
El presidente de la eléctrica francesa Pierre de Gadonneix, saluda al anterior primer ministro francés Dominique de Villepin.Foto: efe
donostia. La compañía eléctrica vasca Iberdrola, en su intento de obstaculizar una OPA hostil francesa, sigue haciendo ruido antes las autoridades comunitarias en relación al carácter público de Electricité de France (EDF) y el beneficio, vía ayudas públicas, que recibe derivado de su condición. Así, ayer comunicó la presentación ante la Comisión Europea (CE) una denuncia contra el Estado francés por supuestas ayudas públicas estatales a EDF por un importe de más de 5.000 millones de euros.
Con esta medida, la compañía presidida por Ignacio Sánchez-Galán abre el que sería su cuarto frente legal a nivel comunitario contra el grupo francés presidido por Pierre Gadonneix, controlado en cerca de un 85% por el Estado galo.
En su argumentación jurídica, Iberdrola considera que Francia ha violado los artículos 87 y 88 del Tratado de la Unión Europea, relativos a las ayudas de Estado, por el modo en que ha aplicado la vinculación del régimen francés de jubilación del ramo de las industrias eléctricas y del gas (IEG)-en el que figura la citada EDF- con los regímenes de jubilación de derecho comunitario.
El problema se arrastra desde hace cinco años con motivo de la privatización de las empresas energéticas francesas. Estas sociedades tuvieron que asumir todos los compromisos por pensiones de sus empleados con la Seguridad Social. Iberdrola entiende que la aportación de estas empresas fue insuficiente y que las mismas recibieron ayudas estatales.
En diciembre de 2003, el Ejecutivo comunitario consideró que esta práctica no constituyó una ayuda de Estado, tras constatar el compromiso expreso de Francia de hacer que la operación fuese neutra desde un punto de vista financiero para las empresas, los regímenes receptores y el Estado.
incumplimiento Cerca de cinco años después, Iberdrola considera que el Gobierno francés que encabeza, en la actualidad, Nicolas Sarkozy, ha incumplido sus obligaciones y denuncia que la ayuda beneficia especialmente a la gigantesca empresa eléctrica pública EDF, ya que esta empresa aglutina al 80% del colectivo afectado por las citadas pensiones.
Además, calcula que la compensación que habría tenido que satisfacer la compañía estatal para cumplir su compromiso ante Bruselas supera los citados 5.000 millones de euros.
La compañía eléctrica vasca que con esta campaña de denuncias y personificaciones en procesos en relación a EDF da visos serios de credibilidad a la posible entrada de capital francés en su accionariado, ha instado a la Comisión a que verifique el alcance de las supuestas ayudas haciendo uso de los poderes y prerrogativas de los que dispone.
Junto a esto, advierte de que el Estado francés podría haber concedido una nueva ayuda a las empresas energéticas desde hace tres años al financiar a través de la tarifa eléctrica parte de las pensiones de los trabajadores, y pide que se examine este asunto como parte del mismo procedimiento. Con la anunciada, la eléctrica suma cuatro denuncias o personaciones ante instancias comunitarias en contra de EDF.
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