Diario de Noticias de Gipuzkoa

maite etxaniz, diputada de política social

"El nuevo centro es un paso previo al internamiento que pretende atajar el problema con los menores conflictivos"

Maite Etxaniz sabe que el departamento que dirige acapara demasiadas conversaciones por los problemas que se suceden en torno a los centros de menores extranjeros. La diputada apela al sentido común y a la solidaridad de los ciudadanos ante un fenómeno "nuevo"

Donostia.Después del conflicto con los menores del centro de Tolosa y los incendios en el de Segura y Donostia, ¿hay que plantearse una redefinición del modelo de atención a menores inmigrantes no acompañados?

Siempre tienes que estar redefiniendo las cosas, porque la realidad es cambiante. El tema de los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) es nuevo. Existe el marco jurídico (la Ley de Menores y de Extranjería), pero no tenemos ni siquiera el decreto que regula los centros y que está redactando el Gobierno Vasco. Todos debemos aprender a gestionarlo: instituciones, ayuntamientos, el poder judicial... y, sobre todo, la Diputación, ya que está obligada a tutelar a esos menores.

En Segura hubo dos incendios. El director de Infancia y Juventud dijo que, el primero, fue fortuito, pero hay gente que cree que era la antesala de lo que iba a ocurrir después. ¿Tendrían que haber tomado medidas antes?

No podemos hacer lo que queremos. Nosotros tenemos que ejercer la guarda y tutela de los chavales y, en caso de conflicto o malos comportamientos, es el poder judicial el que interviene. Hasta que decide, nosotros tenemos que seguir tutelando y no podemos dejarlos en la calle por mucho que hayan hecho. Otro tema es que se pueden tomar medidas intermedias, que es en lo que estamos trabajando.

¿Se refiere a la apertura del nuevo centro para menores con problemas de conducta?

Es un paso previo al internamiento y en el que todavía no interviene la Fiscalía. Es un recurso interno que ya se ha puesto en marcha para atajar este problema sacando a los chicos conflictivos de los centros. Hay que destacar que, de los 164 menores tutelados en Gipuzkoa por la Diputación, sólo el 10% nos causa problemas. El resto de los chavales viene ya con un programa de vida y laboral serio, y logramos que se inserten en la sociedad. Ése es el reto. No sólo lo hacemos porque nos obligan legalmente, sino porque lo debemos hacer. La sociedad guipuzcoana tiene que tener claro que es un acto de solidaridad para con estos chavales. Hay que imaginarse cómo vienen. ¿Quién de nosotros ha sufrido tanto como ellos al salir de Tánger y llegar hasta aquí? Hay que darles una oportunidad.

Pero a la sociedad no le resulta fácil.

A nadie le gusta tenerlos cerca. Eso es así y lo comprendemos, pero sería peor no llevar a cabo esa labor. Entonces estarían en la calle, los problemas serían más graves y la sociedad nos exigiría tomar medidas, que es lo que estamos haciendo. No sé si acertadamente o no. Nosotros no controlamos cuántos chavales vienen, pero lo que sí debemos hacer es tutelarlos. ¿Qué otra cosa podemos hacer?

En ese 10% de menores, ¿es frecuente que los problemas de comportamiento vayan asociados a adicciones?

Sí, pero es una situación que también se da entre los chavales autóctonos. Lo que ocurre es que estos menores acceden a un tipo de droga más barata, más asequible y, seguramente, más perjudicial. Pero hay que relativizar, ver de qué realidad vienen y con la que se encuentran. Sus expectativas son las de trabajar y, sin embargo, les escolarizmos. Ahí se les cae el mundo encima. Algunos se adaptan bien, pero con otros no conseguimos que entren en nuestras reglas de juego.

La Diputación ha admitido que no hay suficientes camas para los menores que llegan, pero esperan abrir este año siete nuevos centros. ¿Serán capaces de dar respuesta a la demanda?

Pensamos que, con los siete centros, más otros dos adquiridos el año pasado, más el complejo UBA que está en reforma, daremos una buena respuesta. La Unión Europea criticaba los modelos de centros grandes. Creemos que el mejor modelo es el de centros pequeños.

¿Como los que plantea el anteproyecto del decreto del Gobierno Vasco?

Eso es. De 12 usuarios o dividirlo en dos unidades de 12 menores. Estamos funcionando como si estuviera en vigor. Entendemos que es dificultoso abrir nuevos centros, pero esperemos que lo que ocurrió en Igeldo (los vecinos quemaron el centro de menores antes de su apertura) no se vuelva a repetir, porque, precisamente, ése era uno de los diez centros previstos y su apertura ya se va a retrasar un año.

¿Cree que puede volver a pasar?

No, no creo. Espero que haya sido un hecho puntual, porque no deja de ser grave. Al final es un patrimonio público. No sé que hubiera pasado si se quema el Koldo Mitxelena. Hubiera sido un escándalo, en cambio, salvo nuestro departamento y la Diputación, yo no he oído más voces condenando lo sucedido. Para mí es como si hubieran quemado Txara.

El año pasado atendieron a 250 inmigrantes. ¿Qué características presentan?

Suelen tener entre 11 y 18 años, y la mayor parte es magrebí. Vienen a trabajar enviados por sus familias. La expectativa con la que llegan y la realidad con la que se encuentran es muy diferente. Se les intenta hacer un itinerario de inserción tanto formativa como ocupacional. Vienen de una situación de pobreza extrema. Se encuentran con una sociedad opulenta, creo que el choque que reciben es bastante grande.

¿Cuántos acaban el proyecto educativo y cuántos abandonan?

Los tutelamos hasta los 18 años. A partir de ahí, algunos se acogen a los programas de emancipación, igual que lo hacen los chavales autóctonos. Por ejemplo, uno de los jóvenes que estuvo ayudando en Ergobia (se incendió de forma fortuito un piso de acogida) era un menor extranjero que ya es mayor de edad, trabaja como albañil y vive ahí. Pero no todos se quedan. Muchos se van a buscar a sus hermanos o se agrupan con sus amigos en otras zonas.

Voces como SOS Racismo han criticado que los ratios de educadores son muy bajos y que la mayor parte cumple tareas domésticas.

La media es de un educador por cada cinco menores. Ése es el ratio. Todo se puede criticar, pero nos gustaría más que nos echaran una mano desde su experiencia. Lo que no se puede cuestionar es que la Diputación, esta legislatura, ha hecho una fuerte apuesta, hemos presupuestado siete millones de euros para adquirir los nuevos centros. Es difícil conseguir educadores, porque es duro trabajar con estos chavales. Yo no lo voy a negar. Los profesionales así lo dicen, pero nosotros no escatimamos para conseguir los equipos. Lo que ocurre es que prepararlos nos lleva un tiempo. Buscar villas adecuadas, preparar los equipos, etcétera. Lo que necesitamos en este momento, además de una crítica constructiva, es ayuda. Hay que ser humildes, es un fenómeno bueno y todo aquel que nos preste su ayuda será bienvenido.

¿Por qué hay tanta suspicacia?

Es algo nuevo e incontrolado. Los menores autóctonos cuentan con una familia de referencia, mientras que éstos no. La procedencia y la cultura es distinta, también el choque que sufren al llegar aquí. Creo que, poco a poco, lo iremos asimilando. La inmigración es una realidad que hasta se ha discutido en campaña. Algunos se echaban las manos a la cabeza cuando se decía que hay que poner condiciones a los menores para darles la tarjeta de residencia, pero luego cuando nos toca al lado... Debemos replanteárnoslo, hacer reflexión y autocrítica.

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