
Y tiro porque me toca
N parecido orden de cosas, una cadena de televisión ha emitido estos días, en hora de mucha audiencia, un largo documental sobre las víctimas de la tortura y sus verdugos, sobre todo argentinos, del que es autor-actor estrella el juez español Garzón, conocido en el extranjero por su procesamiento del general Pinochet y en España por su persecución de ETA y de lo que ha dado en llamarse su entorno o entramado, aunque no haya constancia de que hasta la fecha haya investigado de manera exhaustiva ningún caso de tortura o malos tratos aquí denunciados, aunque sólo fuera para despejar las dudas sembradas por los informes tanto de Amnistía Internacional como del relato de la ONU. La perversión de la tortura radica en la dificultad para la víctima de aportar las pruebas y en la presunción de inocencia de la que el verdugo se beneficia. Ése y otros programas han sido un eficaz apoyo publicitario a El alma de los verdugos, su libro recién editado, un libro valioso, necesario, muy desasosegante, pero cuyo valor, al menos para mí, está más en los testimonios de las víctimas, que en lo escrito (o dicho) por el juez Garzón. Sería una pena que este libro no se leyera por estar firmado por el juez, cosa que suele pasar, porque también está firmado por el periodista Vicente Romero. La tortura hay que denunciarla en Quala Lumpur, o en Estados Unidos incluso (Guantánamo y Abu Grabi), cierto, pero donde la denuncia y persecución de la tortura es más eficaz, es en el entorno inmediato del denunciante y de quien tiene en sus manos la posibilidad de perseguirlo. Esa denuncia tiene el riesgo del descrédito social. La otra noche se pudieron escuchar testimonios aterradores de mujeres obligadas a descarnar manos y cabezas cortadas, de esclavitud sexual, de secuestro de niños, de asesinatos, de vidas rotas para nada, en nombre de Dios y de una ideología política. En nombre de Dios, sí, explícitamente invocado por los torturadores. Unas torturas practicadas por personas cuyos nombres constan y cuya impunidad fueron amparados por unas leyes de obediencia debida afortunadamente anuladas en Argentina y Chile, aunque no en Uruguay, todavía. Procesar a los mandos está bien, pero resulta dudoso dejar impunes a los que siguen convencidos de que está bien lo que hicieron. Ése es el terreno del debate. Autores concretos para hechos concretos de una perversidad radical, amparados en muchos casos por miembros de la jerarquía eclesiástica. De hecho algún tonsurado, cómplice de aquellos horrores, ya ha sido condenado por los delitos cometidos ejerciendo de sacerdote. Desconozco si la jerarquía eclesiástica argentina, el mismo Vaticano, han hecho una condena concreta, explícita, algo más que un ritual lavado de manos de aquellos horrores, y han asumido que miembros de su confesión y jerarquía participaron por acción u omisión de aquella demencia nacional. Tal vez hubiese hasta motivos de alguna que otra beatificación; entre las víctimas, se entiende. Nadie pudo aducir ignorancia porque lo sucedido en los centros de detención fue desde un primer momento un clamor popular silenciado con la complicidad de una magistratura que callaba, entorpecía gestiones de familiares o las impedía persiguiendo a los denunciantes, y a la que Garzón, muy corporativo, apenas roza en su libro. ¿Nos atañe lo sucedido en Argentina o Chile? Como miembros de la especie humana desde luego que sí, al margen de que hubiese o dejara de haber españoles entre las víctimas (¿y entre los verdugos?). Con los delitos imprescriptibles, y los llamados de lesa humanidad lo son, no hay fronteras ni soberanías que valgan. En eso Garzón no se equivoca.
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