
Un hombre fuma un cigarro en el exterior de un local.Foto: j.c. hidalgo
vitoria. La reunión que el pasado día 4 mantuvieron los responsables del Gobierno Vasco y Eudel para acercar posiciones de cara a aplicar de forma efectiva la Ley Antitabaco dentro de la CAV no será la única que se celebre para abordar este espinoso tema normativo. Según manifestaron ayer fuentes de Eudel, los representantes de los municipios vascos han reclamado ya a Lakua la puesta en marcha de nuevos encuentros para dejar bien atados todos los flecos de la legislación antes de lanzarse a su aplicación.
Por ahora, lo único que ha trascendido del contenido del encuentro que tuvo lugar en Bilbao el pasado viernes y que adelantó este periódico ha sido la voluntad del Ejecutivo autonómico de alcanzar un pacto con los ayuntamientos que, en principio, podría materializarse en forma de reparto de funciones dentro de los diferentes ámbitos de tramitación de la normativa. Este desbloqueo de la situación, enquistada desde hace más de dos años, llega en un momento en el que ambas instituciones coinciden en apuntar que se ha alcanzado una situación "insostenible", ya que las denuncias se acumulan sin que nadie las gestione ni se cumpla la ley.
El principal escollo que los ayuntamientos han puesto de manifiesto cada vez que se les ha pedido que apliquen la normativa ha sido la falta de recursos económicos, por lo que han solicitado en varias ocasiones al Gobierno Vasco que se les compensara su implicación. El problema es que casi todas las denuncias recibidas hasta la fecha se concentran en las tres capitales vascas y no existe una manera de medir cuánto dinero hay que aportar por cada una de ellas para poder ofrecer un trato igualitario a todos los consistorios.
planificación conjunta El consejero vasco de Asuntos Sociales, Javier Madrazo, acudió al encuentro del viernes acompañado por su mano derecha en el departamento, Fernando Consuegra. Una vez en la sede bilbaína del Gobierno Vasco, se entrevistaron con Jokin Bildarratz y Mar Zabala, presidente y directora de Eudel, respectivamente, para proponerles la posibilidad de gestionar de forma conjunta la gestión de los expedientes.
En marzo de 2006, ambas partes protagonizaron una primera ronda de contactos para negociar "en un ambiente de cordialidad" el reparto de competencias mientras llegaban las primeras denuncias tramitadas por este motivo.
En aquella ocasión, el Ejecutivo autonómico y los consistorios trataron de aclarar qué instituciones debían asumir la capacidad de sancionar y de qué manera los incumplimientos, pero las conversaciones no llegaron a buen puerto.
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