
Joserra Trebiño, Idoia Iturrioz y Patxi Muguerza, ayer, en la sede de Cáritas en Donostia.Foto: javi colmenero
Donostia. Las cifras, siempre tan frías y asépticas, también perfilan realidades soterradas en las que el progresivo deterioro de las condiciones de vida se convierte en triste telón de fondo, al menos, para las 27.000 personas que el año pasado recibieron en Gipuzkoa algún tipo de ayuda humana o material de las distintas comunidades cristianas y centros de Cáritas Diocesana.
Son, todas ellas, personas con nombres y apellidos, atrapadas en las redes de una pobreza poliédrica: enfermos que soportan la soledad más absoluta, personas sin hogar, afectados por el sida, inmigrantes en precario, miembros de la comunidad gitana, personas encarceladas, jóvenes en riesgo de exclusión...
La sociedad guipuzcoana traza a marchas forzadas una trayectoria bidireccional: una sigue el señuelo del boyante estado del bienestar. La otra, en paralelo, traza ese otro mundo mucho menos idílico, marcado por el sufrimiento y la exclusión.
La actual tendencia cultural no favorece, precisamente, la visualización del fenómeno. Joserra Trebiño, delegado Episcopal de Cáritas Diocesana, alertó ayer de que es preciso contrarrestar la dinámica actual al "ocultamiento", la atomización y la irrelevancia social que salpica a la pobreza. "Hace falta cambiar la mirada y la actitud de todos", insistió.
El delegado episcopal presentó ayer en Donostia la campaña Iglesia solidaria , que se desarrolla estos días en Gipuzkoa con el fin de dar a conocer la labor social de la Diócesis, en la que destacan como principales retos la atención a inmigrantes, personas mayores, enfermos mentales y mujeres maltratadas.
En el acto participaron también la delegada de la pastoral de la salud, Idoia Iturrioz, el responsable de la pastoral penitenciaria, Patxi Muguerza, y el secretario general de Cáritas, José Emilio Lafuente, integrantes de los tres organismos que permiten a la Iglesia guipuzcoana desarrollar esta labor social.
Para cambiar esa mirada , como reclamó Trebiño, todos los ponentes hicieron una llamamiento al compromiso, "que se puede ejercitar de mil maneras y entre todos, porque hablamos de un compromiso tanto eclesial como institucional y de cada ciudadano".
cuatro millones de euros En la faceta más material, destacan los cuatro millones de euros gestionados por la Diócesis -el 60% de los fondos procede de donativos y un 40% de las instituciones- "para paliar situaciones de precariedad", y los 1,3 millones que se destinan al Tercer Mundo.
Pero los protagonistas fundamentales de la labor social que desarrolla la Iglesia en Gipuzkoa son los más de 2.100 voluntarios que actúan en los distintos grupos parroquiales y en programas de acción más específicos.
Una de las redes más importantes, que aglutina a 700 personas, es la que trabaja desinteresadamente en la pastoral de la salud, ofreciendo servicio a 6.000 personas que padecen dolencias y se enfrentan al último tramo de su vida.
Casi todas ellas son mayores de 65 años y necesitan cubrir un sinfín de carencias. Sólo tienen un reclamo: que la ayuda que se les ofrezca, sea lo más afectiva y cordial posible.
Idoia Iturrioz, delegada diocesana de la pastoral de la salud, se propuso abordar en el futuro varios retos: "Hace falta una mayor humanización en los centros hospitalarios con la creación de equipos formados por sacerdotes y laicos, equipos que queremos extender hacia los centros socio-sanitarios de mayores", detalló.
También es preocupante el creciente número de personas que viven solas, más aún teniendo en cuenta que el porcentaje no deja de crecer. "El morir sin nadie al lado empieza a ser ya un hecho entre nosotros", lamentó Iturrioz, quien abogó por extremar el "cuidado de las personas en su morir por medio de los cuidados paliativos". Junto a ello, estimó muy necesario habilitar más recursos socio-sanitarios para atender las dolencias mentales.
Muchos de estos enfermos figuran entre los 300 que se encuentran internos de la cárcel de Martutene. "No debería ser así, pero los jueces no saben dónde mandarlos", denunció Patxi Muguerza, delegado episcopal de la Pastoral Penitenciaria. El religioso abogó por mejorar la atención sanitaria en la prisión, de modo que se habiliten unidades terapéuticas para tratar enfermedades psiquiátricas y drogodependencias.
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