuerdo entre las partes. Teniendo en cuenta que ahora mismo hay terceras personas implicados (los gestores del hostal y talasoterapia) y que las instalaciones están funcionando, fuentes jurídicas consideran que no es muy probable que se proceda a derribar la totalidad ni parte de la edificación.

De todos modos, en caso de que el Ayuntamiento declare que la sentencia es inejecutable por los perjuicios que ocasionaría, de nuevo será el Tribunal Superior de Justicia el que decidirá en qué forma se materializa el cumplimiento de la sentencia.

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