Diario de Noticias de Gipuzkoa

Comisarías bajo sospecha

La sentencia del Tribunal Constitucional que admite una duda "razonable" en existencia de torturas en el caso de Alberto Viedma marca un nuevo hito en la mejora de los mecanismos para evitar malos tratos policiales

H ACE dos años fue el llamado Protocolo Garzón y ahora es una sentencia del Tribunal Constitucional la que aboga por habilitar los medios necesarios para despejar dudas sobre la existencia de torturas a personas detenidas por su vinculación a ETA. La Ertzaintza tomó la delantera y ya en 2003 abrió la brecha que le ha llevado a ser un cuerpo de referencia en Europa en la aplicación de mecanismos para la prevención de los malos tratos, como la grabación de todo el recorrido de los arrestados en comisaría.

Todas estas medidas son hitos en el camino para reforzar las garantías de un sistema bajo sospecha, dado el elevado número de denuncias por torturas que acumula y casos recientes sonados, como los supuestos malos tratos a Igor Portu y Mattin Sarasola, que el pasado mes de enero llevaron al primero a tener que ser ingresado de urgencia en la UCI del Hospital Donostia y obligaron al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a defender públicamente la actuación de los agentes que detuvieron a ambos.

La denuncia sobre estos hechos fue admitida a trámite en un juzgado de Donostia y se encuentra en período de instrucción, tras la toma de declaración de ocho guardia civiles. Esta misma semana, los arrestados por kaleborroka en Oarsoaldea también han denunciado malos tratos en los interrogatorios.

"La tortura es un delito y toda medida que contribuya a esclarecer la verdad y llegar a mayores cotas de justicia no puede ser sino un refuerzo para el Estado de Derecho. No hay que olvidar, además, que los mecanismos de prevención de la tortura son una garantía mutua: para los detenidos, que si no hay otros elementos de prueba como vídeos o agentes externos sólo cuentan con su testimonio para denunciar los malos tratos, y para los agentes de policía, ante posibles falsas denuncias", asegura Andrés Krakenberg, coordinador de Amnistía Internacional en Euskadi y Navarra.

En este sentido, la sentencia hecha pública esta semana en la que el Tribunal Constitucional concede su amparo al miembro de ETA Alberto Viedma y reconoce que existía una duda "razonable" de que sufriera torturas cuando se archivó su denuncia por malos tratos contra la Guardia Civil marca un antes y un después.

Una denuncia prototípica

El caso de Alberto Viedma

Viedma, condenado por el asesinato del edil de UPN Tomás Caballero y el subteniente del Ejército Francisco Casanova, representa un caso prototípico de denuncia de torturas. El joven fue detenido en Pamplona en febrero de 2002 y en un primer reconocimiento médico en el hospital de la capital navarra se le diagnóstico una taquicardia, una inflamación en la espalda y síntomas de mareo que la médico que le atendió solucionó con una pastilla para los "nervios".

Ya en dependencias de la Guardia Civil en Madrid, aseguró sufrir todo tipo de "golpes y presiones psicológicas, insultos, humillaciones y amenazas", según el relato de su denuncia al que ha tenido acceso este periódico, en la que sostiene que los agentes que le interrogaron le pusieron una bolsa en la cabeza para provocarle la sensación de asfixia hasta en ocho ocasiones.

El temor a estar ante un falso médico forense y las amenazas de los guardias civiles le llevaron a negar que estuviera siendo maltratado cuando volvió a ser reconocido por un especialista durante el período de incomunicación. Ahora, el Constitucional estima que el caso se cerró cuando había aún "sospechas razonables" de delito y alude a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para argumentar que las denuncias de tortura, especialmente sensibles y caracterizadas por la escasez de pruebas, deben mirarse con lupa.

El Grupo Contra la Tortura de Euskal Herria (TAT) es escéptico sobre la efectividad de los mecanismos que se aplican en las comisarías para evitar los malos tratos a los detenidos y las garantías que asisten a los denunciantes en procesos "donde jueces y acusados están en el mismo bando". Lamenta, además, la media de nueve años que tardan en resolverse estos casos.

No obstante, considera un precedente positivo que el Constitucional critique el archivo precipitado de una denuncia de referencia. Según sus datos, de las casi 5.000 denuncias que por tortura que se han puesto en Euskadi y Navarra apenas una treintena han pasado a la fase de juicio oral, lo que "corta de raíz cualquier posibilidad de que se esclarezcan los hechos".

La efectividad de las condenas es otra batalla pendiente para el TAT, que denuncia los indultos que finalmente se acaban concediendo a los agentes considerados culpables. Sus cómputos indican que en 30 años han sido condenados 42 guardia civiles, 19 policías nacionales y 10 ertzainas con penas que en la mayoría de los casos no pasan de entre los 6 y 3 meses de arresto mayor y un máximo de un año de inhabilitación, pero que en muchos casos se han quedado sin efecto, ya que 28 agentes del instituto armado y 13 policías resultaron finalmente indultados.

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