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Martes, 08 de abril de 2008

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Los funcionarios del juzgado del 'caso Mari Luz' también son expedientados

El CGPJ decidirá ahora la sanción al juez tirado, que podría conllevar retirarle de la carrera judicial

madrid. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha hecho suya la propuesta de su servicio de inspección formulada el pasado viernes, y decidió ayer abrir expediente por una falta muy grave de desatención a Rafael Tirado, el juez de Sevilla que no ordenó ejecutar la sentencia que condenó por abusos a su hija al detenido por la muerte de Mari Luz Cortés. Además, el CGPJ ha pedido que se investigue a los funcionarios que intervinieron en la causa.

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) adoptó esta decisión, por unanimidad, en una reunión extraordinaria, según el portavoz del órgano de gobierno de los jueces, Enrique López, quien recordó que Tirado se enfrenta a la posible sanción de suspensión de funciones de hasta tres años, el traslado forzoso o la separación de la carrera judicial.

"En el juez concurre la obligación de impulsar y controlar los actos procesales necesarios para la ejecución de las sentencias y controlar la actuación de su personal colaborador", recordó López. "Se aprecia que hubo una cierta pasividad, una dejación de funciones y una ausencia de control de este personal", dijo en referencia a los funcionarios .

El presunto autor de la muerte, Santiago del Valle, fue condenado en noviembre de 2002 por el Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla a dos años y nueve meses prisión por abusar de su hija y cuenta con otra condena de dos años de cárcel que dictó el Juzgado de lo Penal número 4 de Sevilla en diciembre de 2004 por agresión sexual a otra menor.

El informe del inspector destaca que, si bien desde que se celebra el juicio (el 22 de octubre de 2002), hasta la remisión de los recurso la Audiencia Provincial de Sevilla "la tramitación del asunto fue lo suficientemente ágil y correcta", no ocurrió lo mismo una vez fue confirmada la sentencia, lo que además tardó en producirse casi tres años desde que Tirado firmara su sentencia.

"Los problemas surgieron a continuación", detalla el informe, una vez que se trató de citar a Del Valle y a su esposa, para informarles de que debían ingresar de forma voluntaria en un centro penitenciario y en un hospital psiquiátrico, respectivamente. "Dicho requerimiento, dilatorio e innecesario, era práctica habitual en el Juzgado". >agencias

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