
Una pareja de afectados por la presunta estafa de Urbancasa, ayer, en la sala de instrucción.Foto: n.g.
donostia. El trabajo se acumula estos días en el despacho del letrado Bernardo Inza, representante legal de dos parejas de jóvenes guipuzcoanos que invirtieron todos sus ahorros en la inmobiliaria Urbancasa y que ahora, medio año después de saltar a la luz la supuesta estafa, continúan sin saber qué va a pasar con su dinero. Aguardan con expectación la instrucción del caso.
Después de varios meses en los que apenas ha habido novedades, el abogado amontonaba ayer sobre la mesa de su despacho los informes que enviará en los próximos días al juzgado para solicitar las diligencias. El objetivo es claro. "La clave está en ver si encontramos bienes para resarcir a los perjudicados, algo de lo que no tenemos noticia", confesaba antes de recibir la visita de sus clientes, con quienes marchó poco después al Palacio de Justicia.
La cita era a media mañana y todos ellos, abogados y afectados, se vieron las caras en el juzgado de instrucción número 5 de Donostia, donde firmaron el acta de reclamación de las acciones civiles y penales emprendidas contra los presuntos responsables de la estafa, Ángel Crespo y María Victoria Ferrer, en prisión desde octubre, acusados de apropiarse de unos 900.000 euros de más de una veintena de personas de la CAV y Navarra.
Hay quien mostraba ayer su sorpresa por no haber tenido constancia todavía de ningún escrito de la defensa en el que se solicite la puesta en libertad de los propietarios de la inmobiliaria. "Tampoco hay noticias de que hayan prestado declaración, un derecho que les asiste pero al que no suele ser habitual acogerse", decía un letrado. "No lo han hecho porque, de lo contrario, tendríamos los informes", confesaban las mismas fuentes.
caras de pocos amigos La cita de ayer no suponía más que una formalidad, un trámite para seguir adelante con las denuncias interpuestas en Gipuzkoa, una vez sabido que será el juzgado de instrucción donostiarra el competente. Los afectados salían y entraban de la sala cada cinco minutos, una vez ratificada su denuncia. Y lo hacían con caras de pocos amigos, como era el caso de Josean Asensio, un vecino de Lekunberri que adelantó junto a su mujer 82.000 euros por una vivienda de nueva construcción de la que nunca más se supo. "Seguimos igual de jodidos, y lo que es peor, sin ninguna esperanza de recuperar el dinero", acertaba a decir en la sala de espera de la segunda planta del juzgado poco antes de ser llamado para prestar declaración.
El calvario para esta pareja continúa medio año después. Convencidos de que Ángel Crespo les devolvería el importe de la inversión, no dudaron en meterse en una hipoteca posterior y esos 82.000 euros que todavía siguen sin recuperar los incluyeron en un préstamo puente que vencía en junio. "La situación para nosotros sigue siendo asfixiante porque en agosto ya no nos daban las cuentas y tuvimos que enfrentarnos a otra rehipoteca", declaraba Asensio, visiblemente afectado.
A escasos metros de él aguardaba una pareja de jóvenes que invirtieron su dinero por los mismos terrenos ofrecidos a Asensio. "Nuestro contrato de reserva nos daba la posibilidad de echarnos para atrás en la compra si no estábamos conformes. Dimos una señal de 12.000 euros, luego pedimos el contrato de rescisión, pero nunca más se supo del dinero", recordaba el joven afectado. Aquello ocurrió en mayo y después llegaron "un sinfín de excusas".
instrucción Una vez que concluya el trámite que tiene lugar estos días, acusación y defensa solicitarán las diligencias probatorias que abrirán la fase de instrucción. El abogado de los acusados, que se encuentran en prisión provisional a la espera de que se resuelvan las denuncias, defiende que no ha habido delito y que el tema debería solucionarse por la vía civil debido a un incumplimiento contractual. "El hecho de adeudar una cantidad de dinero no hace que esa persona sea un delincuente", expresaba en una entrevista concedida a este periódico el pasado mes de noviembre.
Los abogados de la acusación confiesan disponer de material probatorio suficiente para demostrar que se han cometido infracciones penales que, además, llevan aparejada una responsabilidad civil. "Si fuera, como dicen, un dinero perdido por invertirlo en otros negocios, habría documentos para demostrarlo. Bien al contrario, nos consta un dinero que han cobrado y que no está justificado que se haya gastado ni invertido en ningún lugar", confiesa un abogado consultado.
Documentos y testigos son los que, a partir de ahora, servirán para probar todo ello ante el juez dentro de un proceso que se antoja lento, según las mismas fuentes.
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