El CGPJ acusa al juez Tirado de "pasividad" y "dejación de funciones" en el 'caso Mari Luz'
propone imponerle unasanción que podría conllevar la retirada de lacarrera judicial
La inspección plantea archivar el expediente contra un magistrado de la Audiencia de Sevilla "por haber prescrito"
Hernando, presidente del CGPJ.
madrid. El servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) considera que Rafael Tirado, el juez de Sevilla que no ordenó ejecutar la sentencia que condenaba por abusos a su hija al detenido por la muerte de la niña Mari Luz Cortés actuó con "pasividad" y con "dejación de funciones".
Así lo indica la Inspección en un informe, en el que propone a la comisión disciplinaria abrir un expediente al titular del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla por una falta muy grave de desatención del artículo 417-9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que puede ser castigada con la suspensión, el traslado forzoso o la separación de la carrera judicial.
"Dada la pasividad del magistrado titular, la dejación de funciones y la ausencia de control de la actividad desarrollada por los funcionarios del juzgado, puede concluirse que pudo incurrir en conducta susceptible de reproche disciplinario", añade el texto elaborado por el jefe de la Inspección, José María Gil Sáez.
En este informe, que será estudiado por la comisión disciplinaria el próximo lunes, Inspección también propone archivar la investigación abierta al juez de la Audiencia de Sevilla Javier González, que tardó casi tres años en confirmar la sentencia dictada por Tirado, porque la falta muy grave de desatención en la que podría haber incurrido ha prescrito.
Santiago del Valle fue condenado en noviembre de 2002 por el juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla a dos años y nueve meses prisión por abusar de su hija menor y cuenta con otra condena de dos años de cárcel del Juzgado de lo Penal número 4 de Sevilla en diciembre de 2004 por agredir sexualmente a otra menor.
La primera sentencia fue confirmada por la Audiencia Provincial de Sevilla en diciembre de 2005.
Inspección cree que, "como consecuencia de trámites dilatorios, errores y omisiones en la tramitación de la ejecutoria, la demora ha sido de dos años, dos meses y nueve días". Ambos magistrados han justificado los retrasos por la sobrecarga de trabajo, falta de plantilla, bajas y escasa preparación de algunos de sus funcionarios. >efe
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