
Varias personas acuden a una nave para asistir a una subasta de maquinaria industrial.Foto: david moreno
donostia. Los juzgados de Gipuzkoa subastarán bienes por valor de medio millón de euros en los próximos meses, una cantidad que asciende hasta los dos millones si se amplía al resto de las subastas judiciales de la CAV. Fincas, pisos y vehículos, principalmente, componen el grueso de los embargos a los que puede optar cualquier ciudadano con precios realmente interesantes. En la capital guipuzcoana, por ejemplo, se podrá pujar por un Seat Ibiza con precio de partida de 350 euros o un bajo en la calle Urbieta por 414.505 euros.
Hasta finales de mayo, los juzgados de Gasteiz, Donostia, Bilbao, Balmaseda o Durango subastarán una docena de pisos, bajos y terrenos, además de ocho vehículos, lotes que son fruto de situaciones desagradables y que acaban por beneficiar a terceras personas.
En una época de incertidumbre económica, las subastas suponen una oportunidad de adquirir bienes a buen precio, aunque la concurrencia a este tipo de actos ha sido una constante desde siempre, abierta a personas especializadas en conocer al detalle las oportunidades que se esconden tras quiebras voluntarias, enajenaciones a menores o incapacitados, decomisos y abandonos. También la propia Administración opta en ocasiones por desprenderse de patrimonio. Un ejemplo llamativo fue la salida al mercado en 2006 de la casa cuartel de la Guardia Civil en Urkiaga, ejecutada por el Ministerio de Interior.
En la página del Departamento de Justicia del Gobierno Vasco (www.justizia.net) figura toda la información necesaria sobre los bienes que los ciudadanos pueden adquirir a buen precio hasta finales de mayo. Todo ello con precios de salida que, en el caso de las viviendas, oscilan entre los 48.000 euros en la calle Los Herrán de Vitoria, hasta los 360.000 de un piso en Bilbao. También se dan casos, como el de una vivienda en la calle Baiona de Gasteiz, en los que el precio de salida es de cero euros, o un piso en Amorebieta por un euro.
La legislación que regula las subastas judiciales, la Ley de Enjuiciamiento Civil, fue reformada en 2000, y establece que si se alcanza un 50% del precio en bienes muebles, o un 70% en bienes inmuebles, estos se adjudicarán al mejor postor. En el caso de que esa oferta se establezca a condición de que se pague a plazos, el ejecutante tiene unos días para mejorar la postura. Cuando las ofertas son inferiores a esos 50% y 70%, la víctima del embargo tiene prioridad de mejorar postura a través de un tercero.
La posibilidad de lograr el mejor precio pasa por ofrecer únicamente un 30% en bienes muebles y un 50% en bienes inmuebles, o incluso el importe de la deuda más intereses y costas. La dificultad estriba en que tanto el ejecutante como el ejecutado tienen mucha más facilidad para contraofertar.
Sólo existe una manera de evitar que los bienes muebles o inmuebles de un ciudadano pasen a otras manos cuando la amenaza del embargo pesa sobre su patrimonio, presentar la cantidad que reclama el ejecutante y los correspondientes intereses antes o durante el acto de requerimiento.
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