
El consejero de Interior Balza, ayer, junto a la presidenta de la comisión de Mujer y Juventud, Auzmendi.Foto: efe
Donostia. La falta de sintonía y la disparidad de criterios entre el Gobierno Vasco y la Asociación contra la Violencia Doméstica, Acovidem, resulta evidente. El consejero de Interior, Javier Balza, respaldó ayer sin fisuras la decisión de la Ertzaintza de retirar la escolta a tres mujeres guipuzcoanas víctimas de malos tratos por "no sufrir un riesgo especial". Horas después, Sonia Franco, una de las perjudicadas, sin protección policial desde el pasado 9 de febrero, admitía a este periódico que sigue sin entender porqué lo hicieron, cuando su situación sigue siendo la misma a la de entonces.
Balza compareció ayer en la Comisión de Mujer del Parlamento Vasco para responder a preguntas del PP sobre esta cuestión. El origen de la controversia se remonta al pasado 21 de febrero, cuando Acovidem denunció que Interior había retirado en apenas unos días la protección a tres mujeres guipuzcoanas maltratadas que disponían de ella hasta ese momento. La agrupación cuestionó entonces el actual sistema de valoración de riesgos, que creen que debería ser "totalmente personalizado".
Ayer era día de dar explicaciones, y el consejero abordó esta cuestión dejando claro que las decisiones policiales que conllevan la retirada de escolta son fruto de un sistema de valoración de riesgo que llegó a calificar de "exhaustivo y contrastado". En el caso de estas tres mujeres, objeto de la comparecencia, el departamento estimó oportuno que comenzaran a llevar protección pese a que no existía, según reveló, ninguna orden judicial que lo requiriera. La retirada de escolta en los tres casos fue "resultado de la aplicación del sistema de evaluación de riesgos de la Ertzaintza, que se llevó a cabo en cuatro ocasiones y durante tres meses", según pormenorizó Balza.
"¿Pero qué sistema utilizan? ¿Que no haya habido agresiones? Afortunadamente, en muchos casos no se han producido, pero el riesgo sigue estando ahí", confesó Franco, víctima de la violencia y actualmente secretaria de Acovidem.
conocimiento de informes Esta mujer, de 36 años, sigue sin entender el sistema de evaluación de riesgos que emplea Lakua. Pero lo que más le duele es que haya habido durante este tiempo informes que detallaban situaciones de quebrantamiento de órdenes de alejamiento para sus ex parejas, como es su caso, que no hayan llegado a manos de la Ertzaintza o, según lamentó, si lo han hecho ha sido muy tarde. "Al final, las que pagamos las consecuencias somos nosotras. El escolta es quien realiza los informes, que los entrega a su empresa, de donde se derivan al Gobierno Vasco. Es evidente que, en todo este proceso, algo ha fallado, y la Ertzaintza al final no se ha enterado de estas situaciones", sopesaba Franco.
En relación a las denuncias por la existencia de estos partes de los escoltas en los que se recoge el quebrantamiento de las órdenes de alejamiento, Balza aseguró que a la Ertzaintza no le consta, pero ha iniciado una investigación para aclarar si es cierto "y si alguien ha hecho mal su trabajo". En caso de ser así, admitió que se replantearía la decisión adoptada.
El último quebrantamiento de la orden de alejamiento "informada" que pesaba sobre la ex pareja de Sonia es de junio, sin contar otros tantos que, según denuncia, no han sido documentados. "De eso puedo dar fe porque, según me contaba el escolta, mi ex pareja ha pasado por el centro de trabajo muchas veces", describió Franco. Lo cierto es que, tal y como reconocen desde Interior, valoraciones de riesgo en violencia de género hay cientos y, por uno u otro motivo, actualmente sólo hay 16 mujeres que disfrutan en la CAV de protección. "No se retiran las escoltas porque ha pasado tiempo, o porque estamos mal de presupuesto, sino por nuevas situaciones personales, lo cual no quiere decir que se abandone a las víctimas", precisó.
Para Sonia Franco hace un tiempo que se adoptó una medida de contravigilancia policial. Cree que es una línea de actuación que se adoptó una vez criticaron su "desamparo". El criterio que aplica Interior no lo acaba de tener claro. "Ahora aparecen de vez en cuando, y eso es porque valoran que sigue existiendo un riesgo", razonó.
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