Diario de Noticias de Gipuzkoa

Jueves, 01 de mayo de 2008

Foros
Hemeroteca

Editorial

Indicios objetivos y pruebas evidentes

SEGURAMENTE, la detención de la alcaldesa de ANV en Arrasate, Ino Galparsoro, por orden del juez Garzón y el registro del Ayuntamiento por parte de la Policía Nacional, no originará una masiva respuesta social de rechazo a una medida de dudosa calidad democrática. Entre otras razones, porque el seguidismo entreguista de esa parte de la izquierda aber-tzale a la estrategia violenta y chantajista de ETA es una losa política, ética y social que les deriva directamente al autoaislamiento y asienta el rechazo social que emana del hartazgo ciudadano.

Pero su negativa a rechazar y condenar un hecho tan infame como el asesinato de Isaías Carrasco no la convierte en miembro de ETA, ni la sitúa como colaboradora de la organización terrorista. Tampoco ese lastimoso deambular entre excusas y argumentaciones sin contenido humano, político o social real para evitar reconocer lo que cualquiera de la inmensa mayoría de sus vecinos vive con hartazgo y desmoralización -el inútil asesinato de un ex concejal socialista- sirve como prueba objetiva para asentar la acusación de desobediencia judicial y quebrantamiento de las medidas cautelares de suspensión de actividades de ANV. Acusaciones tan graves en un Estado de derecho asentado sobre valores democráticos exigen pruebas evidentes e indicios objetivos.

Ni unas ni otros aparecen en la decisión de enviar a la cárcel a la alcaldesa de Arrasate. Un mínimo de higiene judicial democrática que, además, no puede obviar que su posición política como alcaldesa se deriva del respaldo democrático de la ciudadanía, incluso que ha superado una moción política de rechazo por la división partidista de los grupos que niegan la violencia como medio político. Y si la Justicia se utiliza como instrumento de intereses o venganza políticos -si se convierte en un medio no democrático de lucha contra métodos antidemocráticos- pierde credibilidad y eficacia. La Audiencia Nacional es un tribunal excepcional, lo que origina espacios de sombra en los que los principios garantistas del Estado de derecho aparecen diluidos. Ni la opinión es un delito, ni la libertad de expresión está prohibida. Y menos aún se puede olvidar que Ino Galparsoro es alcaldesa de Arrasate porque el ministro Rubalcaba dio luz verde a su lista -evidentemente, por los intereses políticos de entonces del Gobierno de Zapatero, con ETA aún en tregua-, y los tribunales la avalaron.