
Antonio Fontaneda, durante un juicio celebrado hace dos años.Foto:efe
Donostia. El Banco Guipuzcoano tiene consignado un aval por 10 millones de euros ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra en concepto de fianza del que fuera el director de la oficina principal de Pamplona, Juan Pedro Etxarri, y de los otros cuatro procesados por un presunto delito de estafa de 7,7 millones de euros cometido en el año 1999 contra unos 290 pequeños inversores, la mayoría guipuzcoanos.
El juicio contra el ex empleado del Banco Guipuzcoano; el promotor artístico Antonio Fontaneda; el administrador de la empresa Subascai 90, Manuel Cid Conde; Jesús Adolfo Guallar; y el hijo de Fontaneda, Raúl Martínez Palacios; se inicia mañana en la Audiencia de Navarra y se espera que dure hasta el próximo 14 de mayo, debido a que el juez debe recoger el testimonio de la casi totalidad de los perjudicados en esta estafa.
El Banco Guipuzcoano aparece en este proceso como responsable subsidiario de la actuación de su ex empleado, que avalaba en nombre de la entidad financiera las inversiones que realizaban los pequeños ahorradores a las empresas de Fontaneda, con el fin de garantizar las operaciones.
La vinculación entre Etxarri y Fontaneda ha sido puesta en evidencia por los propios afectados, según consta en diversa documentación que se encuentra en poder del juez, así como por el contenido de escuchas teléfonicas realizadas entre los procesados.
El Banco Guipuzcoano recurrió en dos ocasiones la decisión del juez de responder subsidiaramente con los 10 millones de euros a los 290 estafados, que fue posible gracias a la actuación de la acusación particular, a pesar de que el fiscal no ha encontrado vinculación con la entidad financiera, aun cuando estuvo de acuerdo con el ingreso en prisión de Juan Pedro Etxarri.
Con estos 10 millones de euros el juez José Francisco Cobo puede resarcir la deuda que Fontaneda tiene con estos pequeños ahorradores que se eleva a 7,7 millones de euros, dada la insolvencia del procesado.
Fontaneda y el resto de los procesados están acusados de un presunto delito de estafa, falsedad en documento y obstrucción a la justicia, por dedicarse desde 1999 a captar de particulares importantes cantidades de dinero, bajo la promesa de invertirlos y ofrecerles una rentabilidad que oscilaba entre el 5% y el 10% mensual.
La mecánica que utilizaba Fontaneda y los otros procesados fue la de una organización piramidal en la que las aportaciones de dinero de nuevos inversores servía para retribuir los intereses de los que ya estaban y así hasta que la cadena no puso soportar más y se rompió, descubriéndose la estafa.
Sólo en Gipuzkoa el número de afectados alcanza la cifra de unos 160, de los que una parte importante están siendo defendidos por el letrado Juan Luis Alfaro Zubillaga, aunque también hay ahorradores estafados en Navarra, Madrid y Marbella.
Dada la actividad de promotor artístico de Fontaneda, entre los estafados se encuentran personajes populares como Leticia Sabater, Marlene Morreau o la actriz Blanca Marsillach.
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