
Donostia. Uno de los últimos doce expedientes trasladados por la Hacienda foral a los juzgados de Irun sobre el caso de las supuestas malversaciones en la delegación tributaria de la ciudad fronteriza incluye dos documentos Justificantes de Ingreso firmados por el principal imputado en la causa, el ex jefe de la oficina, José María Bravo, y en los que se constata la anotación de dos pagos de un contribuyente por 200.000 pesetas cada uno, que luego aparecen como ingresados en las arcas del erario guipuzcoano.
Se trata del caso de un taller mecánico de Hondarribia, cuyo propietario fue llamado a declarar el pasado febrero pero esta persona comunicó que en invierno reside en Huelva y que regresaría a Gipuzkoa a mediados de abril razón por la que su testimonio fue transmitido por teléfono. El contribuyente explicó que en 1992 su empresa entró en crisis y al año siguiente Bravo le citó y llegaron a un acuerdo para realizar pagos de 200.000 pesetas, que efectuó "cinco o seis" abonos entre los años 1993 y 1994 y que, cuando el negocio cerró, dejó de pagar.
Según los datos de Hacienda, sólo figuran los citados dos pagos de 200.000 pesetas, en septiembre y octubre de 1994. En el expediente aparece un documento fechado el 8 de febrero de 1994 en el que el taller mecánico propone un plan de pagos entre ese año y 1998. En 1994 se ofrecen cuatro pagos de 200.000 pesetas y ocho pagos en 1995, de 225.000 pesetas. No figuran más documentos y sólo el testimonio telefónico del contribuyente alude a más pagos.
inundaciones En otro de los últimos doce, expedientes, una contribuyente de Hondarribia, que afirmó tener amigos comunes con Bravo, dijo a Hacienda que en 1996 pagó unas deudas pendientes en metálico al ex jefe de la oficina de Irun que, según Hacienda, no aparecen como ingreso. Esta persona afirmó que no guarda documentación de esos pagos porque sufrió varias inundaciones.
Los técnicos de Hacienda que han llevado a cabo la investigación de estos últimos expedientes reflejan en los mismos que han tratado de ponerse en contacto con contribuyentes, sin éxito. En uno de los casos, el agente del departamento foral habló con el titular de un expediente y "quedó en que llamaría para fijar cita pero, después de más de un mes, no ha telefoneado pese a que se le comunicó de nuevo el requerimiento a la empresa de su propiedad". Por todo ello, Hacienda considera que el citado "se niega a venir", razón por la que remite el caso al juzgado. Así sucede también con otro contribuyente, que el pasado febrero comunicó a Hacienda que estaría fuera dos semanas y que después llamaría, pero no lo hizo. El técnico del departamento le dejó varios mensajes en el teléfono móvil, pero no fueron contestados. En otros dos expedientes sucede exactamente lo mismo.
En todos ellos, Hacienda cree que se dieron de baja deudas que luego no constan como ingresadas, si bien, al no contar con el testimonio de los titulares, ni de prueba documental que certifique que existieron pagos, tendrá que ser el juzgado el que determine si se aprecian indicios de delito.
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