Diario de Noticias de Gipuzkoa

Sábado, 05 de abril de 2008

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Balza recuerda al PP que se requiere una orden judicial para cerrar sedes

los `populares' acusan a interior de intentar "no incomodar a eta-batasuna " con sus actuaciones

alberto abaitua

vitoria. Las sedes de ANV y EHAK seguirán abiertas hasta que las correspondientes órdenes judiciales permitan la clausura de estos locales. Así lo expuso ayer en el Parlamento Vasco el consejero del Interior, Javier Balza, ante una pregunta del PP. Los populares entienden que el auto en el que el juez Garzón decretaba la suspensión de actividades de ambas formaciones -con fecha del 8 de febrero- es suficiente para proceder al cierre de las sedes abertzales, pero el titular vasco de Interior afirmó que todavía no han recibido las respectivas órdenes que facultan a la Ertzaintza para proceder a la ejecución de esta medida.

Al dirigente del PP, Carlos Urquijo, no le satisfizo la respuesta y confió en que el objetivo del Gobierno Vasco con esta actuación no fuese el de "no incomodar a ETA-Batasuna", una teoría que enmarca en que los jeltzales y el entorno de la banda armada "pescan (votos) en caladeros bastante similares".

Balza ciñó su segunda y definitiva intervención en reiterar los argumentos esgrimidos para justificar la ausencia de acciones contra estas superficies y recordó a Urquijo que en el caso de las sedes de Batasuna la demanda y las críticas del PP sobre la Ertzaintza fueron "las mismas", a pesar de que más tarde el Tribunal Supremo "dijo que él tenía que tomar esa decisión".

nuevos parlamentarios El prolongado Pleno que acogió ayer la Cámara vasca tuvo dos debutantes en las bancadas socialista y jeltzale. La joven Jone Berriozabal ocupó el escaño del nuevo vicepresidente de la Caja Vital, Iñaki Gerenabarrena, mientras que Cristina Laborda sustituyó al nuevo diputado en el Congreso Miguel Buen.

Ambos escucharon la acusación, más que pregunta, que el popular Leopoldo Barreda vertió sobre la portavoz del Gobierno Vasco por "avalar" la huelga general convocó el pasado 14 de febrero. En su opinión, la petición de "respeto" planteada por Miren Azkarate tanto para los empleados que querían ejercer su derecho a la huelga como para los que optaron por acudir a sus puestos de trabajo no "subrayó el carácter ilegal" de la convocatoria.

La dirigente jeltzale respondió que los jueces y no el Gobierno Vasco son los que deben pronunciarse sobre la legalidad de esta iniciativa.

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