Editorial
Obstinados en el despropósito
Terror, caos y destrucción. Esos son los objetivos de ETA. No malgastará este diario una línea de su sección editorial en buscar intencionalidades políticas al momento escogido para perpetrar el atentado del pasado viernes en Calahorra ni en analizar la importancia de que los terroristas formaran parte del
comando Bizkaia o engrosaran filas en un nuevo
talde desplazado desde Iparralde. No cuando medio centenar de familias han sido desalojadas de sus viviendas por los daños ocasionados por la devastadora explosión, una joven pareja se recupera tras ser secuestrada durante horas y la sociedad en su conjunto digiere el nuevo temible bocado -70 kilos de sinrazón- con el que la organización armada ha vuelto a demostrar que está dispuesta a golpearse una y otra vez contra el muro del callejón sin salida en el que se empeña en introducir a todos los ciudadanos. ETA muestra con cada acción ruin que comete que no tiene propósito de enmienda y todo apunta a que sus dirigentes están dispuestos a salpicar de sangre y lágrimas la legislatura que está a punto de comenzar. En su delirio, seguro que tiene marcada la fecha de la investidura de
Zapatero
como jornada idónea para realizar otra recalcitrante exhibición de cobardía. Sin embargo, tiene esa batalla perdida. ETA está debilitada por la presión policial, pero también, y sobre todo, por el clamor de una sociedad que rechaza mayoritariamente su violencia y sus prácticas mafiosas. Y los partidos están obligados a canalizar ese espíritu desde su unidad, sin renunciar a su esencia ideológica pero encontrando puntos de encuentro en esta causa común. La falta de unidad antiterrorista erosiona la democracia. No es asumible otra legislatura con un PP situado enfrente de todos y defendiendo que es el único partido que no está equivocado en la lucha contra el terrorismo. Esa situación debilita la lucha antiterrorista y provoca desagradables reproches como los vividos durante la capilla ardiente de
Isaías Carrasco entre líderes socialistas y
populares . La resolución que aboga por un final dialogado de la violencia, aprobada por el Congreso en 2005, es una plataforma desde la que avanzar hacia un escenario de mayor unidad. Renovar ese compromiso y adaptarlo a los nuevos tiempos debe ser un objetivo prioritario de actores tan importantes como PSOE, PP y PNV.