
Karmele Berasategi y Nekane Erauskin conversan durante un Pleno del Parlamento Vasco.Foto: marcos ruiz
vitoria. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) hizo público ayer un auto con fecha 18 de abril en el que la Sala de lo Penal se declara competente en la causa abierta contra EHAK en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, a cuyo titular, Baltasar Garzón, insta a inhibirse tanto en lo relativo a las dos parlamentarias de Ezker Abertzalea imputadas -Nekane Erauskin y Karmele Berasategi- como al resto de las actuaciones que se siguen contra Juan Carlos Ramos, Jesús María Aguirre y Sonia Jacinto, presidente y tesoreros respectivamente de la formación.
La resolución, que puede ser impugnada en un plazo máximo de tres días, también ratifica las medidas cautelares que Garzón impuso sobre la formación, manteniendo así el bloqueo de todas las cuentas, depósitos y activos financieros relacionados con el grupo parlamentario de Ezker Abertzalea y sus apoderados y representantes legales.
Esta actuación judicial es consecuencia de la vía abierta por Baltasar Garzón en febrero, cuando encauzó la suspensión de actividades tanto de EHAK como de ANV. Entonces, ya imputó a Ramos, Aguirre y Jacinto por presuntos delitos de colaboración con organización terrorista, asociación ilícita, defraudación de subvenciones y malversación de caudales públicos, en el marco de una supuesta "instrumentación económico-financiera" de EHAK para "contribuir a la actividad y fines presuntamente terroristas de Batasuna-ETA". En este marco argumental, Garzón trasladó al TSJPV un suplicatorio para estudiar si estos mismos delitos pueden ser imputables a Erauskin y Berasategi, protegidas actualmente por el fuero parlamentario y, por tanto, sólo pueden ser juzgadas por este tribunal.
Pues bien, la Sala de lo Penal no sólo ha proclamado su competencia para estudiar el caso de las dos parlamentarias, sino que también requiere a Garzón que le traslade el resto de las investigaciones para evitar "posibles contradicciones en la instrucción". Para el magistrado ponente del auto, Antón Subinas, el objetivo de este agrupamiento es "excluir el riesgo evidente que comporta el dividir, máxime sin causa que lo justifique, la continencia de la causa y evitar el riesgo de adoptación de decisiones contradictorias".
Si Garzón acepta la demanda del TSJPV, será éste -a través del instructor Antonio García- quien asuma la investigación de los presuntos delitos que justificaron la suspensión de actividades que ordenó la Audiencia Nacional en febrero. >m.i.
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