Diario de Noticias de Gipuzkoa

Jueves, 03 de abril de 2008

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Colaboración

La subrogación, asignatura pendiente

por rebeka ubera

Ha pasado relativamente poco tiempo desde que los trabajadores de la UTE Ibilbide han firmado un acuerdo con la empresa que les contrató. Es un conflicto laboral concreto, pero que de ninguna forma se puede calificar de aislado. Es simplemente un eslabón más en la cadena de conflictos laborales que surgen a raíz de un modelo de gestión que se está instaurando en nuestras instituciones públicas; un modelo de gestión basado en las subcontrataciones. Un modelo de gestión que no compartimos de ninguna forma y que pensamos que es hora de que cambie por dos simples razones: porque es un modelo absolutamente injusto con los trabajadores y las trabajadoras que lo padecen, y porque afecta negativamente a la calidad de los servicios sociales que ofrecen las instituciones públicas a la sociedad.

La verdad es que de un tiempo a esta parte la terminología con la que se presentan los diferentes planes y objetivos de las instituciones dista relativamente poco de la que puede utilizar la oposición: sostenibilidad, bienestar, social… son términos que se utilizan desde un lado y otro de la barrera. Los problemas empiezan a la hora de llevar lo establecido negro sobre blanco a la práctica. Ahí sí que existe la barrera.

Estamos asistiendo, ya lo denuncian diferentes agentes sociales y sindicales, y ya lo denunciamos algunos partidos políticos, a la privatización de lo público mediante un sistema de subcontrataciones que cada vez llega más lejos. Un sistema que choca frontalmente con los términos anteriormente mencionados, porque ni es sostenible, tiene que ver poco con el bienestar, y su carácter social es más que discutible.

Porque no es sostenible la tendencia de las instituciones públicas están desarrollando hacia un modelo que convierte los servicios sociales en negocios privados. Esta tendencia que se viene acentuando de manera progresiva durante estos últimos años está generando una serie de problemas a los que hay que buscar soluciones inmediatas, porque afectan directamente a los usuarios y usuarias y a los trabajadores y trabajadoras.

Al fin y al cabo, una gestión basada en las subcontrataciones sirve a las instituciones para difuminar su responsabilidad trasladándola a las empresas que cumplen el cometido que la propia institución debiera cumplir. La conversión de un servicio público a privado también afecta a nivel laboral, ya que las empresas que ofertan sus servicios a las instituciones públicas reducen costes, principalmente, apretando el cinturón de sus trabajadores y trabajadoras, reduciendo sueldos y aumentando jornadas laborales, lo que redunda en situaciones insostenibles para los asalariados y asalariadas que poco tiene que ver con la sostenibilidad que, en sus planes de gestión, pregonan los responsables de las instituciones. ¿Resultado? Conflicto laboral y reducción de calidad del servicio prestado.

Ante esta situación venimos reclamando insistentemente al Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa que ni puede ni debe escudarse en la turbidez de un sistema de gestión basado en las subcontrataciones para escurrir el bulto de una responsabilidad que le corresponde. Apostamos por un sistema público que garantice una sociedad del bienestar real. No por un sistema de gestión privada bajo tutela pública que nos lleva, como se puede comprobar, al conflicto laboral continuo, por poner dos ejemplos, en carreteras y residencias para mayores.

Pedimos a la Diputación que si va a hacer una apuesta por un modelo privatizador, por lo menos, imponga la subrogación de los contratos de las personas que trabajan en las empresas subcontratadas por la Diputación en los pliegos de condiciones redactados para los concursos públicos, para que la sustitución de la empresa que ofrece un servicio a la Diputación no suponga una merma en las condiciones de las personas que trabajan en ellas.

Este es un paso que desde Aralar calificamos como imprescindible para que los servicios sociales ofrezcan la calidad que deben a los trabajadores y trabajadoras en sus condiciones laborales, cuestión que por extensión tendrá un efecto indudable en la calidad de servicio a los y las usuarios y usuarias. Para ello es necesario que deje de tratarse un servicio público como negocio y las empresas que optan a estas subcontrataciones no puedan reducir costes a costa de las personas que trabajan dando un servicio a la sociedad en nombre de las instituciones públicas de las que somos parte todos y todas.

* Portavoz de Aralar en las Juntas Generales de Gipuzkoa