Diario de Noticias de Gipuzkoa

PELLO GONZÁLEZ, diputado foral de hacienda y finanzas

"El fraude lo facilitaron cambios organizativos en el departamento diseñados por un director concreto"

Tras presentar nuevos expedientes del fraude en la oficina de Irun, Pello González ha constatado que ciertos cambios en la organización de Hacienda en el año 2000 facilitaron la comisión de irregularidades y atribuye esas modificaciones a uno de los ex directores del departamento

Hacienda acaba de entregar a la jueza los últimos expedientes del caso de las supuestas malversaciones en la oficina de Irun. ¿A qué conclusiones llevan?

Nos han reafirmado en las primeras impresiones que tuvimos nada más llegar al departamento, en el sentido de que la investigación que Fiscalía hizo en un principio no contemplaba la totalidad de los hechos supuestamente delictivos que se cometieron. Hemos visto con satisfacción que el esfuerzo ímprobo realizado en los últimos cinco meses por veinte personas, revolviendo unos 1.350 expedientes, ha servido para comprobar que la trama comenzó antes de lo que se había planteado. Además, hemos detectado nuevos indicios delictivos que, con pruebas, se reducen a doce expedientes, sin perjuicio de que eran cincuenta los que contenían irregularidades.

¿Hay indicios en esos expedientes de que puede haber alguna persona más implicada?

La trama es la misma y las personas, las mismas. Se repite el esquema de los anteriores expedientes. Sí que aparecen nuevas empresas y contribuyentes que están dentro de la propuesta de pago. De todos modos, de estos nuevos doce expedientes no se pueden derivar más imputaciones. Además de las personas que aparecen en la trama global, yo creo que deberá haber más de las que actualmente aparecen como imputadas.

¿A quién se refiere?

He transmitido tanto al fiscal como a la jueza que es difícil entender la consideración de que los contribuyentes que pagaron en la oficina de Irun, indebidamente diría yo, sean 'víctimas'. Sí que hay diferencias de actitudes. Hay quien, con clara y rotunda nitidez, ha informado de que ha abonado las deudas, cuándo y cómo, de modo que se puede pensar que lo hizo de buena fe. Sin embargo, hay otros que se han beneficiado de esa solución que apuntaba el ex director de la oficina, José María Bravo, de "usted reduce la deuda si me paga tanto". Sin perjuicio de que tiene su parte de razón jurídica el hecho de que lo hacían a un funcionario e incluso en una oficina de Hacienda. Pero creo que, en todos los casos, los contribuyentes han salido beneficiados porque se les ha condonado parte de la deuda. Por eso me parece un tanto extraña la consideración de 'víctimas' que hace la jueza.

A la hora de investigar los expedientes, ¿han colaborado los contribuyentes o ha habido algunos que han preferido no aportar información por miedo a tener que pagar las deudas de forma íntegra?

Ha habido de todo, no sé si ha sido por miedo. Son episodios que sucedieron hace tiempo; los nuevos expedientes que hemos investigado datan de 1989. También, aparecer en la causa judicial como testigo supone una complicación que, a veces, muchos no están dispuestos a afrontar. Nos hemos encontrado con diferentes casos. Por un lado, aquéllos que han venido voluntariamente diciendo que ellos podían estar afectados, aportando documentos de cartas de pago. Por otro lado, ha habido contribuyentes que, a nuestras preguntas contundentes y basadas en pruebas, no se acordaban, decían no haber pagado, no haber estado en ese momento, o no constarles que tuvieran una deuda con Hacienda. Esta falta de colaboración ha sido la actitud general y es lamentable porque, como se suele decir, Hacienda somos todos, para lo bueno y para lo malo. Si no colaboramos, difícilmente podremos sacar a la luz la trama que pudo producirse en Irun.

¿Está de acuerdo con la labor de la Justicia hasta ahora en el caso?

El orden jurídico que están llevando la jueza y la Fiscalía es el correcto. Se trata de ir primeramente a por los principales imputados y luego establecer un segundo nivel de desarrollo para el resto de posibles nuevos imputados, entre los que puede hallarse gente que esté en este momento considerada como contribuyente víctima, siempre que se demuestre que hizo cualquier tipo de actitud para conseguir minorar su deuda.

¿Hay más expedientes que no se han encontrado o que han prescrito y no se pueden recuperar?

Hemos pactado con la jueza una especie de esquema en el sentido de que los expedientes administrativos terminen aquí porque creemos que, más de lo que hemos visto, no va a haber, en lo que se refiere a la datación de bajas por insolvencias y prescripción de deudas existentes en la oficina de Irun.

Pero, por otro lado, Hacienda está inspeccionando empresas que, según Fiscalía, se usaron para blanquear dinero

Sí. Tenemos 22 sociedades y 16 personas físicas inspeccionadas, fruto de su relación de una u otra manera en esta trama. De las inspecciones que se derivan en los casos que estamos inspeccionando podrían salir nuevas imputaciones. Sin embargo, hemos hablado con la jueza que, para evitar la demora del cierre del sumario -que es interés de todas las partes que sea cuanto antes posible- se realizarán denuncias individualizadas al margen de la causa. Fiscalía nos ha transmitido que vehiculizaría esas acusaciones, lo cual creemos que es la fórmula adecuada para evitar retrasos en un procedimiento que bastante complejo es a día de hoy.

¿Cuál es el resultado de esas inspecciones?

Las inspecciones siguen su curso y, evidentemente, allá donde exista material delictivo para cursar una denuncia, lo pondremos en conocimiento de la Fiscalía, como es nuestra obligación. Algunos de esos negocios no tienen actividad pero otros sí, y todo ello se verá en la inspección. De momento las inspecciones son secretas y, una vez concluya cada una de ellas, se dará cumplida cuenta de sus conclusiones al Ministerio Público. Pero no debemos esperar al resultado final de esas inspecciones para finalizar el expediente de Irun en cuanto a la trama actual respecta, pues el sumario podría retrasarse sine die . Quiero pensar que, en el plazo de dos meses habrá novedades sobre algunos de los casos, no en todos porque ciertas inspecciones comenzaron antes que otras.

¿No piensa que las malversaciones han sido de mayor cuantía que los 1,8 millones de euros y la cantidad defraudada superior a los ocho millones calculados por Hacienda?

Una cosa es la intuición y otra es la realidad. Sobre lo que han dicho algunos colectivos de que esto sólo es la punta del iceberg y que la cuantía defraudada es mucho mayor, siempre respondo que este diputado foral es el primer interesado en descubrir al máximo las irregularidades pero también necesito pruebas para que todas las intuiciones que podamos tener se puedan comprobar. No podemos ir al juzgado con intuiciones. Por ello, una vez realizada la labor de policía judicial que, entre comillas, nos había otorgado la jueza, hemos entregado esos doce expedientes en los que existen indicios claros de delito, de entre los cincuenta en los que habíamos detectado irregularidades. También es verdad que la amnesia es algo muy habitual, pues muchos contribuyentes no recuerdan, no saben o dicen que no pagaron. Que probablemente haya habido más pagos, pues sí. Pero que tengamos prueba de que eso fue así..., ahí está la dificultad. O los deudores admiten que pagaron y existe alguna prueba de que hubo un traspaso de dinero a través de movimientos de cuentas, o no podremos demostrar que hubo más casos. De todos modos, sí podemos intuir que hubo más pagos que los que hemos encontrado.

¿Teme que los imputados terminen quedándose con el dinero?

Nuestra labor también está siendo tratar de evitar que no se sustraiga ninguna propiedad de los imputados a la labor de la Justicia. Es conocido que Hacienda anduvo detrás de la venta de una propiedad de José María Bravo en Iparralde y que hemos nombrado un administrador judicial desde la Hacienda para controlar todo el patrimonio de los imputados. Asimismo, en la Agencia Tributaria estatal se ha detectado que hay unas fincas no inscritas en el registro en Extremadura, que ya han sido trabadas por la jueza. Hasta ahora tendríamos que conseguir que los ocho millones de euros que hemos constatado que es el importe presuntamente robado y condonado a los contribuyentes, se restituya a los fondos de la Hacienda foral.

José María Bravo se ha dirigido en dos ocasiones al letrado de la Diputación para negociar. ¿Qué opina de ello?

Desde el principio consideramos que debe haber responsabilidades penales. De ahí nuestra actitud de no colaborar con ninguna propuesta que los abogados de la otra parte realicen para conseguir una rebaja de la condena pagando parte del dinero. Nosotros siempre dejamos la puerta abierta a que, si tiene buena voluntad, reconoce ciertos delitos y quiere abonar parte del dinero robado y condonado indebidamente, que lo haga y luego la jueza o el jurado sabrá valorar si es un arrepentimiento espontáneo, si se gradúa la pena a la baja o no. Pero en ningún caso Hacienda entrará en ningún tipo de acuerdo judicial que no deba ser el que corresponda a la ley.

¿Tiene la sospecha de que parte del dinero supuestamente malversado se puede encontrar en cuentas corrientes de otro país?

Podemos tener la sensación no contable, pero sí de testimonios que nos aluden a un modo de vida impresionante por parte de estas personas, que hace pensar que los números son mayores que los registrados en Hacienda. Nuestra labor es llegar a todo lo que podamos llegar y, de hecho, existe alguna pista que queremos seguir. No podemos decirlo para no perjudicar a la investigación.

¿En Francia?

Tenemos algún indicio a nivel de Europa y vamos a seguirle la pista, como es nuestra obligación. La labor que estamos haciendo, en colaboración estrecha con la Agencia Tributaria, está siendo muy intensa.

Precisamente a la Agencia la Hacienda foral ha pedido información sobre el caso de evasores de impuestos en Liechtenstein.

Sí. Sabiendo que la Agencia Tributaria tiene información otorgada por Alemania, hemos inquirido sobre la posibilidad de que haya en ese fraude algún contribuyente guipuzcoano en la lista. Que no existe, todos contentos. Pero si existe, será otra línea abierta.

Bravo se ha negado a declarar en dos ocasiones. ¿Cree que está haciendo lo correcto?

No voy a valorar actitudes de personas que entienden que ésa es su manera de actuar. Lo mejor que podía ocurrir para todos es que, allá donde se les llame, aclaren todas las dudas sobre el caso. Sería bienvenido por todos. Otra cosa es que haya algo que quiera ocultar y no se atreva a personarse. En todo caso, sus abogados serán quienes le orienten y entenderán que ésa es la mejor opción para su defendido.

Tanto un empleado de la oficina de Irun como la delegación de Eibar comunicaron hace años a la sede de Errotaburu que habían detectado irregularidades en Irun. ¿Por qué no se hizo nada?

En principio, lo que corresponde a Eibar, hay que explicarlo en un contexto determinado. Una vez analizado todo el caso desde el año 1989, se ven situaciones organizativas un tanto extrañas, que algunos las defienden como óptimas y consideran que, en aquel momento, había que tomarlas. Pero si a esa novedad organizativa se le cruza la trama de Irun, se puede terminar concluyendo que alguno diseñó la propia organización para buscar una operatividad mejor al respecto. Todo incita a

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pensar que alguien estuvo moviendo tramas organizativas en beneficio de esa posibilidad. Esa situación de descontrol organizativo que, insisto, algunos lo defienden a pesar del tiempo transcurrido, se le va poniendo forma a partir del año 2000, cuando el control previo pasa a ser llevado por el servicio de Auditorías.

Entonces, ¿dejaron de controlarse previamente los expedientes?

En principio, a partir de ese año las bajas de deudas en ejecutiva sólo las podía realizar la oficina de Eibar. Por cautela, esta delegación, antes de datar la baja, devolvía los expedientes a las oficinas del territorio de los que habían sido enviados, para que se realizara un último intento de cobro. Así como el resto de oficinas volvían a mandar a Eibar el expediente informando de si había podido cobrarse finalmente o si era fallido, de Irun no llegaban expedientes. Lo que Eibar denuncia a instancias superiores es eso, que no se devolvían los expedientes.

Pero, insisto, ¿por qué en la sede central no se actuó?

Bueno, ésa es la duda que nos queda a todos, por qué no se actuó. La sensación que me fue transmitida desde el departamento era que, "a veces eran procedimientos habituales, que había excesivo celo por parte de algún profesional, que nadie intuía que pudieran suceder estas cosas..."

¿Quién fue el responsable de ese cambio organizativo que, según usted, facilitó el fraude?

El responsable en última instancia de los decretos de estructura, del sistema de gestión que se defiende por la mejora de la calidad del servicio, es el diputado foral, que eleva al Consejo de Diputados, que es el que lo aprueba al final. Lógicamente, en Hacienda había también directores que trabajaban en ese campo. Sí es cierto que todo el tema organizativo lo llevaba un director en concreto.

Hay quien piensa en los lazos familiares entre el principal imputado y el entonces director general de Hacienda, su hermano Víctor.

Hasta ahora, lo que sí hemos podido intuir es que José María Bravo actuaba con una impunidad cuasi total. Se sentía absolutamente respaldado y probablemente una de las fórmulas de su respaldo es que en la dirección de Hacienda existía una persona que era su hermano. Puede ser lógico pensar eso. La forma chapucera de actuar del jefe de la oficina de Irun hace pensar que se sentía con las espaldas bien cubiertas. La única explicación lógica es que una persona que hace este tipo de cobros en la misma oficina y que deja tantas pistas -como si fuera un chapucero total, que no parece que sea el caso por lo que me han contado, ya que era una persona muy organizada- se sentía cómodo. Y la única manera de tener esa seguridad es teniendo un hermano que es el jefe supremo de la dirección de Hacienda. Pero no hay pruebas, todavía, de que haya una vinculación entre Víctor y su hermano José María. Las pesquisas siguen su curso y veremos qué dan de sí.

El hecho de que la auditoría interna de Hacienda sobre expedientes irregulares en Irun fuera archivada, incita a pensar que el caso trató de ocultarse…

No sé si se puede decir eso. Lo que sí tenemos que saber cada uno es qué lugar ocupamos en este affaire . Nosotros dijimos que descubriríamos hasta lo último que existiera en Hacienda sobre el particular, que lo pondríamos a disposición de los dos agentes que tienen que dar la última palabra: la jueza y la comisión de investigación de las Juntas Generales. Si se ha archivado una auditoría, legalmente en tiempo y forma, debidamente o no, tendrán que explicarlo aquellos responsables que en su día lo hicieron. Si de ahí se derivara una responsabilidad política, prefiero que lo haga la comisión, que está trabajando con mucho celo. Aunque parecería, por acción u omisión, que un escándalo como éste durante tanto tiempo, pudo haberse atajado antes.

Los sindicatos han denunciado el hecho de que José María Bravo incumplía las obligaciones contractuales relativas a la incompatibilidad de su trabajo con otras actividades que desarrolló al margen de Hacienda.

Los sindicatos tienen toda la razón y hay que dársela. Es verdad que había gente que cobraba un complemento de dedicación específica, es decir, que no podía tener otra actividad salvo la de su puesto de funcionario. Y en el caso de José María Bravo, estaba sujeto a esa condición. Es verdad que no ha habido una vigilancia excesiva en este ámbito.

Todo el caso de la oficina de Irun ha dejado mermada la imagen de la Hacienda foral. Usted ya ha hablado con los empleados del departamento. ¿Qué le han trasmitido?

Siempre he comentado que la labor de unos pocos indeseables no tiene que empañar el trabajo del conjunto, que es muy profesional. Que Eusko Alkartasuna haya entrado en Hacienda ha venido bien para esa renovación de aires que hemos propiciado. Hemos roto la imagen de que el departamento es muy opaco. Hemos querido que todo lo que se haga en Hacienda tenga una traslación mediática para que pase el filtro del opinión pública. Incluso hasta los números hay que explicarlos de una manera pedagógica al ciudadano. Por otro lado, he notado, en un porcentaje muy alto de los casi quinientos trabajadores que hay en la Casa , una necesidad de aunar esfuerzos junto a la dirección política para recuperar la confianza del ciudadano. Nos hemos tomado casi seis meses para hablar internamente en cada una de las dependencias de Hacienda para tratar sobre qué queremos hacer y cómo, optimizando las mejores fórmulas en eficiencia.

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