Diario de Noticias de Gipuzkoa

Ninguno de los últimos doce expedientes contiene pruebas concluyentes contra Bravo

no incluyen documentos que acrediten que el imputado se apropiara de dinero

Sólo en cinco de los casos los contribuyentes afirman haber realizado pagos que luego no figuran en las arcas forales

Donostia. En los doce últimos expedientes que la Hacienda foral ha entregado en los juzgados de Irun relativos al caso de las presuntas malversaciones en la oficina tributaria de la ciudad fronteriza no se aprecian pruebas concluyentes contra el principal imputado, el ex director de esa delegación del erario, José María Bravo, ni contra ninguno de los otros cuatro acusados.

Los doce expedientes, a los que ha tenido acceso NOTICIAS DE GIPUZKOA, se refieren a deudas tributarias gestionadas por las oficinas de Irun, Errenteria, Eibar y Donostia, y en ellos no se incluyen justificantes ni pruebas documentales de que Bravo se apropiara de cantidad alguna, como sí ocurrió presuntamente, según Fiscalía, en algunos de los 37 expedientes iniciales investigados por el propio Ministerio Público con la colaboración de la Ertzaintza y Hacienda.

El departamento foral presentó el pasado mes de enero 51 expedientes a la anterior instructora del caso, la magistrada Almudena Ovejero, que estimó necesario que Hacienda realizara una criba para que se adjuntaran al sumario sólo aquéllos en los que se apreciaran pruebas claras de existencia de delito.

Según informó ante las Juntas Generales el diputado foral de Hacienda y Finanzas, Pello González, durante el mes siguiente la Hacienda foral llevó a cabo una investigación más intensa, "como si fuera la Policía Judicial", para lo cual llamó a declarar a los contribuyentes afectados. Fruto de esa labor fueron los doce expedientes que, según Hacienda, serán los últimos que se adjunten a la causa porque ya existen pruebas suficientes para exigir responsabilidades penales y porque no se desea alargar el sumario en exceso.

De los doce últimos casos enviados a la jueza por la subdirección general de Recaudación y Oficinas Tributarias de la Hacienda guipuzcoana, cinco fueron remitidos "porque en las entrevistas mantenidas por personal del departamento con los titulares de los expedientes o sus representantes, han manifestado que han realizado pagos en metálico y en los datos existentes no hay constancia de que esos pagos fueran ingresados en las cuentas forales".

Otros tres expedientes fueron remitidos a la jueza "porque son sociedades vinculadas al contribuyente C.O.S., que aparece en otros casos del sumario en los que ha habido pagos que no han sido ingresados en Hacienda". Por último, los cuatro restantes los trasladó el departamento foral al juzgado "porque los contribuyentes titulares de los expedientes han hecho caso omiso a las notificaciones que se les ha realizado para que se pusieran en contacto con Hacienda".

Los doce expedientes se centran en liquidaciones de deudas que fueron dadas de baja por prescripción o insolvencia (por un importe total de 444.000 euros) en la oficina de Irun y Errenteria desde el año 1989, en el que Bravo pasó a ser jefe por delegación de la primera de esas dos sucursales de Hacienda, y el año 2000. El principal imputado en las diligencias previas que se siguen en el juzgado de instrucción número dos de Irun -ahora a cargo de la jueza Arantza Brizuela- ejerció ese cargo hasta abril de 2004, año hasta el que existen expedientes de deudas dadas de baja y presuntamente cobradas por él, que no fueron ingresadas en las arcas forales.

En esos expedientes considerados incriminatorios por la Fiscalía, aparecen justificantes aportados por contribuyentes en los que se constata que las deudas fueron cobradas tanto en metálico como con talones.

Sin embargo, en los últimos doce expedientes, no aparece ningún justificante de embargo de metálico ni ningún documento de pago. Hacienda se remite a las declaraciones de los contribuyentes para constatar que éstos realizaron acciones encaminadas a saldar sus deudas.

constructora en crisis De los últimos doce expedientes, uno de ellos se refiere a una deuda con una baja total de elevada cuantía, 292.693,62 euros, correspondiente a una empresa constructora de Irun. Hacienda llamó a una de los cuatro socios (dos hermanos y sus esposas) de la sociedad, que narró que la compañía, a principios de los años noventa, tenía deudas fiscales a las que no podía hacer frente. Esta mujer contó al técnico de Hacienda que le entrevistó que José María Bravo le llamó y le comunicó que, "visto el volumen de trabajadores de la constructora y los problemas que atravesaba, Hacienda podía ayudarles negociando el pago de la deuda".

Según su testimonio, quedaron en un pago de 9,5 millones de pesetas que se realizó en varias partes. En los registros de Hacienda figuran, a partir de agosto de 1991, ingresos de esta empresa, a la que se intentaron embargos en cuentas corrientes y bienes inmuebles, con resultado negativo. En las cuentas del erario guipuzcoano aparecen liquidaciones por importes de 17 millones de pesetas y de 3,7 millones de pesetas. Más tarde, figura un pacto para un plan de pagos para seis meses por una cantidad de 3.491.350 pesetas mensuales. En enero de 1992 el deudor abona tres millones de pesetas y en junio de ese mismo año se adjunta al expediente un justificante de embargo en metálico por 600.000 pesetas ingresado en las arcas forales. En el año 95 se realizan dos bajas de deudas por insolvencias relativas a esta constructora, que había causado baja de actividades económicas en 1993 y que en 1994 fue declarada por la Seguridad Social como crédito incobrable.

Según la Hacienda foral, los indicios que aparecen en este expediente y que motivan su envío al juzgado son únicamente "cantidades fuertes y pagos fraccionados". La contribuyente dijo que intentaría buscar constancia escrita sobre los pagos pero no aportó al final documento alguno.

Otro de los expedientes corresponde a un albañil de Irun que declaró ante Hacienda que Bravo le comunicó que tenía una deuda pendiente de unas 400.000 pesetas y que las pagó en metálico al ex jefe de la oficina tributaria en dos plazos. Según Hacienda, el pago no aparece como ingreso, pero el contribuyente no guarda documentación.

Un expediente se refiere a un contribuyente que testificó ante Hacienda que en 1988 tuvo una deuda de unas 128.000 pesetas con el fisco, pero que no recordaba bien los hechos por los años transcurridos. Sin aportar documentación, dijo que acudió a una oficina de Hacienda en la Avenida de la Libertad de Donostia, donde intentó negociar porque no podía pagar todo el importe. Aseguró que la deuda se quedó en 25.000 pesetas que abonó en metálico en ese mismo lugar. La deuda se dio de baja en Irun en el año 1997 por un importe de 641,79 euros, cuyo ingreso no consta.

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