Diario de Noticias de Gipuzkoa

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Los seis últimos atentados de ETA han causado daños por 4,3 millones de euros a 887 personas

los ciudadanos , los más afectados por los explosivos

Los vecinos de Durango, Sestao, Balmaseda, Bergara, Derio y Calahorra tratan de pasar página

Una mujer barre los cristales rotos por la explosión de Derio.Foto: o. m.

Unai Muñoz enviar a un amigo imprima este texto texto normal texto medio texto grande

donostia. Detrás de las valoraciones políticas, las condenas espontáneas y los llamamientos a la unidad que brotan por cada esquina después de un atentado de ETA se esconde una realidad que se puede cuantificar. Es el precio de la sinrazón. Los vecinos de Durango, Sestao, Balmaseda, Bergara, Derio y Calahorra han padecido en los últimos meses las consecuencias de los artefactos explosivos colocados por la organización armada, que, desde que anunciara la ruptura del alto el fuego permanente, ha causado daños materiales a casi un millar de ciudadanos de a pie. Frente a los cuarteles de la Guardia Civil, los juzgados de guardia y las casas del pueblo que quedaron destrozadas en cada acción, aparecen damnificados anónimos.

Según datos facilitados a este periódico por el Consorcio de Compensación de Seguros -entidad pública, adscrita al Ministerio de Economía y Hacienda, encargada de tramitar las ayudas relacionadas con los actos terroristas-, un total de 887 personas -sumando las demandas de 261 vecinos de Calahorra que restan por tramitar- han presentado un expediente por daños en sus hogares o negocios en los últimos seis atentados registrados en núcleos urbanos, destrozos que ascienden a 4,3 millones de euros -contando el millón setecientos mil euros que se prevé abonar en la localidad riojana tras revisar los expedientes-, según la misma fuente, aunque, hasta la fecha, el Consorcio de Compensación de Seguros únicamente ha adelantado 700.000 euros a los afectados. La desinformación de los afectados, la burocracia y los expedientes pendientes dificultan el pago de las indemnizaciones.

Casa cuartel de Durango

Primer atentado tras la tregua

Una furgoneta cargada con entre ochenta y cien kilos de explosivo destrozaba en la madrugada del 24 de agosto del año pasado la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Durango. La explosión fue de tan envergadura que los cristales y los trozos de pared y chapa invadieron toda la calle Urkiagatorre. Era el primer atentado de relevancia de la organización terrorista tras su anuncio de ruptura del alto el fuego. Ocho meses después de la explosión la zona ha recuperado la normalidad. El lavado de cara ha costado 405.000 euros al Consorcio de Compensación de Seguros, que tuvo que tramitar los expedientes de 169 personas que presentaron la pertinente reclamación.

juzgado de paz de sestao

Las sedes judiciales en la diana

El 16 de diciembre del año pasado, un Sestao engalanado con las luces navideñas vivió una pesadilla por unas horas. Por suerte, el artefacto compuesto de unos cinco kilogramos de explosivo que ETA colocó en la entrada del Juzgado de Paz de la localidad no ocasionó heridas de consideración a nadie. El objetivo elegido por la organización armada se repetirá meses después, con el ataque al juzgado de Bergara. La Audiencia Nacional es la que trata temas de terrorismo, aunque los miembros de ETA ponen en su diana los juzgados de paz, objetivos más fáciles.

La deflagración pilló por sorpresa a los vecinos que vivían frente al edificio sestaoarra y al día siguiente empezaron a desfilar por la oficina de atención a las víctimas habilitada para presentar sus demandas y preguntas y tratar de averiguar quién corre con los gastos. Los afectados, un total de 34 personas, se encuentran, como suele ser habitual en los casos de terrorismo, con lo que algunos seguros no se hacen cargo de los arreglos, por lo que tienen que esperar a que los peritos del Consorcio de Compensación de Seguros calibren la cuantía de los daños. Hay vecinos que piensan que por una ventana rota que cuesta cincuenta euros arreglarla no les merece la pena tanto papeleo, aunque tras las inspecciones las indemnizaciones ascienden a más de 62.000 euros.

casa del pueblo de balmaseda

Navidad rota

El mejor ejemplo del desconcierto que genera ETA después de cada atentado es el que vivió una treintena de familias en Balmaseda. En plena Nochebuena, con las cocinas a pleno rendimiento y las mesas engalanadas para la ocasión, la sinrazón de ETA pasó por la villa encartada. A la hora en la que el monarca español pedía en su tradicional discurso de Navidad unidad a todos los partidos políticos en la lucha contra el terrorismo, una bomba compuesta por cinco kilogramos de cloratita arrasaba una de las casas del pueblo que el Partido Socialista tiene en la localidad. El impacto fue brutal y los destrozos considerables. La noche se acabó para muchos. Aunque pudo ser peor, ya que el comunicante que avisó a SOS Deiak de la colocación del artefacto no precisó -porque no sabía o no quería- que en Balmaseda existen dos sedes sociales del PSE: la histórica, algo alejada del centro, donde estalló la bomba, y otra en el casco antiguo.

Quince familias tuvieron que pasar los siguientes días lejos de sus hogares. Cristales rotos, ventanas desencajadas y grietas en las paredes. Éste era el panorama de los números 16, 18 y 20 de la calle Estación de Balmaseda. En total, 34 personas solicitaron indemnizaciones por un montante de 218.000 euros.

Juzgado de paz de bergara

Atentado en territorio ANV

Otra vez un juzgado de paz vuelve a ser el objetivo elegido por ETA. Esta vez le toca al de la localidad guipuzcoana de Bergara. Quince kilogramos de un explosivo muy potente destrozan en la noche del 8 de febrero la sede judicial y causan cuantiosos daños materiales en los comercios adyacentes, así como en varios coches estacionados en las inmediaciones. Los importantes daños causados por la deflagración apuntan a que la organización armada utiliza por primera vez amonitol, el nuevo y potente explosivo con el que cuentan los activistas. Tras la deflagración, un panorama bien conocido. Cristales por los suelos, chatarra en la calzada y caras de incredulidad. El atentado se resume en 33 expedientes registrados que suman más de 127.000 euros en indemnizaciones.

Casa del pueblo de derio

Irrupción electoral

Otra vez una sede socialista salta por los aires. Tras la de Balmaseda, esta vez le toca sufrir los estragos de un atentado a la Casa del Pueblo de Derio. El 29 de febrero, en plena campaña electoral, ETA realiza su peculiar propaganda destrozando el local del PSE en esta localidad. Seis días antes, la organización armada ya se había dejado notar colocando una bomba trampa en un repetidor del monte Arnotegi, aunque la explosión en la localidad deriotarra salta a la primera plana de la agenda política. Una llamada en nombre de la organización alerta poco antes de la medianoche de la colocación de dos bolsas con explosivos en la entrada de la sede de los socialistas -ubicada en la calle Gernikako Arbola- que estallaron a la una de la madrugada sin provocar heridos. Eso sí, 48 viviendas tuvieron que ser desalojadas por unas horas. Un total de 17 personas presentaron demandas de indemnización y el Consorcio de Compensación de Seguros calcula que tendrá que abonar alrededor de 77.000 euros a los damnificados.

Casa Cuartel de calahorra

Récord de indemnizaciones

ETA recuperó el pasado 21 de marzo el coche bomba. El lugar elegido fue la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Calahorra. Y el resultado no pudo ser peor. En pleno Viernes Santo, con la Semana Santa en sus primeros coletazos, la explosión provoca un panorama desalentador. Afortunadamente, sin víctimas mortales ni heridos de consideración, los daños son materiales. 350 viviendas afectadas en mayor o menor medida, 100 locales y 51 vehículos sacudidos por la onda expansiva. Es el atentado más virulento desde el que destrozó uno de los aparcamientos de la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas y las reclamaciones no se hacen esperar.

Hasta la fecha, el Consorcio de Compensación de Seguros ha registrado 339 expedientes por un importe de 1,7 millones de euros, aunque la administración pública estima que llegará a las 600 reclamaciones por un montante que puede alcanzar los 3,5 millones de euros. Cuatro inmuebles de la localidad riojana siguen a la fecha de hoy desalojados y sus inquilinos permanecen en casas de alquiler o en hoteles. Hechos que demuestran que la violencia de ETA no es, ni mucho menos, gratuita.

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