La jueza rechaza identificar a todos los empleados de la oficina de Irun desde 1990
la magistrada pide a la diputación la fecha en la que bravo pasó a régimen de excedencia
Una mujer entra en la oficina de Hacienda en Irun.Foto: karlos corbella
Donostia. La jueza que investiga el caso de las supuestas malversaciones en la oficina de Hacienda en Irun, Almudena Ovejero, ha rechazado que se identifique a los responsables de caja y de los sistemas de auditoría que trabajaron entre 1990 y 2005 en esa delegación tributaria, como pidió el abogado Fernando Argote, hasta ahora acusación popular en la causa.
En un auto fechado el pasado 18 de marzo y en el que también decidió elevar a 933.000 la fianza de responsabilidad civil para el principal imputado, el ex jefe de la oficina de Irun José María Bravo, la magistrada responde a Argote que no es pertinente la prueba que pide el abogado pues cree que la identificación de todos los funcionarios que pasaron por esa oficina en quince años "es desproporcionada e innecesaria". Ovejero añade que el hecho de que otros funcionarios de la delegación recogieran dinero de los contribuyentes "no implica que se lo apropiaran o que pudieran tener conocimiento de lo que José María Bravo hacía con él".
En su escrito, la jueza recurre al testimonio de algunos empleados de la oficina que han testificado en la causa para asegurar que los funcionarios de la oficina "actuaban por delegación de Bravo y bajo sus órdenes".
Por otro lado, la magistrada acuerda también solicitar a la Diputación que aporte todos los expedientes completos de los contribuyentes que se investigan en esta causa "con el fin de que las representaciones de los imputados tengan acceso a ellos y puedan cotejar" estos datos con los recogidos en los expedientes extractados que elaboró la institución foral.
Ovejero pide asimismo a la Diputación que certifique desde qué fecha permaneció Bravo en situación de excedencia, ya que uno de los presuntos perjudicados por el presunto fraude le pagó dinero para saldar una deuda con Hacienda cuando el imputado ya no trabajaba en la oficina.
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