Diario de Noticias de Gipuzkoa

Sábado, 12 de abril de 2008

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Colaboración

Las injustas sospechas de Azkarraga

por Susana García Chueca

el sr. Joseba Azkarraga, consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, en una rueda de prensa celebrada el pasado 3 de abril, hizo públicas las conclusiones de un estudio sobre el perfil de los perceptores de Renta Básica. Aunque aparentemente el estudio tenía como objetivo contrastar las posibilidades de empleabilidad de este colectivo, una vez más el consejero centra su mensaje en difundir la idea de riesgo de fraude.

No estoy sorprendida, aunque sí indignada, porque no es la primera vez que lo hace. Es parte de su fijación incomprensible con aquellas familias en situación de necesidad que reciben una renta de subsistencia y que no han estado perfectamente localizadas y disponibles para contestar a sus preguntas (más de un lector habrá vivido alguna situación similar).

El estudio trata de identificar fraude con personas que reciben Renta Básica no localizadas a pesar de que, como ocurrió en Donostia y en otros municipios, se informara a la empresa contratada de que algunas de las personas que figuraban como no localizadas, en realidad habían cambiado de municipio de residencia y que conocíamos perfectamente su nueva dirección; a pesar de que se les indicara que la mayoría de las personas no localizadas en primera instancia estaban perfectamente localizadas. No quisieron tomar nota. Finalmente, con unos datos erróneos o no contrastados adecuadamente, se ha transmitido la idea de un comportamiento fraudulento entre las personas que perciben la Renta Básica, entre las personas que por su situación de exclusión o de riesgo de exclusión, más necesitan de nuestra ayuda.

Lo que sí sería sorprendente es que el consejero no conociera los procedimientos que, en normativa dictada por él mismo, establecen que cada seis meses los Servicios Sociales municipales realizan un seguimiento de todas las personas y familias perceptoras de Renta Básica. Pero es que sí lo sabe; ahí es donde aparecemos en sus pensamientos los Servicios Sociales municipales para reprendernos porque no estamos haciendo bien nuestro trabajo, "no realizamos la labor adecuada de seguimiento y control", a pesar de que el Gobierno Vasco nos facilita técnicos de refuerzo. Entenderá el sr. Azkarraga que no compartamos su análisis: ni de "riesgo de fraude" ni de "no extremar el celo en el desempeño de nuestro trabajo".

Quizás si el Gobierno Vasco no hubiera dividido los Servicios Sociales en dos departamentos (Vivienda y Justicia) con poca conexión entre sí, tendría una perspectiva más global de lo que está ocurriendo. Sabría que los Servicios Sociales municipales somos la puerta de acceso de las personas con necesidades a muchos programas (no solamente los suyos), en cada vez mayor cantidad. Sabría que los Servicios Sociales municipales hacemos la valoración de todas las demandas sociales que se producen en nuestros municipios, las tramitamos, atendemos y canalizamos. Y lo hacemos en un entorno institucional complicado (servicios sociales repartidos en cuatro niveles administrativos) y una normativa (dictada por otras Instituciones), en constante cambio, que tratamos de aplicar y gestionar con eficacia directamente ante las personas que demandan soluciones inmediatas.

Y lo que vemos todos los días en estas personas son muchos problemas reales y mucha necesidad de ayuda. El fraude no es tan frecuente como quiere hacer ver y cuando aparece, no tenga la menor duda de que actuamos con responsabilidad y dedicamos todo nuestro esfuerzo a aplicar las normas con el rigor necesario.

Desde la responsabilidad política que a cada uno nos toca, deberíamos centrar nuestros esfuerzos en el objetivo de resolver los problemas de la ciudadanía de la manera más eficaz posible. Y además, deberíamos hacerlo utilizando la pedagogía para que la ciudadanía entienda por qué tomamos ciertas decisiones, qué intentamos conseguir con ello, cómo gastamos el dinero público, etc.

En cualquier caso, y especialmente desde los Servicios Sociales, no deberíamos lanzar mensajes confusos, cuando no inciertos, que sólo abundan en engordar ideas preconcebidas y falsas que circulan por ahí.

Aunque viendo lo que se ha reflejado en los medios y anticipando su efecto en la opinión pública, nos preocupa mucho que se trate de una maniobra deliberada que pretenda preparar a la sociedad para futuras restricciones de la política social dirigida a personas con dificultades económicas. Esperamos equivocarnos, sr. Azkarraga. De verdad.

Mientras tanto, usted podrá seguir contando con los ayuntamientos vascos desde la lealtad y la responsabilidad, para contrastar todas aquellas medidas que tengan como finalidad una mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.

* Concejala-Delegada de Bienestar Social del Ayuntamiento de Donostia