Diario de Noticias de Gipuzkoa

Los imputados de Gestoras renuncian a su defensa ante una "sentencia escrita"

olano considera que la instrucción judicial obedece a un objetivo político del gobierno

Los procesados siguen una estrategia común y culpan al Ejecutivo socialista del fracaso del proceso de paz

vitoria. Fieles a una estrategia común, los 27 imputados en el juicio contra Gestoras Pro Amnistía y su sucesora, Askatasuna, optaron ayer por renunciar a su derecho a la defensa y a 200 de sus testigos en la primera jornada de la vista que comenzó ayer en la sede de la Audiencia Nacional en la Casa de Campo de Madrid, lo que provocará que la celebración del juicio prevista para los próximos tres meses se limite a apenas unas semanas.

El líder de este movimiento, Juan Mari Olano, fue el primero en declarar y el encargado de marcar la pauta de lo que fueron las sucesivas intervenciones de sus compañeros de banquillo. Respondió únicamente a las preguntas de su abogado y guardó silencio ante la Fiscalía y la acusación popular, representada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

Sobre los imputados pesa una acusación de pertenencia a organización terrorista para la que el fiscal Carlos Bautista solicita una condena de 10 años de prisión, solicitud que está basada en el escrito redactado por el fiscal Enrique Molina, quien abandonó la Audiencia en verano. En este documento, el letrado atribuye hasta 12 funciones o características a Gestoras Pro Amnistía, entre las que figuran controlar al colectivo de presos, servir de enlace entre éstos y la dirección de ETA y asegurar su sometimiento a la disciplina orgánica de la banda armada.

Antes estas acusaciones, Olano destacó que el tribunal "está a miles de kilómetros de la imparcialidad" y aseguró que la sentencia contra este colectivo "está escrita", al considerar que la instrucción se ha desarrollado con un "objetivo político".

críticas políticas Tras la declaración de Olano se sucedieron las intervenciones del resto de imputados, quienes criticaron la actitud del Gobierno español durante la tregua y al que responsabilizaron de la falta de éxito de esta iniciativa. Así lo expuso la integrante de la Mesa Nacional de Batasuna y única imputado encarcelada, María Teresa Díaz de Heredia, para quien el Estado "desaprovechó" una ocasión de alcanzar la paz que "desde Euskal Herria" se vivió con "esperanza de resolución del conflicto".

El resto de acusados siguieron el guión preestablecido y describieron de distintos modos la "represión" sufrida en el País Vasco. Asimismo, justificaron sus actividades en el "gasto" que tenían que afrontar los familiares de los presos de ETA para completar un total de 3.000 visitas mensuales, según describieron los integrantes de la agrupación.

Como respuesta a estas impresiones, el nuevo presidente de la AVT, Juan Antonio García Casquero, aseguró en las puertas del tribunal que las víctimas de la banda armada "no gozan del respeto a los derechos humanos" que, a su entender, sí tienen los presos de la organización terrorista. >n.g./agencias

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